El principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado, no es un principio absoluto como pretenden definirlo algunos funcionarios de los poderes públicos. En efecto, por encima de la soberanía de los Estados están los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo sus jurisdicciones. Los derechos humanos son patrimonio de toda la humanidad y, como consecuencia de ello, han sido elevados a tratados internacionales que hoy en día vinculan a la mayoría de los Estados del planeta, incluida Venezuela. Con la ratificación de los tratados de derechos humanos, Venezuela ha aceptado, libre, soberana e irreversiblemente, que la Comunidad Internacional supervise la situación nacional a través de órganos creados para ese efecto. Éste es el caso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (el Comité) cuya función es evaluar la situación de los derechos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y hacer recomendaciones a los Estados para un mejor cumplimiento.
Como consecuencia de la ratificación del PIDESC, el Estado venezolano tiene la obligación de presentar informes cada cinco años al Comité. El incumplimiento de las anteriores administraciones hizo que el Comité debiera estudiar un período de trece años, lo cual dificultó su labor. En efecto, entre abril y mayo pasados, en Ginebra (Suiza), una delegación de alto nivel del gobierno conformada para sustentar los informes, debió solventar sin mucho éxito una avalancha de preguntas que hicieron los 18 expertos miembros del Comité. Salvo en tópicos como el derecho a la salud y a la educación, las respuestas de la delegación fueron, según el Comité, «generales, incompletas y vagas»
En efecto, las respuestas dadas por la delegación gubernamental evidenciaron ante la ONU que Venezuela carece de un adecuado sistema de monitoreo sobre los derechos económicos, sociales y culturales y que, como consecuencia de ello, es difícil rendir cuentas y es aún más difícil, diseñar y desarrollar planes de gobierno para superar la pobreza. Para resolver esa carencia y para elaborar estos planes, el Comité ha recomendado al gobierno que pida la asesoría técnica de la ONU.
Una vez más, fueron elogiadas las virtudes de la nueva Constitución al consagrar los derechos humanos y, en particular, el rango constitucional dado a los tratados en la materia, el establecimiento de la Defensoría del Pueblo y la adopción de leyes que protegen a la mujer. Igualmente se destacó la «reciente recesión económica y los efectos adversos de los programas de ajuste estructural implementados en Venezuela en los pasados 10 años los cuales restringieron la capacidad del Estado para cumplir con las obligaciones contenidas en el Pacto», reconociéndose así los daños causados a los derechos del pueblo venezolano por las políticas económicas neoliberales, lo que avala la reiterada posición de Provea en la materia. El Comité señaló lo negativo de la discriminación contra los pueblos indios, los daños ecológicos en Imataca y en la Sierra de Perijá, la falta de información sobre la situación de los trabajadores venezolanos, el desacatamiento de las recomendaciones de la OIT sobre la libertad sindical, el desempleo juvenil, el problema de los niños de la calle, la explotación sexual de niños y adolescentes, y la violencia familiar, entre otros temas.
Las recomendaciones del Comité brindan importantes elementos al gobierno actual para cumplir con su promesa de poner los derechos humanos en el centro de sus políticas sociales, económicas y culturales. El pueblo venezolano tiene derecho a conocer y a debatir los informes presentados por sus autoridades, a que esos informes sean transparentes, y a que las recomendaciones hechas por el sistema de la ONU sean difundidas e implementadas en Venezuela. El debate internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país no puede ser percibido como nocivo para la llamada «imagen internacional»; por el contrario, contar con un sistema de monitoreo y evaluación, con recomendaciones de expertos y, además, con asistencia técnica y económica, permite visiones más amplias, políticas más coherentes y respuestas más adecuadas para los pueblos. Lo contrario, es pecar de soberbia, propiciar la arbitrariedad y poner en riesgo el futuro de la población venezolana.
Calixto Ávila Rincón
Investigador
Provea
