Por Rafael Uzcátegui
En el año 1995 el mundo experimentaba las consecuencias de la caída del Muro de Berlín y el intento de promocionar un pensamiento único que regulara la arquitectura de las relaciones entre los países. En el caso de América Latina, este ímpetu se traducía en la ofensiva de una visión neoliberal de ajustes macroeconómicos que, a costa del disfrute de los derechos de las grandes mayorías, pudiera mostrar saldos positivos en las balanzas de pagos nacionales. Es en este contexto que, de manera paralela, se realizan las cumbres de Copenhague y Beijing. En la primera, conocida también como Cumbre Social sobre Desarrollo Social, los gobiernos realizaron un debate en donde se intentó asignar a las personas, y no a las estadísticas, el papel principal dentro del desarrollo. Por su parte la cita en Beijing logró avances en los derechos de las mujeres, aprobando una declaración que acordaba eliminar la discriminación, erradicar la pobreza y adoptar medidas para que un mayor número de féminas ocuparan cargos decisorios en la administración pública.
Estas intenciones de lograr la disminución de la pobreza y aumentar los derechos de las mujeres hicieron que un grupo de personas, de diferentes países, promocionaran una articulación internacional para presionar sobre su cumplimiento. Así nació la red Social Watch (Observador Social), la cual se definió como un “punto de encuentro para las organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género, y comprometidas con el monitoreo de las políticas que tienen impacto en la desigualdad y en la gente que vive en la pobreza”. Desde su inicio, hasta el día de hoy, han asumido una estrategia en donde, simplemente, hacen responsables a los gobiernos de sus compromisos y promueven la voluntad política para ponerlos en práctica.
Después de 11 años Social Watch (SW) se ha posicionado como una red internacional influyente en la defensa y promoción de derechos sociales, con presencia en más de 60 países, entre ellos casi todos los de América Latina, y con un importante foco en organismos multilaterales como Naciones Unidas.
La base del trabajo de Social Watch son las coaliciones nacionales de sus países miembros. A partir de aquí la red se modela en torno a tres órganos: la Asamblea SW, el Comité Coordinador y el Secretariado Internacional. Cada dos años la Asamblea se reúne, con delegados y delegadas de todas las naciones, para definir o ratificar la línea de trabajo en los próximos dos años y elegir un nuevo Comité Coordinador, integrado por dos representantes de cada una de las regiones.
Provea representa a Venezuela en la red Social Watch desde comienzos de la década pasada, por lo que tuvo oportunidad de asistir recientemente a Manila, capital de Filipinas, para participar en la Asamblea SW, la cual en esta ocasión tuvo como nombre “Exigir democracia: la rendición de cuentas al servicio de la justicia económica y social”. El evento se desarrolló durante tres días, acogiendo a más de un centenar de representantes, observadores e invitados especiales, los cuales tuvieron oportunidad tanto de compartir información como el discutir sobre la dirección que debe tener en el futuro inmediato una red internacional de lucha contra la pobreza y por la dignidad de género.
Las horas se hicieron cortas para la cantidad y calidad de los talleres y debates realizados para contextualizar la situación global. Algunos de los temas fueron “Justicia Social: Lucha contra la pobreza y estrategias de redistribución de las riquezas”, “Desarrollo Sustentable: El camino para Río 2012”, “Análisis de presupuestos públicos y políticas para hacer cabildeo sobre ellos”, “Convenciones sobre migraciones y trabajo doméstico”, “Transparencia y acceso a la información”, entre otros. Representantes de 10 países latinoamericanos, a su vez, realizaron un taller acerca de la situación regional sobre el desarrollo sustentable y el cambio climático desde la sociedad civil. La oportunidad fue propicia para identificar puntos comunes en cuanto a las políticas que atentan contra la soberanía alimentaria y el derecho a la tierra, la creciente expansión del extractivismo y la criminalización de los movimientos sociales. Entre otros puntos, la exposición sobre Venezuela ejemplificó como el estancamiento en el mandato constitucional sobre la demarcación de los territorios indígenas tiene, como principal causa, la presencia de proyectos de explotación minera en dichas áreas, lesionando la soberanía del país a través de figuras como las Empresas Mixtas, en sintonía con los flujos económicos predominantes en tiempos de globalización.
Lo más curioso de la asamblea es la manera en que el centenar de delegados y delegadas votaron las mociones que delinean el trabajo de la red para el próximo bienio. Cómo se intenta llegar al mayor consenso posible, cada uno tenía 4 tarjetas de colores diferentes que reflejaban los niveles de acuerdo o no con las propuestas. Si en la votación se exhiben tarjetas rojas, se debe continuar la discusión hasta alcanzar una nueva formulación de la proposición que ofrezca menos objeciones.
El sitio web de Social Watch es www.socialwatch.org
