Sostengo que la injusta prisión de Carlos Chancellor tiene dos responsables, el dinero y el poder, ambos corrompidos. En este caso, la condena infamante a 7 años, 3 meses y 22 días de prisión a que fue sentenciado, está precedida de unos hechos que deben ser contados para que pesen sobre el régimen, para que no se repitan y para que Chancellor sea liberado.
El 17 de abril de 2002 se convierte en documento público un contrato de explotación minera entre la empresa Crystallex International Corporation, domiciliada en la provincia de Columbia Británica de Canadá, y el Estado venezolano representado por la Corporación Venezolana de Guayana. El yacimiento aurífero objeto del contrato está ubicado en Las Cristinas, municipio Sifontes del estado Bolívar, que tenía para la fecha 12 millones de onzas de oro de reservas probadas, certificadas por la CVG bajo la dirección de Leopoldo Sucre Figarella, que rescató la mina de manos de un legendario aventurero italiano llamado Amalfi Grossi, que arrendaba lotes a los mineros venezolanos.
Pero las intenciones de la transnacional Crystallex, que el tiempo probó luego, no fueron nunca las de explotar la mina, porque al saberse en las bolsas de valores del mundo que esta empresa se hacía de uno de los más prometedores yacimientos conocidos en los tiempos recientes, las acciones de los que negociaron con el gobierno se valorizaron de manera exponencial: ganaron millones de dólares sin extraer un solo gramo de oro. Carlos Chancellor, dirigente de los pequeños mineros libres desde que era un muchacho, denunció el sucio negocio en los medios desde un primer momento por contrario al interés nacional.
La transnacional, apoyada por funcionarios de este régimen “patriota y nacionalista”, siempre se comportó como una empresa bananera de principios del siglo XX, y pretendió desalojar por las malas, de un día para otro a miles de mineros que allí trabajaban y vivían desde hacía mucho tiempo. Los mineros protestaron, manifestaron, y allí es donde Chancellor, que había sido alcalde de Sifontes y concejal para la fecha, interviene: va al km 88, lugar de las manifestaciones, los mineros son reprimidos duramente por un pelotón de la Guardia Nacional, los mineros resisten, y es cuando Chancellor queda marcado: estaba perturbando a millones de dólares de un chanchullo bursátil. Era el año 2005.
La manifestación minera no fue un combate como los que realizan los que protestan en Corea del Sur, armados de cascos, palos y escudos contra las fuerzas del orden, ni como los disturbios en el “banliue” parisino, en los que en una sola noche incendian hasta 500 automóviles. Esto ocurrió en un lugar perdido, en mitad de la selva guayanesa, con mineros venezolanos armados sólo con sus gargantas que reclamaban trabajo y justicia contra una empresa abusadora. La transnacional Crystallex determinó que a Chancellor había que pararlo, silenciarlo, encerrarlo. Faltaba el poder del régimen para ordenarlo, y se hizo.
Desde su sede de Ciudad Bolívar -casi 400 kilómetros-, voló después un juez portátil del régimen, y sin imputación fiscal ni delito, ordenó la detención judicial de Chancellor y de otro dirigente minero, William Saud. El juicio que les siguieron a Chancellor y a Saud es una vergüenza histórica y una monstruosidad jurídica. Enumero las más aberrantes actuaciones:
1) Otro juez portátil, llamado “itinerante”, venido de Caracas, juzgó y condenó a Chancellor y a Saud. 2) Crystallex, la empresa minera, por hechos que ocurrieron en la carretera nacional o troncal 10, fue considerada por los jueces y fiscales del caso como “víctima”. 3) Ese fraudulento artilugio les permitió a los abogados de Crystallex de Venezuela, que es otra empresa, actuar ilegalmente en el juicio en nombre de la empresa “víctima”, y promover pruebas contra Chancellor y Saud. 4) Crystallex de Venezuela promovió en el juicio más de 70 testigos que rindieron sus testimonios contra los reos. Un buen número de esos testigos fueron militares activos, altos empleados de Crystallex y vigilantes empleados de la transnacional. 5) Chancelllor y Saud promovieron 46 testigos, sólo a seis se le permitió testificar. 6) En prisión, a Chancellor le imputaron y acumularon el delito de malversación para hacerlo parecer como delincuente contra fondos públicos y para ocultar esta infamia de la que es víctima. 7) En prisión sin sentencia, Chancellor, sin campaña electoral, es electo alcalde del municipio Sifontes con más del 60% de los votos, pero ya la voz del pueblo no es la voz de Dios; Chancellor sigue preso, lleva más de 4 años preso por agavillamiento, cierre de vías, incitación al pánico e incitación a delinquir.
El gobierno rescindió el contrato con Crystallex a comienzos de 2011: Chancellor y Saud tuvieron siempre la razón. La República fue burlada. Crystallex se queda en Canadá con sus millonarias ganancias bursátiles. Chancellor sigue preso. ¡Qué injusticia, qué vergüenza! (Eliecer Calzadilla, Correo del Caroní, 27.03.11)
