Marino Alvarado
Luego de la prudente decisión del presidente Chávez de vetar la Ley de Educación Universitaria se reactivó el debate sobre los asuntos que debería contener una futura ley que norme a las universidades del país.
Avanzar hacia la discusión y promulgación de una ley que goce de legitimidad debe tener obligatoriamente como marco los mandatos de la Constitución. Marco jurídico que no debemos olvidar surgió de la voluntad popular en 1999 y marcó la ruta del país para su desarrollo en los más diversos ámbitos.
Los artículos del 102 al 109 de la Constitución definen los parámetros esenciales sobre los que debe sustentarse la futura Ley de Educación Universitaria. Traspasar ese marco normativo con fines regresivos y antidemocráticos es absolutamente inconstitucional y contrario a la voluntad popular. Entre los mandatos precisos de la Constitución tenemos.
-Las universidades deben garantizar una educación democrática, lo cual significa entre otros asuntos respetar todas las corrientes del pensamiento y no empeñarse en imponer alguna corriente. Desarrollar mecanismos y procedimientos que garanticen el ejercicio de la democracia y la libertad de exponer sin contratiempos y riesgos posiciones políticas, ideológicas y filosóficas.
La educación que se imparta en las universidades públicas será gratuita. Esta política que existe desde hace más de 50 años debe garantizarse cualquiera sea la modalidad de universidad pública.
-La educación que se imparta debe ser de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de las aptitudes, vocación y aspiraciones. Concatenado con el carácter gratuito sin duda hay un mandato constitucional de garantizar un sistema educativo universitario incluyente que facilite el ingreso de mayor número de estudiantes sin discriminación. Y no basta con garantizar el acceso, corresponde garantizar la permanencia y culminación de los estudios.
-Se debe garantizar a los docentes un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. Está prohibida toda injerencia partidista en el sistema de ingreso y permanencia en la docencia universitaria.
-Se reconocerá la autonomía a las universidades, por lo tanto se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario, aspecto esencial de su condición autónoma.
-Junto a la educación universitaria pública existirán instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado. Además las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.
Lo que está en juego no es la victoria o derrota de una determinada posición política. Es el presente y futuro del país especialmente de su juventud que merecen universidades donde impere la democracia y la igualdad de oportunidades. (Marino Alvarado, Tal Cual, 21.01.11)
