Rafael Uzcátegui
El pasado 4 de enero, ante una Aula Magna llena, Pedro Nikken, conocido profesor universitario y miembro de la asamblea de Provea, realizó una conferencia sobre el contexto nacional que se perfilaba a comienzos del nuevo año. La vibrante asistencia denotaba que algo pasaba, que había interés en comprender la seguidilla de decisiones gubernamentales que caracterizó el mes de diciembre, y que a falta de asientos se colocó lo mejor que pudo en los pasillos de aquel auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.
Nikken advirtió que la complejidad de la serie de leyes aprobadas por una lánguida Asamblea Nacional sólo le permitirían hacer un análisis general de sus motivaciones y significados: “El nuevo cuadro político, surgido de la asonada parlamentaria de diciembre de 2010 -afirmó ante una concurrencia expectante-, se caracteriza por el abandono desembozado de principios fundamentales de la democracia y del estado de derecho. Esto se manifiesta en dos órdenes concurrentes. Por una parte, tenemos una nueva sobredosis de concentración del poder en cabeza del Presidente Chávez. Por otra parte, se ha tomado medidas que agravan dramáticamente la asfixia de la sociedad y cercenan la disidencia y la crítica”.
La primera medida comentada por el también abogado de la República fue la designación de los 9 magistrados principales y 32 magistrados suplentes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin cumplir con los requisitos constitucionales. Seguidamente se refirió al desconocimiento de la voluntad popular expresado en la promulgación de la Ley Habilitante, la cual quita competencias a la nueva Asamblea Nacional: “Más allá de las formas jurídicas, es obvio que se incurrió en un claro abuso de poder, que defrauda ilegítimamente la voluntad del soberano. La mayoría circunstancial de 2005 encontró un ardid para imponerse sobre el voto de 2010 y extender el efecto de aquel precario mandato hasta 2012. Es una imposición a la vez ilegítima y antidemocrática, que se prevale de la sumisión del Poder Judicial para garantizar que se la comete impunemente”. Nikken comentó algunas de las consecuencias de la habilitante: “con ella se ha facultado al Presidente a decretar leyes que, bajo conocidos estándares internacionales de universal aceptación, sólo pueden emanar de los órganos legislativos previstos en la Constitución y democráticamente elegidos, como lo son el establecimiento de nuevos delitos y penas, y las limitaciones a los derechos humanos, incluida la anunciada restricción de la cooperación internacional que reciben las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que luchan en defensa y promoción de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Este es un aspecto inderogable del principio de legalidad, esencial para la vigencia del estado de derecho y la democracia constitucional”.
La densidad y seriedad de las palabras de Nikken mantuvieron en silencio al aforo de aquel 4 de enero: “Adicionalmente, la Asamblea Nacional saliente ha aprobado, sin un debate abierto y participativo en su seno ni en la sociedad, un conjunto de leyes que se apartan del concepto de Estado federal descentralizado pautado en la Constitución de 1999 para sustituirlo por el Estado comunal centralizado, con lo que se culmina un proceso ilegítimo iniciado hace dos años destinado a dar vida, por la vía legislativa, a la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República en 2007 y rechazada por el pueblo en el referéndum que tuvo lugar el 2 de diciembre de esa año. Se consolida una reordenación territorial fundada en las denominadas comunas y la creación de un “Poder Popular”, no previstos en la Constitución; se sustituye al municipio como “unidad política primaria de la organización nacional”, como lo pauta la Constitución, por la comuna y se pretende despojar, en cambio, de sustanciales competencias a órganos constitucionales electos popularmente, como lo son los alcaldes municipales y los gobernadores estadales”.
La ruptura del hilo constitucional de 1999 generó más comentarios del jurista: “Adicionalmente, a través de una ley especial, se ha concebido un “sistema económico comunal” al margen y en contra de la Constitución, en el cual se impone el llamado modelo productivo socialista, se crea una banca comunal, se ignora la propiedad privada y se la sustituye por una indefinida “propiedad social”, se introduce una “moneda comunal” al margen del Banco Central de Venezuela y establece el trueque como medio institucional de comercio de bienes y servicios. Esta estructura, que afecta a todos los estados y municipios, es particularmente nociva en las entidades territoriales donde el partido de gobierno perdió las elecciones, pues se traduce en el desplazamiento de alcaldes y gobernadores electos por el pueblo conforme a la Constitución por funcionarios y entidades no constitucionales, que obedecen las líneas y directrices del Presidente de la República. Este es un punto de inflexión en la asfixia a la sociedad y a la disidencia”.
Las conclusiones de Nikken, basadas en las evidencias, fueron lapidarias: “Se ha orquestado un golpe de estado contra las instituciones democráticas y contra la mayoría que votó contra el gobierno en las elecciones parlamentarias, al abrigo de la sorpresa y en plenas festividades navideñas. Ha sido una estratagema premeditada y bien tramada, propia de un gobierno que utiliza la astucia de los militares que gobiernan para tender emboscadas”. (Rafael Uzcátegui. Correo del Caroní, 10.01.11)
