En Venezuela, el debate sobre la reforma de la seguridad social es un tema que se maneja en espacios muy reducidos de expertos y asesores, permaneciendo la gran mayoría de la población al margen del mismo, por una razón muy sencilla: no existe conocimiento ni cultura de seguridad social. Desafortunadamente, en esta oportunidad tampoco desde el sector público se han realizado esfuerzos por informar de manera sistemática y generalizada a la población sobre las ventajas o desventajas
Por esa razón, desde Provea nos hemos impuesto la tarea de recolectar información sobre el tema y difundirla a través de todos los medios de comunicación a nuestro alcance, para contribuir a la formación de la ciudadanía, en un tema que es crucial para el futuro no sólo de la economía sino de la calidad de vida de la población.
En esta oportunidad, compartimos algunas reflexiones realizadas por Nélida Gambogi, dirigente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, quien expuso en una Mesa Redonda sobre el tema: «La Complementariedad y la Seguridad Social – La Experiencia Internacional y una idea alternativa», organizada por la delegación de la O.I.T. y organizaciones sociales y académicas de ese país, los principales problemas que afronta la seguridad social en el mundo. Gambogi cita cinco problemáticas, a saber: a) el creciente mercado informal de trabajo, lo que excluye a muchas personas en forma permanente del sistema de protección social; b) el aumento de la longevidad y la disminución de las tasas de natalidad, lo que implica que la proporción de trabajadores activos frente a los pasivos desciende en forma sostenida; c) el creciente número de personas que salen de la población activa antes de la edad legal fijada por el sistema de pensiones de jubilación debido a la falta de empleo en los trabajadores de mayor edad; d) las transformaciones originadas por la mundialización o globalización de la economía en el área de la tecnología que no está al alcance de la mayoría de los países; y e) la falta de credibilidad y de confianza en los sistemas de protección social.
Esta situación ha llevado que en las últimas dos décadas se haya cuestionado de manera generalizada a los regímenes de seguridad social públicos, fundamentalmente a los regímenes de jubilaciones y pensiones basados en sistemas de reparto, planteando su reforma por regímenes basados en la capitalización individual administrados por el sector privado.
En opinión de Gambogi, los sistemas de pensiones de vejez basados en el método del reparto, han sido criticados fundamentalmente por ser demasiado sensibles al envejecimiento demográfico; por implicar retenciones excesivas sobre los salarios; por ser injustos con las generaciones de activos poco numerosas, cuando deben soportar el financiamiento de las pe nsiones de importantes cohortes de jubilados; por presentar riesgos políticos nada desdeñables, puesto que los poderes públicos siempre pueden modificar las modalidades de cálculo de las pensiones; y por constituir una asignación de recursos poco interesante desde el punto de vista del crecimiento y del desarrollo económico.
En América Latina esta prédica ha derivado en un proceso de reformas a los sistemas de seguridad social de muchos de los países de la región, empezando por Chile, que han adoptado regímenes de pensiones privados de capitalización individual, que han sido vendidos a la opinión pública venezolana como la solución y la alternativa a la crisis del seguro social. Pero en los últimos tiempos, y esto es lo que deliberadamente se oculta, evaluaciones realizadas por la O.I.T. e inclusive por el Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, coinciden en que estos sistemas tienen una serie de desventajas que ponen en duda el éxito de los mismos. Nélida Gambogi sintetiza las principales desventajas del sistema de capitalización individual: 1.- Falta de solidaridad entre las generaciones, lo cual agudiza las desigualdades sociales. El desarrollo nacional excluye a los pensionados, ya que sus rentas vitalicias responden estrictamente a la acumulación de sus aportaciones durante la vida activa; 2.- Los gastos de gestión son muy elevados debido a que son sistemas basados en la administración privada competitiva y sujetos a los mecanismos del mercado; 3.- Pocas empresas manejan los recursos aportados por los trabajadores, todo lo cual hace que tengan un gran poder económico; 4.- No dan solución al problema del envejecimiento, ni del mercado informal de trabajo; 5.- No está probado que conduzcan al crecimiento económico ni que generen un aumento del ahorro nacional; 6.- Están expuestos a los grandes riesgos vinculados con las incertidumbres económicas, sobretodo en una economía globalizada y por lo tanto es imposible tener la menor certeza en cuanto al rendimiento y a la preservación de los capitales acumulados.
Por otra parte, la dirigente de los jubilados uruguayos sintetiza también las ventajas de los sistemas públicos de reparto, las cuales son: 1.- La solidaridad inter-generacional, que se ha practicado desde los orígenes de la humanidad. Las generaciones que han concluido sus vidas activas, que contribuyeron al desarrollo del país, pueden beneficiarse de los aumentos de productividad que se vayan logrando en el futuro, ya que sus pensiones aumentarán en la medida que el país progresa. De esta forma, se estaría cumpliendo con los objetivos de tener un sistema de pensiones en el sentido de mitigar la pobreza, darle seguridad a las generaciones mayores e impedir una caída en sus niveles de vida; 2.- La segunda ventaja está dada por el hecho de que el monto de las pensiones no depende de las fluctuaciones del mercado, del precio de las acciones, del monto de las tasas de interés y de los riesgos asociados a un colapso de los mercados de capital, situación que en la actualidad merece especial consideración; 3.- Los sistemas de reparto, por ser más centralizados y por no estar sometidos a la competencia entre múltiples administradoras privadas suelen tener costos de operación más bajos, sobre todo si ha superado las ineficiencias generadas por malas administraciones.
Todas estas consideraciones deben ser analizadas y tomadas en cuenta por la Asamblea Nacional a la hora aprobar en segunda discusión el proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Social, y no dejarse llevar por las presiones de los sectores financieros que están pendientes lucrar con el ahorro acumulado y futuro de toda la sociedad, que tiene fundadas esperanzas en que de una vez por todas el Estado cumpla con su obligación internacional y constitucional de garantizar el derecho humano a la seguridad social.
Raúl Cubas
Miembro Asociado de Provea
