Durante más de dos décadas distintas organizaciones de derechos humanos hemos prestado asistencia y apoyo a víctimas de violaciones a los derechos humanos. La mayoría de ellas provenientes de los sectores más pobres de la población siempre vulnerables a las violaciones. Familiares de personas asesinadas por los cuerpos armados del Estado; víctimas de tortura; familiares de personas desaparecidas; sindicalistas a quienes se les violentó el ejercicio de la libertad sindical; estudiantes expulsados por organizarse; estudiantes a quienes se les violentó el derecho a la educación gratuita; niños y niñas sin adecuada atención médica; trabajadores y trabajadoras afectados en su salud; jubilados a quienes se les negó su pensión de jubilación; policías sancionados sin respeto a su debido proceso; militares sometidos a malos tratos o discriminación; familias afectadas en su derecho a la vivienda; refugiados y refugiadas del País Vasco, de Colombia, Cuba, de varios países de África; periodistas agredidos por cumplir con su labor informativa; personas discriminadas por su orientación sexual.
Los familiares de las víctimas del Caracazo, la masacre de El Amparo y la Masacre de Yumare.
Los familiares de los desaparecidos del estado Vargas; los familiares de cientos de presos asesinados en las cárceles o sometidos a malos tratos.
Los militares y civiles presos cuando los intentos de golpe de Estado de 1992.
Funcionarios del gobierno del presidente Chávez perseguidos por los golpistas en el año 2002.
La lista de personas beneficiadas es aún mayor.
Todas las personas atendidas sin ningún tipo de discriminación. Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos que simpatizan o adversan al gobierno han unidos fuerzas junto a nosotros para reclamar se investigue y se sancione a los responsables o para exigir se cumpla con los derechos y garantías establecidos en la Constitución.
En todos los estados del país hemos atendido a las víctimas y sus familiares. Nos trasladamos a las zonas más remotas a prestarles asistencia jurídica y en algunos casos psicológica. Numerosos casos se han presentado en tribunales nacionales asumiendo las organizaciones la totalidad de los gastos. Algunos casos se llevaron a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.
Gracias a la asesoría prestada algunas víctimas han logrado organizarse y potenciar sus posibilidades de exigir justicia.
Esta labor de apoyar a las víctimas pudo y puede realizarse gracias a que las organizaciones conseguimos recursos para mantener sedes que sirvan de referencia a las personas. Para pagar profesionales comprometidos con la gente. Para trasladarnos de un lugar a otro del país o contribuir al traslado de las víctimas. Esos recursos en buena parte provienen de la cooperación internacional. Si se impide a las ONG de derechos humanos funcionar a quienes realmente se perjudicará será a todas aquellas personas afectadas en sus derechos que requieran asistencia y apoyo para exigir justicia.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
