Las recientes lluvias han dejado un lamentable saldo de personas fallecidas y familias damnificadas que podía haberse minimizado si, en el país, existiera una clara política hacia el sector vivienda, por un lado, y se hubieran aprendido las lecciones generadas por la tragedia de Vargas, ocurrida en el año 1999. Como ha registrado año tras año el Informe Anual de Provea, familias que afirman ser damnificadas de aquella vaguada continúan demandando una política coherente y efectiva para resolver su precaria situación, protagonizando, ante la falta de respuestas, diferentes ocupaciones de terrenos baldíos e inmuebles a medio construir.
En los últimos años, ante la disminuida construcción de viviendas por parte de los entes públicos, se ha mantenido constante la cifra que afirmaba que del déficit habitacional de tres millones de casas, 800.000 correspondían a casas tipo “rancho” que debían ser sustituidas, y 1.000.000 a casas ubicadas en laderas, zonas de vaguadas y terrenos inestables de alto riesgo. Estas cifras eran conocidas y avaladas por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo las políticas desarrolladas hacia el desarrollo habitacional han tenido los peores resultados de todas las estrategias gubernamentales dirigidas a garantizar los derechos sociales.
En el caso de las reubicaciones no ha existido una política sistemática en el tiempo, a lo que ha contribuido la alta rotación de los ministros en el sector. Como en el caso de Nueva Tacagua en Caracas, los procesos de reubicación pendientes no han podido ser finalizados satisfactoriamente, lo cual ha condenado a la precariedad a decenas de familias de escasos recursos. La improvisación también ha caracterizado la política hacia familias damnificadas por las lluvias. Hay ministros, como Farruco Sesto, que intentaron erradicar la práctica institucional de abandonar, como existen diferentes denuncias al respecto, a familias en refugios carentes de servicios básicos y de atención profesional, estimulando la creación de “casas de refugio temporal”. Sin embargo, la recesión general en el sector tampoco permitió que este modelo pudiera expandirse y mostrar algunos resultados. No sólo se profundiza en el esquema cortoplacista de apelar a la creación atropellada de refugios, sino que se vulnera el debido proceso y la institucionalidad democrática al decretar, sin cumplir con los procedimientos, a la expropiación de hoteles para abordar, momentáneamente, la situación.
Existen algunas iniciativas que han empezado por el camino correcto, sin embargo, ante la falta de supervisión y acompañamiento, rápidamente han heredado los vicios del pasado. El programa de Sustitución de Ranchos por Vivienda (SUVI), intentaba de manera acertada capitalizar la energía social existente en el plano de la autoconstrucción, facilitando recursos para que las propias comunidades realizaran el trabajo de dignificación de viviendas. Sin embargo este lúcido diagnóstico fue estimulo a la entrega de recursos económicos cuya ejecución no fue supervisada por las autoridades, ni fue precedida por un proceso previo de formación tanto en el plano técnico como administrativo. El resultado fue que la promoción de cooperativas y consejos comunales fue pasto de la corrupción, la construcción de viviendas con técnicas y materiales de baja calidad y la construcción de redes clientelares para la movilización electoral. Lo que empezó como parte de la solución rápidamente se configuró como un elemento adicional del problema.
La permisividad estatal de construir o permitir que se construyan viviendas en lugares poco seguros, que representen una amenaza para la vida y la salud de sus ocupantes representa un acto calificado, en los estándares internacionales en derechos humanos, como permisivo a la violación al derecho a la vivienda. Si no podemos evitar los fenómenos aluvionales de las lluvias, si podemos minimizar al mínimo la cantidad de posibles damnificados por habitar en casas no aptas para ello, o edificadas en zonas de alto riesgo. Esto sólo será posible cuando el Ejecutivo Nacional entienda que la complejidad del problema de vivida, y la necesidad del concurso de todos los actores involucrados, empezando por los afectados y afectadas, no podrá ser resuelto solamente apelando a recetas ideológicas.
Las crisis y las situaciones de alta conmoción social, sin embargo, también pueden ser una oportunidad. Después de algunos mensajes contradictorios, recientemente el presidente Chávez ha convocado al sector privado a potenciar las políticas públicas en materia habitacional. Apostamos que dicha amplitud se mantenga y se ensanche, permitiendo la incorporación de todos los sectores, especialmente las familias sin techo, a un plan nacional de viviendas que perfile metas en el corto, mediano y largo plazo con reglas de juego claras. En un escenario de esta naturaleza el Estado pudiera cumplir, por primera vez después de once años, de sus promesas para el sector vivienda. De esta manera pudiera remontar esa cuesta que lo ubica como el segundo tren ejecutivo del período democrático, después del gobierno de Rómulo Betancourt, que menos casas ha construido en promedio cada año. La falta de vivienda, y los servicios relacionados a ella, se ha convertido en un problema de tanta sensibilidad popular que, para este 2010 fue la primera causa de movilizaciones y protestas en todo el país. Es tiempo de cumplir las promesas y satisfacer las expectativas. (Rafael Uzcategui, Correo del Caroní, 06.12.10)
