En los últimos días, a raíz de los lamentables hechos del Centro Penitenciario de El Rodeo, ha circulado un email donde, presuntamente, una madre calificada como “ciudadana” se dirige a la madre de un “pandillero”. El correo electrónico ha tenido cierto calado en la opinión pública, hasta el punto que ha sido republicado por algunos columnistas de medios impresos en el país.
En el texto una madre se dirige a la otra para decirle que la ha visto en las manifestaciones “en favor de la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares, y con mejores prestaciones”.
Seguidamente la madre le dice que entiende su reclamo porque ella también está lejos de su ser querido, “fue asaltado y herido mortalmente a balazos disparados por tu hijo”, afirma. Seguidamente, el texto apunta “En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel yo estaré visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba, en el cementerio. ¡Ah! Se me olvidaba: ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa, a través de los impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O dicho de otro modo: seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor”. Toda la parábola de este texto imaginario, aunque quienes lo difunden suponen que se trata sobre un caso del país, para finalizar con una triste aseveración: “Los derechos humanos son para los humanos derechos”.
La impotencia y desespero del ciudadano común frente a la inseguridad apunta en una dirección equivocada.
Quienes reenvían con entusiasmo el email concuerdan con que si la gente comete delitos no debería tener los mismos derechos que el resto de la población. Esta concepción, además de errada es peligrosa. Los derechos humanos son innatos, por lo que pertenecen a las personas por su condición de seres humanos. Asimismo son universales, para ser disfrutados por todos y todas sin exclusión.
También son inalienables e intransferibles, por lo que no se puede, bajo ningún concepto, renunciar a ellos. Otra de sus características es que son inviolables, nadie está autorizado para atentar, disminuir, lesionar o destruir los derechos humanos de las personas. Ningún Estado puede vulnerar las características anteriores sin ponerse al margen de sus obligaciones en la materia.
Si las personas cometen un delito deben ser sancionadas proporcionalmente al hecho irregular que cometieron, contrayendo con ello una deuda con la sociedad. Según la visión de derechos humanos el Estado debe garantizar un sistema de administración de justicia que imponga las penas con transparencia, apegado a las leyes y el respeto al debido proceso, que entre otras cosas incluye el derecho a la defensa. El sistema judicial debe tener independencia de los otros poderes, lo cual garantice que no exista ningún tipo de interferencia en sus decisiones. Las penas de privación de libertad deben cumplirse en recintos que a su vez respeten la salud, integridad y vida de los internos e internas. Es una responsabilidad del Estado que los derechos humanos tengan vigencia dentro de sus cuatro paredes. Es un derecho para familiares, presos y presas poder tener un régimen de visitas, cuyo desarrollo no afecte la dignidad ni de visitantes ni de privados de libertad. Asimismo, que el sitio de cumplimiento de las penas se encuentre lo más cercano posible del hogar de los familiares.
Si no convencen los argumentos teóricos y filosóficos sobre los derechos humanos también hay un abanico de razones prácticas.
El aumento de la población penitenciaria, 150% en los últimos dos años, refleja una profunda descomposición social de la cual ninguno de nosotros y nosotras puede hacer caso omiso. Pero mientras existan cárceles bajo las condiciones de los actuales penales venezolanos continuará creciendo la curva de violencia e inseguridad en el país ya que la degradación de la condición humana que se experimenta dentro de sus paredes convierte a personas sentenciadas por delitos menores en sujetos de alta peligrosidad en pocas semanas, graduadas con honores en esa sui generis universidad del crimen. El tráfico de armas, drogas y favores, auspiciado y tolerado por los funcionarios policiales y militares, seguirá siendo una extensión de la impunidad cuyo correlato es padecido por las y los ciudadanos de a pie. Mientras no se puedan desarrollar políticas públicas para un recinto cerrado con una población controlable difícilmente, a nivel más macro, el Estado podrá garantizar los derechos para este espacio geográfico llamado Venezuela. Aunque nos disguste o no, la suerte de las y los venezolanos dentro y fuera de las cárceles está ligada por infinidad de vínculos visibles y subterráneos.
Todos los derechos humanos para todos y todas. En todo momento y bajo cualquier circunstancia.
