El pasado 13 de mayo la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme cumplió su primer año de gestión. El balance de lo trabajado durante este año es positivo desde todo punto de vista: en primer lugar, se lograron desarrollar un conjunto de investigaciones inéditas en la historia del país, que han dado base científica a la política que adelanta el gobierno nacional en cuanto al control de armas y municiones, así como para el desarrollo de planes de desarme voluntario.
Por primera vez en Venezuela se cuenta con un análisis sistemático de los marcos jurídicos nacionales e internacionales en esta materia; un diagnóstico de las instituciones responsables de aplicar los mecanismos de control de armas y municiones; un sistema de geo-referencia de los homicidios ocurridos en el país; estudios sobre percepciones del uso de armas de fuego en sectores populares; análisis de las datas oficiales de mortalidad por armas y finalmente el estudio más esperado: un inventario nacional de armas de fuego, que nos aproxima con datos reales al volumen de armas circulantes en el país y a la proyección del mercado ilegal.
Estos estudios (reitero: inexistentes en el pasado), contribuyen no solo a generar la política y elaborar la nueva legislación sobre control de armas, municiones y desarme sino también a desmontar las especulaciones de los opinadores de oficio y las falsas argumentaciones que se han venido dando sobre el tema de las armas y su presencia en la dinámica de violencia en el país, para concentrar los esfuerzos en generar soluciones efectivas al problema.
Por otra parte, la Comisión marca un nuevo hito en la forma de construir la política pública, al desarrollar una amplia campaña de movilización social y hacer efectiva la participación popular mediante una consulta nacional que alcanzó a 20.745 personas en todo el territorio nacional. Producto de la consulta se pudieron analizar experiencias de violencia con armas de fuego, recopilar cantidad de propuestas a los poderes públicos para enfrentar este flagelo y validar una serie de medidas especiales diseñadas por los equipos de la Comisión Presidencial, las cuales hoy ya constituyen parte del marco normativo.
Me refiero a las resoluciones conjuntas sobre la prohibición de portar armas en el transporte público, en eventos y espectáculos públicos, sitios que expenden bebidas alcohólicas y obras en construcción; la prohibición de comercializar armas y municiones a la población civil por un año; el cierre de las importaciones de armas y municiones también por un año; el registro y regularización de armas de fuego; el marcaje de las municiones y la destrucción de armas incautadas (previa experticia judicial). Sobre este último punto, la suma de 130.145 armas destruidas en 2011 marca un récord en el país. Para el presente año la Comisión Presidencial ya prevé la destrucción de al menos 15.000 armas en el primer acto público que realizará DAEX en junio. En estas y otras áreas estratégicas seguiremos avanzando firmes en 2012. (Pablo Fernández, El Universal, 11.06.12)
