La semana pasada se realizó un encuentro que, por las características de sus participantes y la dinámica en que transcurrió, merece una especial mención. Me refiero al encuentro que sostuvimos el vicepresidente Elías Jaua, las autoridades que liderizan la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, los gobernadores y los alcaldes de los 79 municipios priorizados en la Gran Misión.
En este espacio se presentó a las autoridades ejecutivas estatales y municipales los lineamientos de la Gran Misión y su proyección nacional, convocando a la participación activa, corresponsable y comprometida de dichas autoridades, en un espacio que se caracterizó por el diálogo respetuoso y la presentación cruda, pero consistente, de aspectos que deben ser asumidos si se quiere lograr una efectiva transformación de las condiciones generadoras de violencia e inseguridad en el país.
Allí se perfiló a los gobernadores y alcaldes el estado actual de los cuerpos policiales y las debilidades e inconsistencias detectadas en ellos de cara a la implementación efectiva del nuevo modelo policial. Preocupante por demás los datos que revelan la falta de preparación de los cuerpos policiales en general; el alto número de funcionarios que no tienen un nivel académico mínimo para el ejercicio de la función policial; la alarmante presencia de policías con antecedentes penales o policiales que están en ejercicio (cada gobernador o alcalde se llevó la lista de los funcionarios señalados pertenecientes a sus respectivos organismos adscritos); los problemas que se presentan para implementar los cambios progresivos que exige la homologación realizada a los funcionarios para que cumplan tareas de carácter estratégico o táctico según su perfil, entre otros temas medulares.
Por otra parte, los asistentes recibieron una presentación sobre el tema de las políticas de desarme que se vienen impulsando a nivel nacional y cómo se inscribe allí la labor de los cuerpos policiales estatales y municipales. Especial énfasis hicimos en lo relativo a: 1) Apoyar en las regiones la implementación de las zonas libres de armas, tal como las definen las resoluciones conjuntas en la materia. 2) Potenciar el decomiso e incautación de armas de fuego, reportando las mismas a DAEX y a la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (el llamado desarme «compulsivo»). 3) Invertir en la adecuación de las salas de evidencia y parques de armas policiales (por demás en estado de abandono en la mayor parte de las policías del país). 4) Dotar de armamento a las policías según los estándares existentes y retirar las armas no permitidas que aún mantienen en sus parques. 5) Implementar controles internos para la dotación de municiones a sus funcionarios y evitar el desvío de las mismas a la delincuencia. 6) Organizar campañas locales o estatales que incentiven la convivencia pacífica y el desarme.
Por encima de diferencias políticas y partidistas, todas las autoridades quedaron comprometidas a apoyar la Misión en sus territorios y aportar a esta causa nacional que no acepta divisiones mezquinas ni parcelamiento alguno.
