En diciembre de 2010 al presentar el Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en el País expresamos que era necesario y urgente intervenir el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Dicho organismo que aplica sistemáticamente la tortura es igualmente responsable de un número importante de violaciones al derecho a la vida a través de la modalidad de ejecuciones.
Afirmamos que era imperioso integrarlo al proceso de reforma policial.
Los sucesos de la Delegación de El Rosal en Caracas donde fallecieron tres detenidos y las denuncias posteriores de sobornos, extorsión y tortura reafirman la necesidad de reorganizar a fondo dicho organismo.
El ministro del Interior anunció algunas medidas que consideramos tímidas, más sin embargo valoramos como positivas.
Pero el asunto del CICPC es sólo un aspecto de la situación general de derechos humanos en el país.
Sin desmerecer los avances que se han logrado en algunos derechos sociales y el desarrollo de ciertas políticas públicas que generan esperanzas de cambios estructurales como lo es el proceso de reforma policial, sin duda existen importante déficit en materia de derechos humanos.
Poner de relieve los avances para fortalecerlos, identificar el déficit existente para abordarlo con voluntad política diseñando y ejecutando políticas públicas de corto, mediano y largo plazo es lo que nos permitirá avanzar en materia de derechos humanos.
Para ello se requiere el trabajo conjunto de instituciones del Estado y sociedad civil. Es fundamental convocar todas las fuerzas sociales y políticas dispuestas a trabajar por los derechos humanos. Lo plausible sería construir mediante el debate democrático, el aporte plural y la más amplia participación social un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Transformar el proceso es un espacio de ejercicio de democracia, de protagonismo social, de tolerancia y concertación. Un Plan que establezca metas, políticas, planes y proyectos para la promoción y protección de los derechos humanos. Un Plan que defina responsables, precise medidas y cuente con recursos para ser concretado a escala local, estatal y nacional.
Brasil, Perú y Argentina son países que han logrado construir de manera democrática Planes Nacionales de Derechos Humanos.
En Venezuela existe una gran oportunidad de dar un paso hacia adelante. En octubre el país será evaluado en Naciones Unidas y el gobierno en julio deberá presentar un informe que junto a los ya presentados por la sociedad civil servirá de insumo para dicha evaluación.
Naciones Unidas recomienda a los Estados que para elaborar el informe realicen una amplia consulta nacional. El gobierno tiene en esta coyuntura una oportunidad de abrir espacios para el diálogo, de convocar a diversos sectores y dar un paso firme para sumar fuerzas e iniciativas que permitan pensar, debatir y construir políticas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
Marino Alvarado Betancourt
Coordinador General de Provea
@marinoalvarado
Fuente: TalCual, 1o.06. 2011, pág 8
