La semana pasada visité Guayana y me entrevisté con sindicalistas de todas las corrientes obteniendo información de primera mano para elaborar un informe sobre la situación sindical en el país. Escuché distintas opiniones sobre lo que viene ocurriendo en las empresas básicas y lo que los propios sindicalistas piensan del origen de la violencia sindical y sus riesgos.
Sin duda existen visiones muy diferenciadas entre quienes apoyan el socialismo del siglo XXI y quienes lo adversan. Interesante es que a pesar de los contrastes hay igualmente un conjunto de coincidencias en aspectos esenciales.
Los sindicalistas coinciden en que el gobierno debe realizar todos los esfuerzos para recuperar las empresas básicas. Hay un diagnóstico compartido por la mayoría de que las empresa básicas están muy por debajo de su capacidad de producción.
De la misma manera, hay coincidencia en que el sector laboral debe aportar en lo operativo y trabajar junto a la gerencia para recuperar la producción. No sólo está en juego la estabilidad de miles de trabajadores, sino también el bienestar de las familias y la propia economía de la región.
Afirman que el Plan Guayana Socialista tiene aspectos positivos y negativos, pero el gobierno no ha cumplido los compromisos de realizar la inversión necesaria para que el mismo empiece a mostrar resultados positivos.
El control obrero tiene reservas incluso entre quienes lo promovieron. Aunque tiene sus defensores, se considera que se ha distorsionado. Llegué a leer una comunicación dirigida a un gerente de una de las empresas donde trabajadores del control obrero solicitaban que se despidiera a un grupo de profesionales porque eran falsos revolucionarios.
Todos coinciden en que debe rechazarse la violencia sindical. Que la violencia en los portones se instaló, aupada no solo erróneamente por algunos sindicalistas, sino también por gerentes de las empresas quienes han creado grupos de choque.
Rechazan las prácticas de la violencia sindical en el sector construcción y responsabilizan a algunos sectores del gobierno que promovieron el paralelismo sindical y perdieron el control.
A la pregunta de qué hacer para evitar que se repitan hechos de violencia, coinciden en que la iniciativa debe partir desde los propios dirigentes sindicales, controlando a sus afiliados. Una buena parte considera necesaria la intervención del Estado a través del Ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo como mediadores.
De hecho, existen algunas experiencias positivas de la Inspectoría del Trabajo en su rol de mediador. Consideran que el papel de la Defensoría debe ser más activo.
La mayoría mostró disposición a reunirse a pesar de las marcadas diferencias en muchos aspectos. Están conscientes de que tienen una obligación: anteponer la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadores por sobre las inclinaciones políticas y diferencias.
Es una buena señal.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
Tal Cual 15.07.2011
