El pasado sábado 12 de marzo, el Instituto Latinoamericano de Investigación Social (ILDIS), en el marco de su taller “Reflexiones desde la izquierda democrática”, participamos en la sesión “Los desvíos democráticos: Amenazas nacidas en democracia”. Allí tuvimos la oportunidad de compartir algunas reflexiones con Margarita López Maya y Miguel Ángel Martínez Meucci cuyos puntos medulares, desde nuestra parte, comentaremos a continuación.
Lo sugerente del título nos permitía señalar que, como sociedad, hemos cometido una serie de errores, en el marco de la aguda polarización de los últimos tiempos, que debemos reflexionar en voz alta para superarlos. En este sentido la carga de las contradicciones no se encontraría en uno solo de los bandos. Desde una perspectiva de derechos humanos, queríamos reflexionar sobre cuatro amenazas nacidas en democracia:
1) El equilibrio entre derechos sociales y políticos: En el universo de los derechos humanos ha existido una discusión, que todavía no finaliza, sobre cuál debería ser el equilibrio entre los derechos sociales y los derechos políticos. La doctrina lo ha resuelto mediante los principios de universalidad e interdependencia, sin embargo en la práctica, durante la Guerra Fría, la disputa se resolvió mal, siendo las democracias liberales los abanderados en derechos civiles y políticos, mientras que las democracias socialistas, en antagonismo, convirtieron las conquistas sociales en su principal estandarte. En América Latina, tierra de particularidades, este desarrollo tuvo como contexto años de dictaduras militares, en donde la presión de los militantes y activistas de izquierda ocasionó que en la región hubiera un énfasis en la protección de derechos como el de la vida, libertad, integridad y libertad de expresión. De esta manera las conquistas en derechos sociales quedaron, en la propaganda, a merced de los experimentos socialistas. Habría que agregar que en los últimos años se ha acelerado el desarrollo de garantías para los derechos sociales, como ejemplifica la reciente relatoría DESC creada en la Comisión Interamericana de DDHH, sin embargo este énfasis ha sido reivindicado por el proceso bolivariano, quienes durante sus primeros años lograron aumentar los índices de exclusión social, pero en contraparte estancaron o hicieron retroceder el conjunto de derechos civiles y políticos para el conjunto de la población. Una democracia saludable debería conseguir el equilibrio en el disfrute de ambos grupos de derechos.
2) De la discriminación positiva a la simple discriminación: Se conoce como “discriminación positiva” (DP) a las políticas públicas que busca que un determinado grupo social, que históricamente haya sufrido segregación a causa de injusticias sociales, reciba un trato preferencial en el acceso y distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos. Otra aplicación de la DP ha sido que ante recursos escasos se busque beneficiar, en políticas públicas, a la población más vulnerable. La discriminación positiva, debido a la polarización promovida por el gobierno venezolano devino en simple discriminación por razones políticas, por lo que un sector de la sociedad fue desmejorado en el disfrute de derechos.
3) De una democracia de mayorías a una democracia de derechos: Haber recibido mayoría del voto popular en diferentes elecciones, por una serie de circunstancias, intentó justificar la imposición de un proyecto por vías no democráticas al sector que se calificaba de minoritario, al cual se le calificó de “escuálido” y se intentó descalificar y criminalizar por el hecho de serlo. Esta visión simplista de la tiranía de la mayoría sobre la minoría debe transformar en una mirada que garantice la universalidad del disfrute de los derechos humanos para todos.
4) La amenaza de la vuelta atrás de los derechos: Los derechos son alcanzados por la lucha de los pueblos y sus iniciativas, y no por una concesión formal de los gobiernos. Los derechos consagrados en la Constitución no son “chavistas” y, en virtud del principio de progresividad de derechos, se debe rechazar la posibilidad la tentación que, por razones ideológicas o cualquier otro argumento, hacer retroceder alguno de ellos.
5) El derecho a la alteridad o, provocativamente, el derecho a ser “chavista”: La polarización ha intentado criminalizar la identidad política del sector que se percibe como contrario. En el actual proceso de recomposición política del país hay que rechazar cualquier política de discriminación contra “el chavismo” similar a la que desde el gobierno se promovió contra “la oposición”. El chavismo es una identidad legítima como opción política, y bajo esta racionalidad relacionarse con ella, bien sea para discutir o para llegar acuerdos de manera democrática. La pluralidad, el pensamiento diverso y diferente, es una oportunidad –y no una amenaza- en cualquier democracia que se precie de serlo.
No queremos terminar este artículo sin reiterar nuestra solidaridad con todo el equipo del Correo ante el despropósito. Estamos orgullosos de formar parte de estas páginas, comprometidos con la libertad de expresión e información.
(*) Coordinador General de Provea
