La semana pasada se realizó el 149º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, donde Venezuela participó con tres audiencias.
Esta jornada se realizó en la ciudad sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues esta instancia forma parte del llamado Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIDH), uno de los mecanismos internacionales para garantizar la dignidad de hombres y mujeres, que como recordaremos tienen rango constitucional.
Las audiencias de Venezuela trataron sobre tres temas: Situación general de los derechos humanos en el país; Independencia del poder judicial venezolano y, por último, situación de la libertad de expresión.
Esta instancia es entendida como espacio para la conciliación y el diálogo entre las víctimas y los Estados. Sin embargo, el gobierno venezolano no lo entiende así.
El ánimo con que acuden los funcionarios es el de la descalificación y los ataques. Los tres funcionarios que representaron al país en esta oportunidad fueron tres: Germán Saltrón, Luis Britto García y Luis Damiani. Saltrón argumentaba que Venezuela era el país del mundo donde más se respetaban los derechos humanos. Por su parte Damiani señalaba que eran infundadas las acusaciones sobre el funcionamiento parcializado del sistema de justicia en el país. Luis Britto García, a su vez, refutó las afirmaciones acerca de obstáculos al ejercicio al derecho a la libertad de expresión.
Los tribunos estatales entienden su participación como un ejercicio de oratoria incendiaria. Britto García, como reseñaron los diferentes medios de comunicación, reiteró que Venezuela no recibiría las visitas de los observadores internacionales: “¡No al turismo de derechos humanos”, exclamó en el cenit de su discurso.
Como se recordará Venezuela se retiró de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que también es parte sustancial del SIDH. Sin embargo aún puede ser observada por la Comisión, quien puede generar informes sobre la situación del país, con recomendaciones a los gobiernos para revertir situaciones, así como solicitar medidas cautelares para personas cuya vida e integridad se encuentran en inminente riesgo.
Ante la falta de canales de interlocución del gobierno, estas audiencias se han convertido para nuestro país en el único espacio donde se puede tener algún tipo de feedback con representantes oficiales.
La dinámica es completamente diferente en las audiencias de los otros países. Tuvimos la oportunidad de escuchar la audiencia sobre la situación de las mujeres indígenas en Nicaragua y el vocero gubernamental, defendiendo sus posiciones, declaraba que tomaría nota de las observaciones realizadas por las organizaciones y víctimas presentes en la sala.
Aprovechando la presencia de organizaciones sociales y defensores de todo el continente, la permanencia en la ciudad de Washington es aprovechada para estructurar una apretada agenda de reuniones e intercambios, de donde salen ideas y proyectos para trabajar las tendencias que se repiten en los diferentes países.
Históricamente las audiencias han sido el escenario para la reunión de la llamada “Coalición de Derechos Humanos”, un mecanismo de articulación de las diferentes iniciativas que tienen casos y audiencias tanto en la Comisión como en la Corte. De primera mano pudimos escuchar, por ejemplo, como el gobierno ecuatoriano sigue los pasos de su homólogo venezolano en la tarea de debilitar este tipo de mecanismos.
Quien haya revisado las noticias de los últimos días habrá leído las declaraciones altisonantes del presidente Correa sobre la institución y sobre quienes acuden a ella.
Con todas las personas con las que tuvimos oportunidad de conversar en dicha ciudad, les reiteramos dos mensajes: El primero la importancia del monitoreo internacional, realizado por organizaciones sociales y populares, sobre la situación venezolana. En un gobierno tan interesado por su imagen más allá de las fronteras, las opiniones de otros han servido para salvar vidas y disminuir la intensidad de las violaciones en momentos álgidos de conflictividad.
El segundo mensaje es sobre la vigencia e importancia de exigir el respeto a la Constitución, en los actuales momentos la mejor herramienta para la contención democrática de los desvíos autoritarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En muchos interlocutores hay preocupación por la situación del país.
Muchos entienden que un descalabro económico y social en Venezuela influiría negativamente en la situación del resto de la región. Una opinión repetida era el peligro que representaba la coincidencia de las crisis política y económica para la vigencia de los derechos humanos. La renovación del poder electoral y ciudadano también estaba en la lista de preguntas que nos realizaban, así como la proyección de escenarios ante las elecciones del año próximo.
Un detalle recordaremos de nuestra presencia en esta sesión de audiencias. El 90% de los encargos de familiares y amigos fueron medicinas, desde acetaminofén hasta gotas para el cólico de bebés. ¿El equipaje de vuelta de los representantes del Estado también estaría lleno de medicamentos? (Columna de Provea para el diario Correo del Caroní)
(*) Coordinador de investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
