El pasado 16.02.2013 el Vicepresidente Nicolás Maduro anunció la intervención del Hospital de Coche en Caracas. La misma se realiza como respuesta a una ejemplar protesta, realizada de manera unitaria, por pacientes y personal de la institución Empleados para denunciar la falta de insumos y precarias condiciones del lugar. Durante su alocución, el Vicepresidente Maduro expresó que la decisión era “para planificar soluciones en conjunto y así lograr atender de manera óptima las necesidades de los pacientes”. Es decir, un hospital que está bajo responsabilidad del Ejecutivo Nacional es intervenido por el Ejecutivo para coordinar acciones para prestar un mejor servicio de salud. Curioso el asunto, pero no sorprendente. La razón, la grave crisis de dicho centro médico, que no es diferente al estado de la red hospitalaria tradicional en el país.
La Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud indicaba hace siete años que se remodelarían y modernizarían 150 hospitales en todo el país. En el año 2008 cuando hospitales que dependían de las alcaldías fueron pasados al poder central el presidente Chávez, expresó “Vamos a levantar esos hospitales y a ponerlos de primera línea, bajo nuestra responsabilidad”. En junio de 2011 nuevamente el Presidente anuncia que se aprobaron recursos para remodelar 30 hospitales en todo el país. Visto los planes anunciados y los recursos, el resultado lógico debería ser que el pueblo venezolano contara con una red pública hospitalaria nacional eficiente, bien dotada y con adecuada infraestructura. Sin embargo, la realidad es otra. La crisis hospitalaria del país es ampliamente conocida.
Ante la contundente protesta de pacientes y personal del hospital de coche al Vicepresidente no le quedó más alternativa que reconocer la crisis existente en dicho centro de salud. A los pocos días una protesta similar es realizada en el hospital Pérez Carreño. En esta oportunidad en vez de dar una respuesta política, abrir canales de diálogo para solventar los problemas del centro hospitalario, se optó por el camino de la represión. Paradójico en un gobierno que ha afirmado que desea comportarse frente a la protesta popular diferente que en el pasado.
Sin duda, una cosa es la propaganda del gobierno a través de su sistema nacional de información que presenta la situación de la salud pública en el país en óptimas condiciones y otra la realidad que viven a diario en todo el territorio nacional pacientes y personal que labora en los servicios. Constancia de ello son las condiciones en que las mujeres deben dar a luz en los recintos de salud.
Ya la Contraloría General de la República en sus Informes de gestión de los años 2010 y 2011 había denunciado cómo se perdían toneladas de medicinas cada año y se deterioraban los equipos. Ya los gremios médicos venían advirtiendo la crisis de personal médico y la carencia de insumos reiteradamente negada por el gobierno. Era imposible ocultar lo evidente. Y el gobierno no tuvo más alternativa que aceptar la crisis. La reconoció en ese hospital, pero salvo excepciones, es la situación que prevalece en los hospitales del país. Habrá que dar seguimiento a los acuerdos a ver si su cumplimiento incide en la calidad del servicio para sus beneficiarios.
Cómo explicar que tras seis años consecutivos de anuncios, planes, asignación de recursos, la situación de los hospitales esté tan crítica. Las razones son dos: ineficiencia e indolencia. La ineficiencia de unas instituciones para ejecutar los planes y proyectos. La indolencia de una burocracia estatal que poco le importa la salud de la población.
Esa conducta indolente la acaba de reafirmar también la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a declarar sin lugar el 26.02.2013 una acción judicial que buscaba se ordenara a la Asamblea Nacional legislar en materia de Salud. En lugar de aportar a la solución contribuyen a mantener la crisis y negarle al pueblo el derecho humano a la salud. Señales contradictorias son emitidas desde las instituciones estatales. Una de ellas es la alta erogación de recursos por parte de los ministerios para contratar servicios de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) en centros privados de salud, lo cual sugiere que el propio Estado no confía en su red hospitalaria para atender las dolencias y enfermedades de sus trabajadores y trabajadoras. Similar señal la constituyó que el primer mandatario, en la mayor parte de su enfermedad, haya decidido tratarse en un centro de salud en otro país y no en los hospitales que ha dirigido durante 13 años.
Desde Provea seguimos proponiendo medidas para impedir mas autogoles en materia sanitaria: Definir un plan de financiamiento que garantice el sostenimiento a largo plazo del sistema, para que así pueda ampliar sus capacidades; Concertar, con todos los actores, un proceso de integración democrática y descentralizada del Sistema Público Nacional de Salud; Garantizar un presupuesto adecuado así como un salario digno y otros beneficios sociales a los profesionales, técnicos y trabajadores del sector.
(*) Coordinador del Área de Investigación de Provea
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