Sin embargo, los hechos concretos y verificables desmienten esta campaña de descalificaciones, reiterando la importancia de ambos organismos para la protección y defensa de los derechos humanos. El más reciente ejemplo ha sido el aporte de la CIDH para hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en México, conocidos como los “43 de Ayotzinapa”.
Como se recordará, en la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre policías municipales mexicanos atacaron a varios autobuses que transportaban estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dejando un saldo de 7 muertos, 27 heridos y un número importante de estudiantes desaparecidos. Las protestas originaron que el gobierno iniciara una investigación, asegurando que, por razones poco claras, los estudiantes fueron entregados a una pandilla ligada al narcotráfico, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron sus cuerpos en basureros. No obstante, la implicación de funcionarios gubernamentales, a varios niveles, y las dudas sobre el cumplimiento del debido proceso en la investigación generaban ruido sobre la posibilidad que el Estado mexicano hiciera justicia en el caso.
Ante esta situación los familiares de los estudiantes desaparecidos, y las organizaciones que los apoyan, acudieron a la CIDH. El 29 de octubre de 2014 sostuvieron una reunión con el presidente Peña Nieto, en la que se acordó que la CIDH brindaría asistencia técnica para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes, adoptar medidas para proteger la vida e integridad de los heridos así como adoptar e informar otras medidas que hubiere lugar. En esa reunión se acordó la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas”. El Estado se comprometió a brindar pleno acceso a los expedientes; información oficial relacionada con los hechos; instalaciones, infraestructura, recursos y medios, así como seguridad para realizar su trabajo.
Después de 6 meses de trabajo el GIEI ha difundido el informe de 550 páginas “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” haciendo una afirmación lapidaria: “Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó”. Si bien no se señalan responsabilidades, esta primera investigación permite conocer cómo se desarrollaron los acontecimientos y desmentir algunas argumentaciones oficiales. Una de las más importantes es refutar que los 43 cuerpos fueran incinerados en el basurero municipal de Cocula, pues -según el estudio- para ellos se debió haber usado 30 toneladas de madera en un fuego por 60 horas, con una llama de altura de 7 metros y un humo de aproximadamente 300 metros, de lo cual no se encontró evidencia.
Los estudiantes intentaban tomar autobuses -una práctica habitual en ese país- para asistir a la manifestación en recuerdo de la Masacre de la Plaza de Tlatelolco en Ciudad de México. En la ciudad de Iguala, como describe la investigación, opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, los cuales mueven los cargamentos en autobuses comerciales, lo cual explica la reacción violenta contra los estudiantes.
La GIEI estableció que existió una coordinación en el ataque contra los 5 autobuses que transportaban estudiantes, así como de la implicación de funcionarios militares y policiales en ellos. En las conclusiones advierten que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y que se cometieron errores en los procedimientos.
El trabajo de la GIEI en el caso Ayotzinapa recuerda la importancia de los órganos regionales de protección a los DD HH en casos emblemáticos que, por diferentes razones, no pueden ser resueltos por los Estados. Es lamentable que el Gobierno venezolano dedique tantos esfuerzos a debilitar a estas instancias. Si bien la GIEI sólo tiene mandato para trabajar sobre la desaparición de estudiantes ocurrida en México, instancias similares, promovidas por la CIDH, pudieran ser de gran ayuda para alcanzar justicia en otras situaciones. Por ejemplo las 43 personas que fallecieron en las manifestaciones en Venezuela en el año 2014, casos que en su mayoría continúan sin ser resueltos, una impunidad que, lamentablemente, el gobierno intenta capitalizar políticamente.
(*) Coordinador General de Provea
