El debate público en el país se ha focalizado en el despliegue del llamado “Operativo Protección y Liberación del Pueblo” (OLP), realizado de manera simultánea en varias ciudades. En el caso del realizado en Caracas, la intervención de la zona denominada Cota 905 finalizó con más de 15 presuntos antisociales muertos y, curiosamente, ninguno herido.
No hay discusión acerca que los niveles de inseguridad ciudadana se han convertido en uno de los graves problemas padecidos por la ciudadanía. Tampoco se debate acerca de la responsabilidad del Estado en implementar políticas que aborden este flagelo. Lo que Provea ha colocado sobre la mesa es la obligatoriedad que cualquier iniciativa en la materia sea compatible con el respeto a los derechos humanos.
Para solicitar la necesidad que tanto la Fiscalía como la Defensoría investiguen sobre si el procedimiento realizado en la Cota 905 estuvo apegado tanto a la ley como a los estándares en derechos humanos nos hemos valido del estudio realizado, en el año 2006, por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), denominado “Características de la Policía Venezolana” que tenía como objetivo “proporcionar los insumos necesarios para el diseño y propuesta de un nuevo modelo policial”.
Sobre el uso de la fuerza física el informe establece que “los mecanismos de supervisión son francamente escasos, y en el que los funcionarios policiales carecen de claros y estandarizados protocolos de actuación, el recurrir al uso de la fuerza, lejos de ser una actuación excepcional, progresivamente se ha convertido para aquellos en un medio de afirmación de la autoridad”.
Así, en 2005, por cada civil que es lesionado en enfrentamientos con la policía fallecen en iguales condiciones 3 ciudadanos”. La conclusión de Conarepol es “estamos frente a una policía que mata más que hiere, triplicando la cifra de decesos la de lesionados”.
Un segundo elemento tiene es lo que la Conarepol calificaba como “inexistencia de datos confiables y válidos”: “Las cifras difieren según la agencia que la reporte. Así, según se consideren los datos del CICPC, el Ministerio Público Fiscal o las propias policías, existe una alta variabilidad del número de muertes a manos policiales”.
El informe introduce el término de “letalidad policial” para describir el comportamiento de los funcionarios destinado a eliminar y no a neutralizar al presunto delincuente mediante el uso diferenciado y progresivo de la fuerza: “Otro indicador de la letalidad policial es la desproporción entre civiles heridos y muertos. Así, en 2005, por cada civil que es lesionado en enfrentamientos con la policía fallecen en iguales condiciones 3 ciudadanos”. La conclusión de Conarepol es “estamos frente a una policía que mata más que hiere, triplicando la cifra de decesos la de lesionados”. Además, afirman que si a esta situación se añade la desproporción entre bajas policiales y civiles, es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no existan dentro de los funcionarios “permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”.
La Conarepol diagnosticó, recordemos en el año 2006, que en el caso de denuncias de violación de derecho a la vida el patrón más frecuente era el de ejecuciones extrajudiciales: “que supone el uso organizado, premeditado y planificado, frecuentemente por parte de un grupo de policías, de la fuerza física letal, con fines de escarnio o castigo extra-judicial”.
De esta manera, según el propio diagnóstico realizado por un ente del gobierno bolivariano, el operativo realizado en la Cota 905 encubriría la realización de ejecuciones extrajudiciales. La opinión de un importante sector de la sociedad ha apoyado el operativo, sugiriendo que un violador de derechos humanos pierde sus derechos y por tanto su propia condición humana. Los testimonios de los habitantes de la zona relatan un operativo de guerra, que ha incluido no sólo allanamientos por funcionarios encapuchados, sino el robo generalizado de las pertenencias de valor de las casas intervenidas. Por tanto, la barbarie no puede combatirse con barbarie. Las personas señaladas de haber cometido delitos deben ser investigadas y sancionadas por el sistema de administración de justicia.
Los hechos parecieran sugerir que estamos volviendo a los tiempos de las redadas indiscriminadas que tanto se cuestionaron del pasado. Según las propias cifras de Fiscalía de los casi 200 detenidos apenas 19 tenían antecedentes, aunque los habitantes del sector aseguran que los privados de libertad fueron más de 300, y que se llevaban a las personas que poseían algunas características. ¿Se está criminalizando a la pobreza? El nuevo Plan nacional de DDHH afirma el deseo de “construir un nuevo modelo policial preventivo, humanista, y comprometido con la erradicación del clasismo (…) y que se ha traducido en una doble victimización de los sectores populares, al ser las principales víctimas de los delitos más violentos, y también los principales destinatarios de las medidas de represión». Mal precedente entonces en el inicio del OLP.
(*) Coordinador General de Provea
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@fanzinero
