Recientemente el presidente electo de Paraguay, en un proceso irregular que vulneró su derecho a la defensa y el estado de derecho, fue destituido por su cargo, hecho que ha sido, de manera unánime, condenado por todos los presidentes de la región y la mayoría de los movimientos sociales, los cuales lo califican de “golpe de Estado parlamentario”.
Sin embargo, al calor de los acontecimientos diferentes gobiernos, secundados por algunas organizaciones de derechos humanos, anunciaron el inicio de sanciones económicas contra Paraguay. Lo paradójico del asunto es que estos mismos ejecutivos, y estas mismas ONG´s, han condenado reiteradamente el bloqueo económico en otras situaciones, como el que se ha realizado contra Cuba. Las pasiones nublaron la racionalidad. La ocasión ha sido propicia para retomar el debate sobre la pertinencia de los bloqueos económicos contra países y cómo afectan el disfrute de los derechos humanos por parte de la población.
Provea el 25.06.12, en su pronunciamiento de condena al golpe paraguayo, rechazó que se iniciara un bloqueo económico contra ese país. Las experiencias, tanto en Cuba como en Irak entre otras, han demostrado que tales medidas afectan los derechos de las personas, principalmente las más vulnerables. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado preocupación y rechazo a tales medidas, afirmando que afectan de forma grave a la población inocente, en particular a las personas débiles y a los pobres, sobre todo las mujeres y los niños.
Por su parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha indicado, en su Observación General número 8, que si bien los efectos de las sanciones varían de un caso a otro, es consciente de que casi siempre producen consecuencias dramáticas en los derechos de las personas. Así, por ejemplo, con frecuencia originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, farmacéuticos y sanitarios, comprometen la calidad de los alimentos y la disponibilidad de agua potable, perturban gravemente el funcionamiento de los sistemas básicos de salud y educación y socavan el derecho al trabajo. Agrega el Comité de Desc lo siguiente: “Además, cabe citar entre las consecuencias indeseadas el refuerzo del poder de minorías opresoras, la aparición prácticamente inevitable de un mercado negro y la generación de grandes beneficios inesperados para los grupos de privilegiados que lo administran y el aumento del control que las minorías gobernantes ejercen sobre la población en general”.
“En el decenio de 1990 –apunta el Comité DESC- el Consejo de Seguridad ha impuesto sanciones de diversa índole y duración en relación con Sudáfrica, Irak-Kuwait, partes de la ex Yugoslavia, Somalia, la Jamahiriya Árabe Libia, Liberia, Haití, Angola, Rwanda y el Sudán. Las consecuencias de las sanciones para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales han sido evocadas ante el Comité en diversos casos referentes a Estados Partes en el Pacto, algunos de los cuales han sido objeto de informes periódicos, lo que ha dado al Comité la oportunidad de examinar detenidamente la situación. Si bien los efectos de las sanciones varían de un caso a otro, el Comité es consciente de que casi siempre producen consecuencias dramáticas en los derechos reconocidos en el Pacto”.
EL Comité DESC al alertar sobre los efectos contraproducentes de los bloqueos agrega: “Se trata más bien de insistir en que no se debe responder a un comportamiento ilícito con otro comportamiento ilícito que no preste atención a los derechos fundamentales subyacentes que legitiman esa acción colectiva”.
Para nosotros y nosotras la solidaridad con el pueblo paraguayo no puede realizarse acrecentando su sufrimiento. Por eso así como durante años venimos rechazando el bloqueo económico a Cuba, hoy reiteramos nuestro no al bloqueo económico al Paraguay. En la interacción con las organizaciones sociales paraguayas movilizadas contra el golpe, sabemos que nuestro comunicado fue recibido por diferentes ministros del gobierno de Fernando Lugo, el cual días después se pronunció contrario a las sanciones: “Esta mañana he tenido una reunión con un grupo de campesinos que venden piñas, mandioca, en la región, y yo no querría que los más olvidados, a quienes hemos privilegiado en nuestro Gobierno sean también perjudicados con una sanción económica”. Nos alegramos que Provea haya dado su aporte a la masa crítica de rechazo al bloqueo, a la cual se sumaron posteriormente los presidentes de Argentina y Uruguay.
Cuando cerrábamos este texto, Venezuela insistía en su decisión de anular los envíos de petróleo a Paraguay como parte de las sanciones económicas contra el país. Esperamos que esta decisión sea revertida, ante los anuncios realizados en la reunión de Mercosur. Si no es así, seguiremos solicitando al Ejecutivo Nacional que reconsidere esta medida, cuyas consecuencias no afectarán a las élites que ahora gobiernan Paraguay, sino por las mayorías más vulnerables.
(*) Coordinador del Área de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
