Como se recordará, recientemente después de una mora de más de 10 años Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en audiencia realizada en Ginebra.
El Comité, informado sobre la situación de los últimos años en el país, realizó una serie de preguntas muy específicas ante los representantes del Estado, entre los que se encontraban José Vicente Rangel Avalos y Luis Damiani, que fueron insuficientemente respondidas sugiriendo la falta de voluntad política del Ejecutivo para erradicar este delito.
En su lista de preguntas, en el informe previó que el Comité entregó al Estado venezolano para que fueran respondidas en dicha audiencia, los comisionados entre otros asuntos solicitaron información sobre las investigaciones por la muerte del defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez.
Citamos literalmente la interrogante: “Sírvanse –los representantes del Estado venezolano- proporcionar información sobre: (…) La muerte del defensor Mijaíl Martínez, el 26 de noviembre de 2009 en Barquisimeto, Estado de Lara, y las agresiones y amenazas recibidas por su padre, Víctor Martínez, en junio de 2010 y en enero de 2012, presuntamente por distribuir panfletos acerca de su muerte”.
Ni en los documentos proporcionados previamente por el gobierno venezolano, ni en las respuestas de sus representantes hubo una respuesta a esta interrogante. Cuando se recordará otro año de impunidad en este caso, es importante mantener viva la memoria de los hechos.
Como relató Cofavic al propio Comité contra la Tortura “el 26 de noviembre de 2009 fue asesinado, presuntamente por sicarios en el estacionamiento de su residencia en la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, el joven defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez, quien trabajaba con el Comité de Víctimas Contra la Impunidad. Antes de su asesinato estaba realizando un importante documental sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales en el estado Lara, denunciados por el Comité de Víctimas Contra la Impunidad, organización a la que apoyó como defensor de derechos humanos desde su fundación.
Por su parte, el Sr. Víctor Martínez, padre de Mijaíl, es un reconocido luchador social del estado Lara, desde muy joven fue miembro de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), destacándose como activista social y del Movimiento Obrero de Base en el Estado Lara.
Luego fue electo diputado del Consejo Legislativo del estado Lara instancia desde donde inició una campaña de alta visibilidad en la opinión pública regional sobre varios casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el estado Lara y la impunidad con la que actuaban los grupos narcotraficantes en la zona”.
El caso de Mijaíl Martínez alcanzó repercusión mediática debido a su condición de activista de derechos humanos, pero ejemplifica la impunidad que rodea a decenas de casos similares en toda la geografía venezolana.
Además de las irregularidades en la investigación –que han motivado a que la familia tenga que realizar pesquisas por su cuenta-, la omisión de la Defensoría del Pueblo, la dilación de los juicios y retardo procesal a los presuntos responsables, el caso alcanza otra connotación debido a la hipótesis de crimen por motivaciones políticas, como ha venido denunciando insistentemente los Martínez.
La triste paradoja que es Víctor, quien estimuló y acompañó la conformación de comités de víctimas de abuso policial e impunidad en la región, luego se convertiría el mismo en un afectado por la violencia. Uno de los señalados como autor intelectual del hecho por los allegados de Mijaíl ha sido el ex gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes, un señalamiento grave que debería ser investigado y aclarado por las autoridades.
En una trayectoria que han realizado otras personas en su misma situación, Víctor Martínez se ha sobrepuesto a su dolor para insistir en la lucha contra la impunidad. Recientemente ha creado la Fundación Mijaíl Martínez para mantener viva la memoria de su hijo, y entre las primeras actividades se encuentra la realización de un festival de poesía, actividad cultivada por el adolescente. Además, alimentan una bitácora digital en http://justiciaparamijailmartinez.blogspot.com/, con el que utilizan las redes sociales como herramienta de lucha por los derechos humanos.
Esta iniciativa se enmarca en el contexto de tradición asociativa que existe en el estado Lara, que ha generado respuestas grupales de diferente tipo, como grupos cooperativos y diferentes emprendimientos de economía social, culturales y de políticas de base. Quien visite la ciudad y transite por la zona oeste de la urbe, podrá contemplar los diferentes murales sobre reivindicaciones populares, varios de ellos sobre el caso Mijaíl Martínez.
En opinión de Provea la impunidad, junto con la situación de pobreza que afecta a sectores importantes de la población, son las situaciones más graves en materia de derechos humanos.
Las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia –que incluye la dantesca situación de los recintos penitenciarios- afectan, particularmente, a los grupos más vulnerables. Y los problemas, como se demostró en la audiencia del Comité contra la Tortura, empiezan a ser conocidos por la audiencia internacional.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
