El artículo 111 de nuestra Constitución establece la recreación como un derecho humano en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción”.
En este sentido parecieran apuntar los sucesivos esfuerzos del Ministerio de Turismo venezolano, quienes han estimulado diferentes destinos turísticos para el esparcimiento familiar de las familias trabajadoras del país.
Por ejemplo, muchas personas fueron beneficiadas con los paquetes a destinos extranjeros, a precios regulados, ofertados a través de Venezolana de Turismo (Venetur). Estas políticas puntuales deben valorarse positivamente desde la perspectiva de la inclusión.
Sin embargo, aunque el Ministerio de Turismo ha intentado promocionar, paralelamente, destinos nacionales, los resultados son ambivalentes. Si bien una cantidad importante de familias han utilizado la red hotelera Venetur en temporada vacacional, aun el ministerio no ha diseñado e implementado políticas integrales para el turismo nacional, lo cual debería mejorar la propia calidad de vida de las comunidades destinatarias, generar fuentes de empleo y ser compatibles con los derechos ambientales.
Los resultados de la miopía en el sector están a la vista. Cuando se inicia la campaña publicitaria “Cheverito” por parte del organismo, una de las poblaciones costeras más emblemáticas del país –Choroní- protagoniza varias jornadas de protesta debido a la falta de servicios básicos e infraestructura. Y la respuesta oficial no fue canalizar y responder las demandas, sino enfrentar las protestas con bombas lacrimógenas.
Otros países de la región, con historias recientes de confrontación polarizada, han encontrado en la promoción del país como destino turístico privilegiado un mecanismo de consenso para la promoción de políticas públicas.
Hace sólo 20 años, por citar dos ejemplos cercanos, Perú y Colombia eran territorio de confrontaciones armadas, atentados y secuestros con un oscuro saldo para los derechos humanos de sus pobladores. Hoy, aunque muchos problemas siguen sin resolverse, ambos países aparecen en el ranking de países atractivos para el turismo local e internacional.
Nosotros estamos perdiendo esa oportunidad. El propio ministro de turismo Andrés Izarra ha estimulado la conflictividad debido a sus polémicas declaraciones sobre quienes no comparten el proyecto bolivariano, con lo que se ha posicionado como un eje de la polarización.
El ministro Izarra, por razones ideológicas, parece limitado para establecer amplios mecanismos de diálogo con todos los actores involucrados en la actividad turística. Por ello, las políticas desplegadas terminan siendo espasmódicas, de corto aliento y pasto para las burlas, como ha sido el tratamiento dado a “Cheverito” en redes sociales.
O algunas intervenciones que tenían una intención positiva han terminado ofreciendo grandes resistencias debido al estilo autoritario con que fueron implementadas, como sucedió con la “Flor de Hannover” en Barquisimeto, que fue traspasada de las competencias de la gobernación del Estado a las del ministerio.
El ministro Izarra ha puesto como meta el aumento del 20% en el turismo nacional, y Provea apuesta al éxito de ese objetivo. Sin embargo hay un abanico amplio de situaciones que deben atenderse y resolverse. La primera de ellas es la seguridad ciudadana. Un país con altos índices de homicidios, secuestros y todo tipo de delitos contra las personas no es destino turístico para nadie.
Las políticas de seguridad deben ser concertadas y coordinadas entre todos los mandatarios locales y regionales, algo que hoy no ocurre. Los primeros beneficiados de una reversión de esta situación serán los propios habitantes de las comunidades, especialmente los sectores más humildes que no tienen medios para pagarse los dispositivos de seguridad.
En segundo lugar mejorar, en todo sentido, el transporte público del país. El ministro Izarra debería darse un paseo por los terminales de autobuses del país para entender por qué Venezuela es el penúltimo país de la región con menos turismo de otros países.
A pesar de la propaganda, las instalaciones son insalubres y deterioradas, las unidades no cuentan con la supervisión necesaria y los boletos son vendidos a precios no regulados. De nuevo, los principales beneficiados con una mejora sustancial del servicio serían las personas de bajos recursos, que no cuentan con un automóvil propio. Otro tanto debe hacerse con los terminales aeroportuarios nacionales.
En tercer lugar hay que ofrecer estímulos para la mejora y desarrollo de la red hotelera y de posadas nacional. El ministro Izarra debería asesorarse en este terreno, pues cada vez aumentan las denuncias sobre la disminución de la calidad del servicio en los hoteles administrados por el Estado. Además, existen personas con amplios conocimientos que de manera particular, y solitaria, han venido difundiendo los atractivos naturales y gastronómicos del país.
Con intolerancia, discriminación y soberbia no hay derecho a la recreación posible. Y aquí perdemos todos.
(*) Coordinador del programa de investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
