La idea más interesante de la pasada propuesta de reforma constitucional, rechazada por el voto popular, fue la del “derecho a la ciudad”, de la cual después se ha hablado poco, a pesar que la ausencia de espacio público –debido a los territorios controlados por la delincuencia y la polarización política- es uno de los dramas de la Venezuela contemporánea.
El geógrafo y urbanista español Jordi Borja ha desarrollado durante varios años la noción sobre el derecho a la ciudad. En su libro “La ciudad conquistada” apunta que aunque espacio público (EP) es un concepto propio del urbanismo, tiende a simplificarse como espacios verdes o equipamiento urbano, pero que en filosofía política es utilizado como lugar de representación y de expresión colectiva de la sociedad. Según su opinión la responsabilidad principal del urbanismo es producir EP, espacio funcional polivalente que relacione todo con todo, que ordene las relaciones entre los elementos construidos y las múltiples formas de movilidad y permanencia de las personas: “El espacio público concebido también como instrumento de redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva. Y asumir también que el espacio público es espacio político, de formación y expresión de voluntades colectivas, el espacio de la representación pero también del conflicto. Mientras haya espacio público, hay esperanza de revolución, o de progreso”.
Mala noticia para nosotros: Según Borja la calidad del EP es un test fundamental para evaluar a la propia democracia existente en un país. Es en el EP donde se expresan sus avances y retrocesos, tanto en sus dimensiones políticas como sociales y culturales. El EP, entendido como espacio de uso colectivo, es el marco en el que se tejen las solidaridades de los diferentes y donde se manifiestan los conflictos, donde emergen las demandas y las aspiraciones, contrastándose con las políticas públicas y las iniciativas privadas. Y es en el espacio público, argumenta, en el que se hacen visibles, por presencia o por ausencia, los efectos segregatorios de las dinámicas urbanas realmente existentes.
¿Qué se reivindica o se denuncia en el EP? Todo. La demanda de vivienda y la oposición a los desalojos. El servicio de agua y la calidad del transporte público. Infraestructura para la cultura o el deporte y la existencia de escuelas. Limpieza y seguridad. Transporte y aire limpio. Plazas y espacios verdes. Accesibilidad y centralidad cercana. Comercio y oferta cultural urbana. Para Borja la idea de la existencia –o ausencia- de espacio público va unida a la de ciudadanía: “Ser ciudadano es sentirse integrado física y simbólicamente en la ciudad como ente material y como sistema relacional, no sólo en lo funcional y en lo económico, ni sólo legalmente”. El espacio público, por tanto, es la plataforma que permite el desarrollo de la ciudadanía. ¿Acaso podemos ejercer de ciudadanos –se pregunta el catalán- si vivimos en un polígono lejos de todo o en un barrio degradado y criminalizado? O sin acceso a un transporte público que nos permita ejercer nuestro derecho a la movilidad? En el caso venezolano la respuesta no es, precisamente, optimista.
Jordi Borja afirma que “el derecho a la ciudad es actualmente el concepto operativo para evaluar el grado de democracia y es el que sintetiza, orienta y marca el horizonte de los movimientos sociales democratizadores. Pero en la medida que estos movimientos requieren el espacio público para expresarse la calidad de éste condicionará la existencia y la potencialidad de las demandas ciudadanas”.
Los altos índices de inseguridad ciudadano han ido acorralando a los venezolanos y venezolanas a sus cotos privados: Su domicilio, la recreación privatizada en los grandes centros comerciales. Es una paradoja de nuestro tiempo que precisamente bajo un gobierno “socialista” la privatización de la vida cotidiana de la población haya alcanzado amplias fronteras, incluso la de sentirse responsable por la exposición personal a situaciones de violencia. Es decir, aunque la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas para la gente, las personas no responsabilizan al Estado de la situación sino a sí mismos por no tomar medidas suficientes, e incluso de no ser socialmente “exitosos” como para no tener un vehículo propio y verse obligados a movilizarse en un transporte público de bajo precio y calidad.
La polarización se ha mantenido tanto tiempo, además, porque las personas han construido su imagen de los otros y otras a través de los prejuicios recibidos a través de medios de comunicación. Un proceso de deshumanización reforzado por la ausencia de EP que exprese la real diversidad comunitaria.
Tenemos derecho a desarrollar todas nuestras capacidades y potencialidades en un entorno urbano que permita la materialización de las promesas de la democracia. Tenemos derecho a vivir en una ciudad democrática, segura, saludable, económica, accesible, pensada para los niños y la tercera edad, con servicios básicos y transporte público eficientes y de calidad. Pero esto comenzará cuando hagamos nuestro la exigencia de este derecho.
(*) Coordinador General de Provea
