La principal labor de divulgación de Provea acerca de la situación de derechos humanos en Venezuela la constituye su Informe Anual. El trabajo de 19 investigadores e investigadoras, de diferentes sectores y profesiones, confiere al informe no solo una mirada interdisciplinaria, sino también de naturaleza plural en donde se reconocen los avances de las políticas públicas en materia de derechos humanos, pero también se alerta sobre sus estancamientos y retrocesos.
La principal fuente de información la constituyen las cifras oficiales, las cuales se contrastan con cifras emitidas por centros de investigación académicos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y por un arqueo hemerográfico de los diferentes medios de comunicación, tanto estatales como privados. Asimismo, se incorporan tanto los casos llevados por Provea como sus propias investigaciones y trabajos de campo.
Esta práctica de recopilación y procesamiento de información se ha hecho extensiva a los otros productos comunicacionales de la organización: una cobertura diaria de noticias, publicada en su sitio web, y el uso extensivo de las redes sociales.
De esta manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los diferentes pactos y acuerdos internacionales en la materia, así como los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ofrecen un marco a través del cual se puede realizar una práctica comunicacional de la situación del país desde una visión de derechos humanos y por tanto ajena a los sesgos y dicotomías de la polarización.
La comunicación generada desde Provea debe atesorar uno de los atributos más preciados en tanto organización no gubernamental: su credibilidad. Por ello está fundamentada en testimonios verificables, indicando claramente las fuentes de donde los hechos y datos son extraídos y contrastando las versiones. Si bien se jerarquiza en la visibilidad los testimonios de las víctimas o potenciales víctimas de violaciones a los derechos humanos, estos señalamientos se acompañan y contrastan, en la medida de lo posible, con las declaraciones de los funcionarios y funcionarias responsables de las omisiones estatales.
La comunicación desde derechos humanos también es una práctica pedagógica. El discurso no solamente revela el acontecimiento, la violación de un derecho, sino que la contextualiza dentro de la eficacia de las políticas sociales y la legislación que la sustenta, para analizar su compatibilidad doctrinaria en materia de derechos humanos. La visibilización de la noticia busca tanto incidir en su resolución como en la generación de empatía en otros grupos populares afectados por una situación similar, estimulando su propia organización y movilización.
Asimismo, prioriza el propio discurso y subjetividad de los afectados y afectadas, lo cual enriquece el tradicional tratamiento lejano y aséptico de las salas de redacción tradicionales. Se elimina la adjetivación innecesaria, la responsabilidad de los funcionarios y funcionarias, en casos de violaciones al derecho a la vida o a la integridad personal, no se establece hasta que no exista una sentencia firme de los tribunales. Sin embargo, se difunde cualquier señalamiento realizado por las víctimas o sus familiares, cuya investigación es una obligación de los órganos de administración de justicia. Además, la comunicación forma parte de la estrategia de exigibilidad desarrollada por Provea en cada caso, por lo que sus redactores y redactoras, al escuchar con dedicación los testimonios de los afectados y afectadas, pueden ayudar a revertir la impotencia y el desasosiego producto de situaciones traumáticas.
Una práctica comunicativa promovida desde una visión de derechos humanos contribuye a ensanchar la visión del conflicto polarizado, centrada en el enfrentamiento y la correlación de fuerzas, y ofrece propuestas y alternativas a la crisis. Al considerar la pobreza como principal violación a los derechos humanos, Provea intenta incluir en la agenda de discusión las políticas sociales, consensuadas democráticamente por la mayor cantidad de actores, que promuevan transformaciones estructurales que incidan en las condiciones de exclusión y miseria de las mayorías, origen de la confrontación. Al ser parte de una organización cuyo lema central es “Todos los derechos para todos y todas”, y que tiene unos valores y una cultura institucional no negociables, independientemente del color del gobierno de turno, la política informativa de Provea se construye con base en “nosotros” y “nosotras”, eliminando cualquier alteridad -base de la polarización- susceptible de ser considerada ciudadano y ciudadana de segunda categoría, cuya vulneración de sus derechos se encontraría justificada por “fines superiores”.
En los últimos meses Provea ha intentado compartir su experiencia, no sólo en el área comunicativa, sino también en la de investigación y sistematización. Fruto de este proceso será la próxima publicación de dos diagnósticos, uno realizado por la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui, acerca de la situación de la vivienda en la región, y el otro por el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), sobre impunidad. Y es que para Provea, las amenazas a los DDHH se deben enfrentar en alianzas en red, creciendo juntos y juntas.
(*) Coordinador del Área de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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