El presidente Nicolás Maduro ha anunciado el inicio de una cruzada contra la corrupción.
Ante la dimensión del fenómeno, que se ha instalado impúdicamente en todos los niveles de la administración pública y políticas sociales, uno espera que haya la suficiente voluntad política para traducir las promesas en realidad.
La corrupción generalizada entre nosotros no se limita a desviar las partidas presupuestarias oficiales a cuentas de banco personales.
Las irregularidades están limitando incluso el acceso a ciertos servicios, como los hospitalarios, vitales para la satisfacción del derecho a la salud.
Son muchas las personas involucradas en estas prácticas y variadas las consecuencias negativas, principalmente para los sectores más pobres de la población, que acuden de manera mayoritaria a los entes públicos de salud.
En el año 2006 Transparencia Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo realizaron su informe global sobre corrupción haciendo foco en las irregularidades presentes en el sector salud.
Sus conclusiones nos pueden servir para entender mejor el fenómeno.
Allí afirman que ciertas características contribuyen a que todos los sistemas de salud, ya sean de financiamiento público o privado, en países ricos o pobres, sean vulnerables a los actos de corrupción:
– En los sistemas de salud prevalece un desequilibrio en la información: los profesionales de la salud poseen más información acerca de las enfermedades que los pacientes, y las empresas farmacéuticas o de suministros médicos saben más acerca de sus productos que los funcionarios públicos encargados de tomar las decisiones de gastos. Si se dispone de más información, se pueden reducir las pérdidas generadas por la corrupción.
– La incertidumbre en los mercados de salud –no saber quién se enfermará, cuándo ocurrirá la enfermedad, qué clase de enfermedades contrae la gente y cuán efectivos son los tratamientos– constituye otro obstáculo para los responsables de la formulación de políticas, puesto que dificulta la gestión de los recursos, incluidos la selección, monitoreo, evaluación y prestación de servicios de atención de salud y el diseño de planes de cobertura médica.
El riesgo de corrupción es aún mayor en situaciones de emergencia humanitaria cuando se hace urgente la atención médica, razón por la cual generalmente se omiten los mecanismos de control.
– La complejidad de los sistemas de salud, en particular del gran número de actores involucrados, exacerba las dificultades de generar y analizar la información, promover la transparencia, y detectar y prevenir la corrupción.
Las relaciones entre los proveedores de suministros, las entidades que brindan atención sanitaria y los responsables de la formulación de políticas públicas suelen ser poco transparentes y pueden derivar en la distorsión de las políticas, lo que resulta negativo para la salud pública.
Transparencia internacional categorizó varias clases de corrupción en el sector salud:
– Malversación y robo del presupuesto de salud o de las tarifas pagadas por los usuarios.
Esto puede ocurrir a nivel del gobierno local o central, o bien cuando se asigna la responsabilidad a una autoridad sanitaria en particular o a un centro de servicio. Los medicamentos y los suministros o equipos médicos pueden sustraerse para uso personal, para uso en consultorios privados o para su reventa.
– Corrupción en las contrataciones públicas.
La connivencia, los sobornos y las comisiones ilegítimas en las compras generan sobrepagos de bienes y servicios contratados o incumplimiento de las normas contractuales de calidad.
Además, los gastos hospitalarios pueden incluir grandes sumas para la construcción de edificios y la compra de costosas tecnologías, áreas de contratación pública que son particularmente susceptibles a la corrupción.
– Corrupción en la cadena de provisión farmacéutica.
Los productos pueden ser desviados o bien sustraídos en varios puntos de la cadena de distribución; los funcionarios pueden exigir “tarifas” para aprobar productos, facilitar procedimientos de aduanas, o para fijar precios; la violación de las prácticas establecidas en los códigos de comercialización de la industria puede distorsionar las prescripciones de los profesionales médicos; se pueden exigir favores a proveedores como condición para recetar sus medicamentos y se puede autorizar la circulación de medicamentos adulterados u otras formas de fármacos de calidad inferior a lo establecido.
– Corrupción en la prestación de servicios de salud.
Puede adoptar muchas formas: extorsionar o aceptar pagos por debajo de la mesa por servicios que supuestamente deben brindarse de manera gratuita, pedir pagos a cambio de privilegios o tratamientos especiales y exigir o aceptar sobornos para influir en las decisiones de contratación, licencias, acreditación o certificación de las instalaciones.
Entre las recomendaciones realizadas para revertir esta situación se encuentran una vital: el acceso a la información pública sobre políticas sanitarias: Divulgación regular de información en Internet sobre presupuestos de salud y el desempeño de los centros de atención a nivel local y nacional.
Las reparticiones gubernamentales, los hospitales, las instituciones que ofrecen seguros de salud y otras entidades que manejen fondos deben estar sujetas a auditorías independientes.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
@fanzinero
