Desde la implementación de las políticas sociales conocidas como “Misiones”, que Provea reconoció y saludó en su momento, alertábamos sobre el peligro para su sostenibilidad en el tiempo que las mismas fueran sustentadas por la política de subsidios intensivos, provenientes de la alta renta petrolera, sin realizar los cambios estructurales necesarios que fortalecieran un cultura institucional de prestación de servicios públicos oportunos y de calidad.
La disminución del aparato productivo nacional, la dependencia de las importaciones así como la creciente dolarización de nuestra economía ha obligado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar, progresivamente, una serie de medidas que en su conjunto están disminuyendo la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores y trabajadoras.
Para superar su déficit fiscal, voceros del Ejecutivo han anunciado el retiro de subsidios en diferentes áreas, así como la disminución y recorte de gastos en el aparato estatal. Entre opositores y oficialistas hay consenso que estamos adentrándonos en una crisis económica cuyo impacto y magnitud estarían por verse.
Como establece en un análisis el Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR por sus siglas en inglés) la crisis económica es un problema de derechos humanos, no sólo a causa de sus graves consecuencias, sino también debido a las causas estructurales subyacentes de la crisis, que se relacionan directamente con incumplimientos de los derechos humanos.
Bajo una perspectiva de derechos humanos, los gobiernos son responsables de generar las condiciones en las que sus ciudadanos (y otras personas que viven en sus territorios) pueden ejercer toda la gama de sus derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales.
Los derechos humanos establecen diversos tipos de obligaciones para los gobiernos. Estos incluyen el deber de adoptar medidas positivas para cumplir con los derechos humanos, así como el deber de respetarlos (absteniéndose de su infracción deliberada), y para proteger a las personas contra los abusos de los derechos humanos por parte de actores privados corporativos o de otro tipo (incluyendo mediante la regulación de las actividades de los actores privados y la garantía de la justicia y la reparación a las víctimas de abusos).
Algunas obligaciones de derechos humanos son inmediatas, incluyendo el deber de no discriminación y los derechos de que se abstengan de dañar o abusar de los derechos humanos. Otras obligaciones, teniendo en cuenta el contexto de recursos limitados, pueden lograrse progresivamente en el tiempo pero donde los gobiernos tienen que demostrar que están tomando medidas positivas, utilizando al máximo la disposición de recursos y haciendo progresos constantes en la realización de estos derechos.
El retiro del Estado de áreas que en los últimos años funcionaban gracias a su inmensa inyección de recursos dibuja un corto y mediano plazo preocupante para la vigencia de las garantías presentes en la Constitución. El CESR ha propuesto, en el marco de crisis económicas, respuestas inmediatas para hacer frente a sus consecuencias.
La primera es abstenerse de violar los derechos civiles y políticos como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación y derecho a la información. En lugar de utilizar desproporcionadamente la fuerza contra manifestantes, la protesta social debe ser respetada como parte del debate democrático, permitiendo la participación ciudadana activa en el diseño y seguimiento de los impactos de las medidas económicas.
En segundo lugar proponen un piso mínimo básico en derechos económicos y sociales eficaces para todos. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar los «niveles esenciales mínimos» que son esenciales para la supervivencia y una vida con dignidad.
El cumplimiento de esta obligación debe jerarquizarse por sobre cualquier otra consideración política o económica. También significa presupuestos suficientes para asegurarse que no hay retroceso en la provisión de bienes y servicios esenciales para los sectores más vulnerables.
Proteger a los más vulnerables y garantizar la no discriminación es la tercera medida. Entre nosotros se traduce que las medidas no deberían desmantelar las misiones sociales y que el otorgamiento de recursos no debe utilizarse como una estrategia de exclusión y para controlar lo que debe ser la libre participación comunitaria. También exige medidas especiales para proteger los derechos de las mujeres, las minorías y otros grupos que se están especialmente amenazadas en esta crisis.
Como dice el CESR la perspectiva de derechos humanos requiere un enfoque no sólo con las consecuencias de las políticas y programas, sino también los procesos por los cuales son decididas y adoptadas esas políticas.
Esto significa que, en la respuesta a la crisis, los programas deben ser diseñados, implementados y evaluados en un manera que se garantice la transparencia, la participación plena (incluyendo las mujeres) y los mecanismos de los institutos para la responsabilidad y compensación. En estos momentos difíciles es cuando se pondrá a prueba la vocación del gobierno por los sectores populares.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
