En su pasado informe “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político Provea realizó un balance del comportamiento de los derechos civiles y políticos en durante década y media, período 1997-2011. Las cifras, basadas en estadísticas oficiales, demuestran que hay mucho por hacer en el país para asegurar la dignidad humana.
El derecho a la integridad personal mostró un comportamiento oscilante. En total se denunciaron 10.768 víctimas, de las cuales 421 correspondían al patrón torturas. El resto se repartió entre malos tratos, heridos, allanamientos ilegales y amenazas realizadas por funcionarios policiales o militares. La recurrencia de los casos no ha tenido un comportamiento uniforme, teniendo como picos los años 1994, 2004 y 2010. Las principales debilidades diagnosticadas fueron impunidad generalizada en los casos de denuncias de torturas por parte del sistema de administración de justicia; Falta de formación en derechos humanos que unido a la tradicional cultura de violencia de en la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad fomentan las prácticas de torturas y malos tratos a las personas detenidas y, por último, las malas condiciones laborales y de dotación de los cuerpos policiales que afectan el desempeño de los funcionarios.
El análisis sobre el derecho a la justicia revela la persistencia de la falta de independencia del poder judicial. Durante el lapso de estudio han persistido el desbalance entre jueces provisorios y titulares, siendo para el 2010 la cantidad de 1479 provisorios, mientras que los titulares apenas alcanzaban la cantidad de 435 jueces, un 23% del total. Entre los años 2006 y 2010 de 30.000 casos denunciados de violación a los derechos humanos el 93% fue rechazado, recibiendo apenas el 0,28%, es decir apenas 84 casos, una sentencia en un tribunal. Entre el 2000 y el 2007 la cifra de 6.885 funcionarios policiales y militares fueron acusados por participar en violaciones al derecho a la vida, siendo apenas 412 privados de su libertad para realizar las investigaciones o sancionados por los hechos.
En el derecho a la seguridad ciudadana las principales debilidades encontradas fueron que pesar de los altos índices de criminalidad y violencia existentes en el país el gobierno nacional ha minimizado la importancia de la consulta y la participación activa de ONG de derechos humanos, observatorios de violencia y criminalidad y expertos en criminología para elaborar una política integral de seguridad. Por otro lado algunos funcionarios del gobierno nacional apoyan la tesis de que la inseguridad es un asunto de percepción y no manifestaciones reales del fenómeno de violencia delictiva. La tasa de homicidios ha mostrado una tendencia zigzagueante, siendo mayor la del año 2008 (52 por cada 100 mil habitantes) y menor la del año 1997 (19 por cada 100 mil habitantes). Escandaloso es el aumento de la cantidad de secuestros en el país, siendo su aumento de 827% entre los años 1996 y 2010. Lo preocupante es que las denuncias insisten que los mismos se realizan con participación y/o complicidad de funcionarios policiales. El caso venezolano contradice la afirmación que a menor pobreza menor violencia ciudadana, por lo que habría que revisar con atención y complejidad las razones de nuestra especificidad.
Sobre el derecho a la vida tenemos que entre los años 1997 y 2011 ocurrieron un total de 2693 violaciones al derecho a la vida en el país. Entre las principales victimarias se encuentran, en primer lugar, las policías estadales con un 50% de los casos. Seguidamente se ubican policías municipales (16%), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (14%) y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (13%). Las estadísticas oficiales revelan una situación invisibilizada: La creciente participación de militares en violación a los derechos humanos, específicamente en el derecho a la vida. Los estados donde más ocurrieron estos delitos fueron Distrito Capital (525 casos), Anzoátegui (365 casos), Miranda (250 casos), Zulia (225 casos) y Bolívar, en quinto lugar (212 casos). El patrón más recurrente fue el de ejecuciones (66%), seguido de uso excesivo de la fuerza (8%). Provea considera como principales desafíos en materia de protección del derecho a la vida afrontar la impunidad de las violaciones al derecho a la vida con iniciativas conjuntas del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría, que permitan acelerar las investigaciones y el desarrollo de los juicios para sancionar a los responsables. También consolidar la iniciativa del Ministerio Público de proseguir la ampliación de unidades criminalísticas a nivel nacional con el Plan de Seguimiento de Casos sobre Violaciones de Derechos Fundamentales, y reactivar la publicación de estadísticas interrumpidas a partir del 2008. Por último mantener una vigilancia estricta sobre la actuación de los funcionarios policiales de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional, creando conciencia del respeto absoluto al derecho a la vida y la magnitud de las ejecuciones acaecidas en el país en el pasado reciente.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
investigació[email protected]
@fanzinero
