Rafael Uzcátegui (*)
A partir del pasado 3 de junio comenzó en la ciudad de Ginebra, Suiza, la 104ava Convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A continuación transcribimos la interesante intervención de Marcela Máspero, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), en la Comisión de Aplicación de Normas sobre la situación de la libertad sindical en el país, como consecuencia de la violación del Convenio 87 de la OIT:
“Señora presidenta y demás representantes: Hace 12 años conocimos esta casa la cual no creemos que deba utilizarse como instrumento político. Hoy, coherentes con esa postura agradecemos se nos permita exponer la realidad laboral de nuestro país. Desde hace 3 años el gobierno venezolano ha profundizado su política de criminalización de las justas protestas laborales.
Ejemplo el caso de los trabajadores de Sidor, empresa del Estado, que en pleno proceso de discusión de su contrato colectivo, vencido desde hace más de dos años, fueron reprimidos brutalmente por las fuerzas policiales y militares durante la realización de una protesta pacífica ante la intransigencia laboral para lograr acuerdos contractuales. Fueron detenidos tres trabajadores, entre ellos una mujer Lennys Quijada y dos hombres Roderick Leyva y Heberto Bastardo, con antigüedad en la empresa de más de 10 años, bajo el falso argumento de porte ilícito de armas. Estuvieron encarcelados por más de 8 meses, y recientemente liberados con medidas cautelares y régimen de presentación cada 15 días. Las elecciones de ese sindicato, por cierto, que agrupa a 15 mil trabajadores, prevista para enero de este 2015 fueron suspendidas por el TSJ y ayer, el mismo TSJ ordenó volver a notificar a las partes en una maniobra para retrasar nuevamente el proceso electoral. Dirigentes y trabajadores de nuestra central, UNETE, han sido asesinados. El día 16 de abril de este año el compañero Ramón Jiménez, secretario general del sindicato de la construcción del estado Barinas fue acribillado mientras almorzaba. Otro caso emblemático es el de Misael Peña, en el marco del conflicto de Galletera Tejerías, acribillado por sicarios en el portón de esta fábrica. Y ante la flagrante impunidad, decidimos ocupar con más de 100 trabajadores la sede principal del Ministerio Público para exigir justicia y salvaguardar la vida de nuestro principal dirigente en el estado Aragua. Hoy se nos impide el acceso a esa sede hasta para realizar trámites administrativos.
Por otro lado queremos confesar ante el mundo hoy, que la política de recuperación, expropiación y nacionalización de fábricas de empresas por el gobierno, apoyada y promovida desde UNETE, ha sido un rotundo fracaso. Nuestros hermanos trabajadores y líderes sindicales de esas empresas han perdido la esperanza por un modelo de gestión diferente. El 95% de estas empresas hoy tienen serias fallas en el mantenimiento, en la infraestructura y, sobre todo, han disminuido su capacidad para producir. La lucha contra la discriminación impuesta por esa tecnoburocracia de las empresas ha generado imputaciones penales, persecución, amedrentamiento, despidos, desmejoras en condiciones laborales, prisión, satanización ética y moral para cientos de trabajadores y dirigentes sindicales de esas empresas. Con intervención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, policía, Guardia Nacional, Ejército, tribunales nacionales, civiles, mercantiles, penales, fiscales del ministerio público y defensoría del pueblo, todos a favor del patrono público o privado se han criminalizado los conflictos de galletera Carabobo, Souto, Petrocasa, Lacteos Los Andes, Carbonorca, Venalum, Centrales Azucareros, Agropatria, Fábrica de Cemento y cientos de conflictos en el país. En el sector petrolero de gravedad el caso de José Bodas, Secretario General de la única Federación Petrolera existente en el país, detenido por la Guardia Nacional Bolivariana en una instalación petrolera cuando entregaba volantes sindicales. O Iván Fréitez, también directivo nacional, despedido por denunciar la falta de mantenimiento de la refinería de Paraguaná, esa famosa donde después ocurrió una explosión que ocasionó más de 50 muertos. En el sector cementero, vinculado con el caso 3016 de libertad sindical está nuestro compañero Orlando Chirinos secretario general del sindicato del estado Lara y el cual estando reelecto recientemente se le prohíbe ejercer su acción sindical usando la Guardia Nacional Bolivariana.
Con ocasión de la visita de la Comisión Tripartita de alto nivel, en enero del año pasado, presentamos 30 casos sustentados por los propios protagonistas, las recomendaciones hechas por esa misión relativas a la necesidad del diálogo social y todas las demás consideraciones de todos los demás órganos de control de esta casa han sido desechadas de plano por el gobierno a pesar de los esfuerzos realizados por la CCI, CSA y a ISP a quienes agradecemos públicamente su aporte para promover el diálogo y a la WAO por habernos acreditado en esta conferencia para decir nosotros mismos y no otros, como el vocero de los empleadores, nuestra realidad en el movimiento sindical venezolano, ya que las 4 centrales que representamos el movimiento sindical autónomo y democrático fuimos excluidos por 2do año consecutivo de la delegación oficial”.
(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
