rafael uzcateguiEn sus visitas a diferentes ciudades del país para la atención a víctimas de casos de violaciones a los derechos humanos, Provea tiene la oportunidad privilegiada de contar con testimonios de primera mano acerca de la situación del país en sus diferentes dimensiones. En los últimos meses hemos percibido en diferentes puntos del país: Bolívar, Lara, Carabobo y Aragua, entre otras, una situación novedosa con respecto a la dinámica movimientista en los últimos años: Signos de confluencia de personas de diferentes posturas políticas para enfrentar un problema común.

Como hemos venido registrando en nuestro Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la polarización política instalada en el país desde comienzos de 1999, e intensificada desde el año 2002, había neutralizado la necesaria autonomía de los movimientos sociales, cuyos principales liderazgos comenzaron a identificarse en torno a la principal pugna política en el país, chavismo versus antichavismo, postergando sus propias demandas sectoriales y electoralizando sus agendas de movilización. Esta situación debilitó la posibilidad de materializar las garantías para los derechos humanos expresadas en la Constitución de 1999. Para Provea una necesaria condición para la vigencia de las condiciones que hacen posible la dignidad humana es la existencia de organizaciones populares, independientes y democráticas, que funcionen como contrapoder a la gestión gubernamental en todos sus niveles y recuerden permanentemente sus compromisos, contradicciones y limitaciones. Además, el despliegue y expansión del accionar de los movimientos sociales crean nuevas formas de acción y relación política, renuevan la cultura simbólica –y en últimos términos la cultura en general- y son laboratorios de generación de ciudadanía. Por esta razón diferentes analistas coinciden al plantear que son los movimientos sociales, y no los gobiernos, los que pueden estimular cambios estructurales en las sociedades. Esta posibilidad, en cambio, ha sido mediatizada entre nosotros. Muchos activistas que protagonizaron luchas importantes en la década de los 90´s, hoy no pueden sentarse en la misma mesa. 15 años después, la desconfianza, los adjetivos y las acusaciones mutuas han fragmentado y estancado movimientos y redes que fueron muy importantes en la lucha contra el neoliberalismo hace dos décadas atrás. El interés por ganar elecciones sustituyó las agendas sectoriales, tan importantes como las de la gran política. Los lazos de solidaridad privilegiados han sido de naturaleza vertical, por lo que han sido casi inexistentes las expresiones de apoyo entre las diferentes luchas, necesariamente desplegados horizontalmente y bajo el convencimiento que existe un contexto que afecta al conjunto. Quienes denunciaban la cooptación estatal y partidaria de los movimientos sociales han lanzado un alerta al vacío, sin oídos receptivos.

estas iniciativas están, a su vez, creando piedra sobre piedra un discurso que habla que sin desconocer los logros sociales alcanzados en los últimos años, es necesaria una práctica que supere las contradicciones que impiden al gobierno bolivariano materializar su propio discurso 

Sin embargo, la profundización de la crisis económica, la cual ha catalizado la crisis de representación política, está obligando, aquí y allá, a la gente a encontrarse y orbitar en torno a otros referentes, el de afectados por una crisis que les es común. Mientras los liderazgos continúan apostando a la estrategia electoral, las bases de algunos sectores se han movilizado para enfrentar problemas que les son cotidianos, como han sido los maestros y los trabajadores de Sidor. En el occidente del país, trabajadores de empresas expropiadas por el Estado están tejiendo lazos para vencer el miedo y organizar acciones conjuntas para denunciar el retroceso de sus condiciones laborales. En Caracas los voceros de algunas centrales sindicales están dialogando y realizando las primeras acciones conjuntas, obviando sus diferencias políticas, para enfrentar la arremetida estatal contra la libertad sindical. En Mérida, tras años de paralización del proceso de demarcación, las propias organizaciones indígenas y sus aliados se han convocado a un próximo encuentro nacional para consensuar una ruta reivindicativa del derecho a la tierra de las comunidades indígenas. En Cariaco, la amenaza de construcción de un recinto penitenciario lanzó a la población a la calle, olvidando en la acción las diferencias que hasta ayer les impedían trabajar juntos. Pequeños emprendimientos sí, pero que contrastan con el escenario polarizado que ha primado en los últimos tiempos, y que cuya generalización recompondrían el escenario geopolítico del país, permitiendo la expresión de diferentes identidades sociales alejadas de la camisa de fuerza “chavismo-antichavismo”. Lo interesante es que estas iniciativas están, a su vez, creando piedra sobre piedra un discurso que habla que sin desconocer los logros sociales alcanzados en los últimos años, es necesaria una práctica que supere las contradicciones que impiden al gobierno bolivariano materializar su propio discurso redentor. Si esto continúa así, en algún momento llegaran a realizar una contextualización de la situación del país dentro de la dinámica globalizada que les permita entender que, independientemente del gobierno que se encuentre instalado en Miraflores, será la beligerancia y la autonomía de las organizaciones de base las que permitan defender los derechos existentes y conquistar algunos nuevos en pos de aumentar la calidad de vida de las mayorías. Desde Provea seguiremos estimulando la organización popular, libre y autónoma, para la defensa de los derechos humanos.

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