La impunidad se ha convertido en uno de los graves problemas en la situación de los derechos humanos en el país.
Uno de sus alicientes son las irregularidades en el sistema de administración de justicia, que no garantizan lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el acceso a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita para todas y todos.
En el diagnóstico realizado por Provea en su Informe Anual, son señalados como principales fallas del sistema la falta de independencia del poder judicial como consecuencia de la ausencia de concursos públicos de oposición para la designación de jueces y juezas.
Lo que parecería el simple incumplimiento de un procedimiento burocrático ha devenido en que la mayoría de los jueces y juezas han sido escogidos “a dedo” con carácter provisional, por lo que sus decisiones adolecen de la autonomía necesaria para el cumplimiento de las garantías procesales.
Un segundo problema es la grave situación de retardo procesal, ejemplificada en la situación de las personas privadas de libertad: apenas un 31% de los internos e internas de las cárceles del país cuentan con una sentencia firme.
Jueces más interesados en conservar su puesto que en impartir justicia junto a una maquinaria burocrática engorrosa y lenta son una mezcla letal para las aspiraciones del ciudadano de a pie en obtener justicia.
A esto habría que sumar la participación de funcionarios policiales y militares en violaciones al derecho a la vida, que según datos recopilados por Cofavic logran la impunidad en el 96% de los casos.
Esta situación afecta a centenares de familias venezolanas que han sido víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos, con especial focalización en núcleos familiares de escasos recursos.
Estadísticas dramáticas materializadas en personas con rostro y con una historia de vida.
Un caso, entre tantos, es el del joven José Manuel Delmoral, privado de libertad desde noviembre del 2009, acusado de ser el presunto responsable de la llamada “Masacre de Guanipa”, cuando en diciembre del 2008 un pastor evangélico Jean Carlos Salazar fue brutalmente asesinado junto a su esposa y su pequeña hija.
A pesar que familiares y amigos se han movilizado activamente para demostrar su inocencia y las pruebas presentadas en el proceso han sido insuficientes y contradictorias, el tribunal acaba de ordenar el reinicio del juicio cuando faltan pocos días para cumplir 4 años de privación de libertad de un inocente.
Transcribimos parte del comunicado que familiares y amigos de José Manuel Delmoral están difundiendo a partir de esta última “novedad” en el caso:
“Sin ser abogados nunca habíamos visto tanta barbaridad y exabruptos jurídicos por parte de un Juez venezolano, ya que se les sometió a la prueba de reconocimiento de individuo en violación al debido proceso, por cuanto el sujeto reconocedor era otra persona que estaba preso con ellos en la misma celda; y por la misma causa, cuando ésta prueba es exclusiva para testigos.
Éste tribunal admitió la declaración de este otro preso como prueba anticipada y sin la presencia del resto de las partes, violándoseles el derecho a la defensa.
Éste preso delator admitió los hechos, es decir, mató a esas tres personas, les quemó la casa, tenía una banda delictiva, practicó actos lascivos contra una de las víctimas y después de estar en prisión mató a otra persona más, y lo más insólito es que todavía no han pasado la copia del expediente al Tribunal de Ejecución para que se le ejecute la irrisoria pena de ocho (8) años de prisión; que fue la pena que le impusieron por la muerte de esas tres personas (…) ese año hubo diez diferimientos y el Tribunal no hacía nada para evitarlo (…)
Casualmente 15 expertos y 15 testigos que formaban parte de los supuestos 87 elementos de convicción con los que contaba el Ministerio Público y la parte querellante para probar la responsabilidad penal de estos jóvenes y lo más grave es que el único indicio que tienen es el dicho del delator PEDRO SOLÓRZANO (…)
Cabe destacar que los jóvenes JOSÉ MANUEL DELMORAL ORTEGA, CARLOS ADÁN GONZÁLEZ ORTEGA Y LUIS ÁNGEL AGUILARTE MARIÑO voluntariamente se ofrecieron a que se les practicara una prueba de ADN, la cual fue tomada para su análisis en diciembre de 2009, y a esta fecha, todavía no han sido revelados los resultados, puesto todos sabemos que son negativos al compararlos con cualquier prueba en la escena del crimen (…)”.
El caso de José Manuel Delmoral es el drama padecido por muchas familias venezolanas, atrapadas en la telaraña de intereses, presiones y privilegios que niegan el derecho a la justicia como se encuentra establecido en nuestra Carta Magna.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
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@fanzinero
