El pasado 29 de octubre se cumplieron 25 años de la masacre de El Amparo.
En esa fecha fueron asesinados 14 pescadores en el sector caño La Colorada, cerca de la población de El Amparo, estado Apure, por efectivos militares y policiales que integraban el Comando Específico «José Antonio Páez» (Cejap).
El gobierno de Jaime Lusinchi usó los medios públicos para intentar convencer a la población que se trataba de unos guerrilleros colombianos y que los patriotas funcionarios estaban defendiendo la soberanía nacional.
Sin embargo el testimonio de dos sobrevivientes, Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias desmontó la mentira gubernamental.
El pueblo de El Amparo rechazaba en la calle los señalamientos contra algunos de sus habitantes. En el resto del país, la protesta encabezada por el movimiento estudiantil rechazaba el crimen de Estado.
El poder del Estado continuó avalando la mentira.
La investigación de los hechos fue asumida por la justicia militar, quienes llegaron incluso a condenar a los dos sobrevivientes y absolver a los asesinos materiales e intelectuales.
Como el sistema de administración de justicia en el país garantizó la impunidad, a las víctimas no le quedó más alternativa que acudir a las instancias internacionales de protección: Primero a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 14 de septiembre de 1996, ocho años después, la Corte sentenció ordenando investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como la indemnización de las víctimas. Durante el gobierno del ex presidente Rafael Caldera se pagó el 95% de esas indemnizaciones y en el año 2005, durante el gobierno del expresidente Chávez, el 5% restante.
En los dos gobiernos, sin embargo, reinó la impunidad. En los dos gobiernos algunos de los asesinos ocuparon cargos gubernamentales.
Hoy, 25 años después, una de las violaciones a los derechos humanos más emblemáticas del pasado continúa en la injusticia. La propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha desconocido la solicitud de reunión, que desde hace cuatro años solicitan los sobrevivientes y familiares, para que se traslade a El Amparo y escuche sus demandas de justicia.
Durante el proceso político que empezó en 1998 muchos dirigentes actualmente en el gobierno han nombrado a la masacre de El Amparo como uno de los acontecimientos más graves en materia de derechos humanos en el país. Sin embargo, uno de los presuntos autores intelectuales, Ramón Rodríguez Chacín fue dos veces ministro del Interior del gobierno de Chávez y actualmente gobernador. El reino del doble discurso.
Con toda la tragedia sin fin que constituyen los asesinatos de Estado y la impunidad en la emboscada del Caño La Colorada, así como que la población de El Amparo continúe siendo un ejemplo de la ausencia de una política integral de desarrollo de los pueblos fronterizos del país, podemos extraer algunas enseñanzas de la Masacre.
La primera es la importancia de la solidaridad. El pueblo de El Amparo, venciendo el miedo y las posibles represalias, salió masivamente a la calle para rechazar los señalamientos contra los pescadores y sobrevivientes.
El entierro de las víctimas se transformó en una gran demostración de duelo y rabia popular. Días después, fueron los propios pobladores quienes resguardaron el proceso de exhumación, vigilantes que las pruebas no fueran manipuladas indebidamente.
La reacción popular fue clave tanto para refutar desde el comienzo la versión oficial como para que otros sectores, como las organizaciones de derechos humanos, se sensibilizaran por el caso.
Como consecuencia, se estableció un segundo nivel de solidaridad. Estudiantes de todo el país se movilizaron contra lo que consideraban un crimen abyecto y protagonizaron jornadas de duros enfrentamientos con los cuerpos policiales.
Algunos analistas consideran que estos episodios de indignación generalizada incidieron en lo que después sería el levantamiento popular de “El Caracazo”. Lo importante es que otros sectores hicieron suyas las demandas de justicia de los familiares, relaciones horizontales de apoyo que hoy, en tiempos de polarización, parecen extraordinarias.
Un tercer aprendizaje lo constituye el valioso papel de medios y periodistas cuando deciden apostar por la verdad de los hechos contradiciendo la versión oficial.
El jefe de información gubernamental de la época, Carlos Croes, encabezó la estrategia gubernamental de avalar la tesis del enfrentamiento.
Algunos medios, como RCTV y El Nacional dieron espacios a las voces disidentes y algunos de sus periodistas, como Gustavo Azocar, Fabricio Ojeda (El Nacional), e Indalecio Chacón Araque (El Universal) fueron hostigados por las autoridades por investigar y revelar elementos que no coincidían con lo emitido desde Miraflores.
El cuarto elemento es la utilidad de los mecanismos internacionales de protección, como la Corte y la Comisión, para alcanzar la justicia negada por las instancias locales.
Esta oportunidad ha sido negada por el gobierno actual, al deslegitimar estos mecanismos. Nos tocará seguir activando la movilización solidaria y la documentación y visibilidad de las violaciones a los DDHH.
(*) Coordinador de investigación de Provea
www.derechos.org.ve
@fanzinero
