Rafael Uzcátegui (*)
Venezuela es uno de los 164 Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y, por lo tanto, debe presentar informes periódicos ante el Comité de 18 expertos internacionales independientes sobre cómo se está implementando este acuerdo asumido, soberanamente, por los diferentes países. En este pacto, aprobado el 16 de diciembre de 1966, desarrolla más los derechos sociales que fueron incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Periódicamente, el Comité evaluador del PIDESC evalúa a los diferentes Estados en materia de derechos como vivienda digna, salud, alimentación, indígenas, seguridad social y combate a la pobreza, por nombrar algunos, y posteriormente establece una serie de recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los mismos. Venezuela, por tanto, ha asumido compromisos en la materia que está obligado a cumplir. Además, como se recordará, los pactos internacionales suscritos en materia de derechos humanos obtuvieron estatus constitucional en la Carta Magna de 1999.
Sin embargo, la actitud del gobierno venezolano desde esa fecha ha sido el progresivo desconocimiento de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Por ejemplo, tras la denuncia de la Convención Americana, el país ya no se encuentra bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, diferentes voceros del alto gobierno han criminalizado a los activistas que acuden a estas instancias.
Resumidamente, el mecanismo de evaluación es el siguiente: El Estado venezolano presenta un informe, sobre el cual el Comité PIDESC, apoyado en información que remite la sociedad civil, realiza una serie de preguntas que posteriormente son respondidas por las autoridades nacionales. Sobre estas afirmaciones las ONGs remiten un nuevo informe al Comité sobre las omisiones o contradicciones presentes. Finalmente se designa una fecha para que Los miembros del Comité establezcan un diálogo con la delegación del Gobierno venezolano sobre asuntos relacionados al Pacto. Esta sesión, en la que participan representantes de la sociedad civil, se realiza en la ciudad de Ginebra, sede del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Finalmente, el Comité realiza recomendaciones de políticas públicas a ser asumidas por el Estado.
Entre las organizaciones que presentaron informes alternativos al Pacto se encuentra el Foro por la Vida, una coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos de la cual Provea forma parte. A continuación, parte del resumen ejecutivo de dicho informe, el cual consta de más de 50 páginas.
“El contexto de país en el que se elabora este informe es desfavorable para la satisfacción de los derechos sociales, vista la severa disminución de ingresos públicos, la dependencia de importaciones para cubrir necesidades básicas, una creciente devaluación de la moneda que genera elevados índices de inflación y una gestión de gobierno en la que se han acentuado tendencias antidemocráticas y autoritarias expresadas en la negativa del Estado a un diálogo plural y democrático con todos los sectores de la sociedad venezolana, la militarización interna de la gestión pública y la aplicación de medidas contra los derechos de expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica.
La situación de los derechos sociales en Venezuela sigue un acelerado proceso regresivo de los avances de inclusión social, por el efecto de medidas económicas con severos costos sociales y persistentes políticas incoherentes, ineficaces e ineficientes que han demostrado resultados limitados –a pesar de los cuantiosos recursos invertidos.
A esto se une la falta de acceso a la información pública, la permanentes campañas de descalificación y hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos, y el debilitamiento del acceso de los venezolanos a las instancias regionales de protección, que aumentan el desamparo de las víctimas de violación a los derechos humanos”.
En el informe se le solicitó al Comité exhortar al Estado venezolano a garantizar la compatibilidad y congruencia de las medidas de carácter económico, con su responsabilidad de proteger los derechos sociales de toda la población, y evitar que su aplicación pueda causar retrocesos en su ejercicio y disfrute; así como promover un debate plural que permita evaluar las razones por las cuales se está dando un proceso de regresión en la lucha contra la pobreza, para que por la vía del consenso se definan medidas urgentes e integrales, de naturaleza económica y social, que es su responsabilidad implementar para revertir este proceso y sacar de la pobreza a millones de venezolanas y venezolanos.
También el dar prioridad a la promulgación y efectiva aplicación de leyes que garanticen los derechos a la salud y a la seguridad social conforme a lo estipulado en el texto constitucional, así como garantizar que la información relativa a las políticas sociales sea de acceso público y pueda ser consultada por sus beneficiarios.
Toda la información sobre el examen a Venezuela puede encontrarse en http://www.examenonuvenezuela.com o seguirse por la cuenta twitter @VE_ONU
(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
[email protected]
@fanzinero
