Venezuela acaba de ser evaluada en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra, sobre el nivel de cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este sería el segundo peritaje de este nivel en apenas un mes. La primera, como recordaremos, fue sobre su desempeño sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ello queremos hacer un balance preliminar sobre ambos exámenes.
En primer lugar, desde las organizaciones de derechos humanos valoramos positivamente el mecanismo. La última vez que el país participó en dicho procedimiento fue en el año 1998. Ambos comités, tanto el de derechos sociales como el de derechos civiles y políticos, están conformados por una serie de expertos independientes, con una alta experticia en los diferentes derechos examinados. Los comités pudieron intercambiar con el Estado venezolano una serie de documentos, lo que sumado a los informes alternativos remitidos desde la sociedad civil, proporcionaron una serie de informaciones que comisionados y comisionadas, representativos de un abanico de países diversos, pudieron consultar antes de la última fase del diagnóstico. La participación del país pudo colocar en el centro de la discusión las obligaciones estatales para la vigencia de la dignidad en el país. Además, legitimar los mecanismos multilaterales que forman parte del sistema universal de protección a los derechos humanos.
El resultado, tanto de uno como de otro, serán una serie de recomendaciones para mejorar integralmente la situación de los diferentes derechos. Por tanto estas propuestas, que deberían ser de obligatorio cumplimiento por el Estado, representan una oportunidad para que los diferentes sectores del país contaran con una hoja de ruta para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. Las recomendaciones son una agenda de trabajo que debería promoverse de manera inclusiva, siendo una oportunidad para que el gobierno genere los espacios de diálogo y consenso que permitan fortalecer la democracia entre nosotros.
Como lo expresó el presidente de la comisión evaluadora a Venezuela, Fabián Salvioli, la larga ausencia de Venezuela de este tipo de mecanismos, propios de la diplomacia internacional y de los compromisos en materia de derechos humanos, explica la actitud de los funcionarios y funcionarias frente a dicha interpelación. Las preguntas e interrogantes realizadas por los comisionados y comisionadas, con el objetivo de obtener la mayor y mejor información posible, fue tomada por los representantes estatales como un ataque. El ministro Ricardo Menéndez perdió la compostura cuando diferentes expertos le pidieron, desde un continente que ha sido testigo de dos conflictos bélicos mundiales, mayores explicaciones sobre ese concepto tan reiterativo en su discurso: La “guerra económica”. Por su parte la Fiscal Luisa Ortega Díaz negó sistemáticamente la existencia de problemas en el país, llegando a falsear a la verdad frente a expertos de un comité que contaban con las evidencias en sus expedientes. Por ejemplo cuando negó que su despacho hubiera recibido denuncias sobre hostigamientos a defensores de derechos humanos. El clímax fue cuando presentó ante la audiencia una carta de confesión que fue inmediatamente negada por la víctima, la jueza María Lourdes Afiuni, como verdadera. Ante la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas a lo interno del país, tiene que ser a muchos kilómetros de distancia donde los voceros del Estado venezolano se vean obligados a responder una serie de interrogantes sobre su gestión.
La estrategia de presentar a funcionarios de gobierno como supuestos voceros de organizaciones de la sociedad civil tampoco resultó en este espacio. Como Venezuela no es el único Estado examinado, y algunos otros países utilizan las mismas estratagemas para maquillar su situación, los expertos rápidamente separan la paja del grano. Cuando una persona toma la palabra, desde la supuesta sociedad civil, sólo para alabar la gestión oficial y utilizar una retórica ausente de exigencia de derechos, ajena además a los contenidos y compromisos derivados de cada uno de los pactos, la inversión económica realizada para que esa persona viaje a la segunda ciudad más cara del planeta se ha tirado a la basura.
Ante la poca voluntad de diálogo de las autoridades estatales dentro del territorio, las organizaciones seguiremos acudiendo al escenario internacional para activar los mecanismos multilaterales, de los cuales es parte Venezuela, para que existan contrapesos y compromisos para mejorar la situación de los más vulnerables. La ausencia de independencia de las instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo o el propio Ministerio Público, fue una preocupación recurrente en ambos exámenes. Por ello una consecuencia tanto del proceso como de los resultados es fortalecer la institucionalidad democrática en Venezuela, debilitada por el desvío autoritario en la gestión oficial. Mecanismos que, valga la aclaratoria, tienen rango constitucional según lo dispuesto por la Carta Magna promocionada como “la mejor del mundo” por Hugo Chávez.
(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
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