En 1991 el para entonces fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, difundió una carta pública de dos páginas en un diario de circulación nacional al para ese momento presidente de la República Carlos Andrés Pérez. El tono de la comunicación, las preocupaciones allí expresadas y las exigencias hechas revelan el grado de independencia que antiguamente poseían los funcionarios contralores respecto al poder central.
Un segundo elemento de interés lo constituye que para esa fecha ya se aseveraba que la inseguridad ciudadana constituía uno de los principales problemas del país, por lo que si se hubieran tomado medidas para abordarlo de una manera integral, no hubiera alcanzado las dimensiones en la actualidad. Recordemos algunos pasajes de aquella misiva.
“Desde hace años Venezuela ha venido librando una guerra continua, a veces silenciosa, pero siempre dramática, contra la inseguridad personal y contra la delincuencia. Las estadísticas, no siempre confiables pero generalmente reveladoras, muestran la variedad y multiplicidad de los delitos que se cometen de moco creciente y sin que la sociedad tenga la impresión de que se rechaza y se castiga eficientemente a los delincuentes (…) Hemos venido librando una guerra sin estrategia, sin planes coherentes, con reacciones espasmódicas y aisladas, sin continuidad. En otras palabras, Venezuela tanto en la legislación como en la gestión administrativa, carece de política criminal”.
En el texto, Escovar Salom proponía a la consideración del primer mandatario algunos puntos. El primero, “reconocer que el de la seguridad personal es el primer problema nacional”. Luego, desestimaba las voces que pedían medidas de mano dura para enfrentar la situación: “Para formular una política criminal eficiente no se requiere ni de un gobierno de unidad nacional ni de la suspensión de las garantías constitucionales”.
En tercer lugar, apostaba al diálogo y al consenso: “Puede definirse una política contra el delito en un programa claro y convergente. Es suficiente para estos fines la definición de un plan que sea compartido activamente por todos los sectores de la nación y cuya continuidad sea preservada a largo plazo”. Más adelante agrega, “y no puede actuarse sin un Poder Judicial Eficiente. Un Poder Judicial vigoroso e independiente es más importante para Venezuela que todas las industrias básicas juntas”. Las advertencias sobre las irregulares en el sistema de administración de justicia continuaron: “a esto se agrega la penetración política y el afán de los partidos por colocar en su seno influencias determinadas.
Y como si fuera poco, es un hecho notorio que la opinión pública identifica plenamente la influencia absolutamente inadmisible e ilegítima de individualidades o de grupos o segmentos de la sociedad que pretenden manipular la justicia, ya no en beneficio de intereses partidistas o políticos sino con el afán de lucro personal (…) Un paso esencial en este camino, será definir, por la vía legislativa, ciertas incompatibilidades en el ejercicio de la magistratura y una de ellas, la separación radical del activismo político y la función judicial (…) Menciono la creciente tendencia al nepotismo que ha venido aumentando en Venezuela durante los años de vigencia de la actual Constitución y que sobrepasan largamente los antecedentes”.
“La consideración de que el orden público y la seguridad personal constituyen la primerísima prioridad del país y la convicción de que esta situación necesita una acción enérgica y decidida del Estado, no significaría, en ningún momento, la suspensión del Estado de Derecho puesto que nuestro sistema constitucional, ni aún en el máximo grado de la emergencia, renuncia a su vocación de legalidad (…) Una acción enérgica contra el delito no es ni puede ser la suspensión del Estado de Derecho”. La colaboración del Ministerio Público para defender el orden público no deberá nunca interpretarse como un cheque en blanco para apoyar o respaldas disposiciones atropellantes o autoritarias.
Desde aquel pronunciamiento han transcurrido 23 años. La situación más que mejorar se agravó. En 1991 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 13, para el año 2013 esa tasa se elevó a 79. Hay ciudades como Caracas que sobrepasan la tasa de 100 homicidios. Para 1991 en todo el país hubo menos de 3 mil asesinatos. En el año 2012 el ministro del Interior reconoció la cifra de 16 mil homicidios. En 2013 el Observatorio Venezolano de Violencia calculó un total de 24.763 crímenes.
Develadas las cifras se debe profundizar el diálogo iniciado con la oposición y extenderlo a las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en el diseño de una política integral y consensuada, de corto, mediano y largo plazo. No obstante hay un punto de partida: el diseño original de la Misión a Toda Vida Venezuela. Una buena política de la cual el presidente Nicolás Maduro se aparta progresivamente al militarizar las labores de seguridad ciudadana.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
@fanzinero
