En un reciente comunicado el Foro por la Vida, la coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, expresó su rechazo a la decisión del gobierno ecuatoriano de clausurar mediante un acto administrativo a la Organización No Gubernamental “Fundación Pachamama”, en clara violación a los derechos a la libre asociación y la defensa de la dignidad humana expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Como ha sido un hecho público, el pasado 04.12.13 funcionarios gubernamentales y policiales se presentaron en las oficinas de la Fundación Pachamama para “clausurar” sus instalaciones, tras lo cual les informaban que la aplicación de una resolución del Ministerio del Ambiente de ese país mediante el cual se disolvía una organización que desde el año 1997 defiende los derechos humanos, con énfasis en el derecho al ambiente sano.
El argumento estatal han sido las protestas realizadas en la capital ecuatoriana a finales de noviembre, en donde miembros de la Fundación junto con otros colectivos ambientalistas y líderes indígenas protestaran en los exteriores de la Secretaría de Hidrocarburos luego de la apertura de sobres de la XI Ronda Petrolera que licitó 13 bloque del Suroriente.
En esas manifestaciones dos funcionarios vinculados con la compañía petrolera estatal de Bielorrusia, Belorusneft, fueron agredidos físicamente por presuntos manifestantes a la salida de la Secretaría de Hidrocarburos. El Estado ha responsabilizado de estas agresiones a, nada más y nada menos, a toda la Fundación Pachamama.
Un ejemplo del trabajo de la Fundación Pachamama fue el haber formado parte del equipo jurídico que desde el año 2003 llevó el caso de violación de los derechos del pueblo indígena ecuatoriano Sarayacu al realizar exploraciones petroleras en su territorio sin su consentimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En junio de 2012, luego de casi una década de litigio, la Corte IDH declaró que el Estado ecuatoriano era responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Además el Estado fue declarado responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de dicha comunidad originaria, lo cual se ha convertido en jurisprudencia regional para defender los derechos de los pueblos indígenas de todo el continente.
Por esta razón el Foro por la Vida, integrado por organizaciones venezolanas históricas en la defensa de los derechos humano como Cofavic, Espacio Público, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, Acción Solidaria, Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres y Provea, expresó sus palabras de solidaridad tanto al equipo de trabajo de la Fundación Pachamama como a sus múltiples beneficiarios, especialmente a las víctimas y familiares de violación a sus derechos fundamentales que han sido asesorados por el trabajo de esta organización no gubernamental.
Sus pares venezolanos nos declaramos en solidaridad activa, difundiendo todos los posicionamientos e información de contexto que permitan comprender la gravedad de la decisión tomada por el gobierno de Ecuador. Asimismo, solicitaremos por todas las vías a nuestro alcance que los funcionarios gubernamentales ecuatorianos reviertan una medida que viola diferentes principios y pactos internacionales en materia de protección a los derechos humanos, y que se convierte en un preocupante precedente para la región.
Estamos convencidos del trabajo realizado por la Fundación Pachamama, y creemos que la decisión gubernamental obedece al rol protagónico de esta organización en el activo movimiento ambientalista e indígena que en su país ha cuestionado el modelo de desarrollo promovido por la llamada “revolución ciudadana”, profundizando las políticas extractivistas en desmejora de comunidades indígenas y campesinas, así como del medio ambiente.
Pachamama ha sido una de las iniciativas sociales que actualmente promueve un referéndum para impedir que la reserva natural del Parque Yasuní sea afectada por un inminente proyecto energético. Por ello, en su comunicado han dejado claro que no desean que la ofensiva en su contra distraiga las energías que han sido puestas en la consulta ciudadana, y que apelarán la decisión por todos los medios legales disponibles.
Venezuela comparte con Ecuador el desarrollo de un modelo primario exportador de energía, promovido por los Estados a través de gobiernos progresistas, que los investigadores sobre el tema han calificado como “Neoextractivismo”. En nuestro caso, el llamado “Plan Patria” ha establecido como meta para el 2019 la duplicación de la exploración y comercialización de petróleo y gas.
Asimismo, dos patrones que se repiten en ambos países es la criminalización de la protesta y la aplicación de legislación antiterrorista contra líderes sociales que ejercen su derecho a la protesta pacífica. Es por esto que el destino de la Fundación Pachamama, a pesar de la distancia, nos toca tan de cerca. Y es por ello que debemos recordar a las burocracias, que la solidaridad no tiene fronteras.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
@fanzinero
