Para el día 07 de febrero se encuentra pautado el inicio del juicio contra la Sociedad Homo Et Natura y Provea por haber prestado apoyo, y solidaridad, a la vigilia que el pueblo indígena yukpa realizó frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. Como se recordará, en julio del 2010 menos de un centenar de yukpas, provenientes de la Sierra del Perijá, comenzaron a pernoctar en las puertas del principal tribunal del país para exigir celeridad procesal. Meses antes, en febrero, representantes legales de dos caciques de la etnia introdujeron una acción de amparo constitucional para invocar la aplicación del artículo 260 de la Constitución, el cual expresa “las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes…”. El motivo de la interpelación fue la detención de tres indígenas acusados de estar vinculados a los homicidios ocurridos el 12 de octubre de 2009, producto de un enfrentamiento dentro de una finca, la cual había sido ocupada para presionar al Estado venezolano por la celeridad en el proceso de demarcación de tierras. Por tanto, la protesta indígena frente al TSJ no era un hecho casual, sino consecuencia de dos omisiones gubernamentales: Los nulos avances en el proceso de demarcación de tierras indígenas y el retardo procesal en dar respuesta a la acción jurídica.
Como se denunció en su momento, los indígenas permanecieron varios días en la vigilia sometidos a hostigamientos de las autoridades. El 22 de julio funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPDNA) amenazaron con el retiro del lugar de los niños, niñas y adolescentes de los brazos de sus madres y representantes, para supuestamente salvaguardar su integridad física. Por insólito que parezca, esta es la base de la demanda contra las dos organizaciones defensoras de derechos indígenas.
Desde 1988, fecha de su fundación, Provea ha tenido como mandato acompañar los reclamos de los sectores más vulnerables del país, así como de las diferentes víctimas de derechos humanos. Provea entiende que el trabajo de garantizar el disfrute de la dignidad humana, para todos y todas, pasa obligatoriamente por fortalecer la autoorganización y autonomía de los sectores populares en el reclamo de sus derechos. Por ello Provea reseñó y reivindicó en su página web la toma del tribunal. Entrevistó a integrantes del pueblo indígena y convocó a la solidaridad activa con los yukpas. Ese hecho, informar y además expresar nuestra solidaridad con la lucha de los Yukpa, según el expediente, también son motivos de juicio.
Provea no afirma que esta situación forme parte de un cuadro de arremetida gubernamental actual contra los sectores críticos a la gestión estatal. En cambio, sí considera que es una confirmación del uso del sistema de justicia para criminalizar y disuadir el ejercicio de la protesta pacífica en el país. Esta situación ha sido suficientemente documentada en nuestro Informe Anual, siendo parte de una lamentable tendencia regional. Como lo hemos venido sosteniendo, la criminalización se realiza indistintamente del sector que protagonice la acción de visibilidad: La lucha de los yukpas cuenta con la simpatía de sectores del oficialismo de base.
A pesar de los continuos descalificativos, las campañas de desprestigio y las amenazas de todo tipo, incluyendo las judiciales, Provea continuará de lado de las víctimas. Sin embargo, no es la sanción contra nuestra organización, del tipo que sea, el asunto que más nos preocupa. Una sentencia condenatoria constituiría una jurisprudencia en contra de la posibilidad que los pueblos indígenas de Venezuela ejerzan su derecho a la protesta. Como cualquier estudiante de antropología del primer semestre conoce algunas comunidades indígenas, como es el caso de los Yukpa, actúan teniendo siempre a la unidad familiar como eje de sus acciones. Acusar a los indígenas Yukpa de utilizar a sus niños como escudos humanos es, sencillamente, desconocer su cultura y cosmovisión. Más grave y asombroso calificar como “potenciales asesinos” a unos niños, niñas y adolescentes por el hecho que portaban flechas en los espacios frente al Tribunal. Preguntamos ¿por qué esos funcionarios no se preocuparon y preocupan por las carencias que los indígenas tienen en sus hábitat? ¿Por qué no una acción de protección para exigir al Estado les garantice mejor calidad de vida?
Una extraña paradoja ha hecho que los mismos argumentos contra la lucha Yukpa sean los que el Estado chileno ha utilizado contra los indígenas mapuches. Por otra parte, el juicio será una nueva oportunidad para visibilizar los problemas estructurales padecidos por las comunidades originarias del país: El estancamiento de la demarcación de sus territorios; la ausencia del derecho de consulta previa, libre e informada; el impacto de la explotación energética en sus territorios y la presencia de militares y otros actores armados en sus territorios.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
