Recientemente, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) divulgó un informe sobre la situación de la independencia del poder judicial en el país, bajo el título “Fortaleciendo el Estado de derecho en Venezuela”. Debido al interés por la sistematización de las irregularidades presentes en nuestro sistema de administración de justicia, citamos en extenso sus conclusiones:
“(…) Las instituciones jurídicas del Estado venezolano presentan un debilitamiento importante. Entre otros factores, eso ha traído como consecuencia un clima de inseguridad creciente, que ha afectado a la sociedad y a cada uno de sus actores. Como ha sido observado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe Regional 2013-2014 para América Latina, “[l]a inseguridad tiene múltiples impactos negativos en el desarrollo humano: afecta profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen la vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado. La inseguridad genera importantes costos, desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad física de las personas.”272
Es de suma importancia que las instituciones jurídicas y políticas del Estado –y de manera especial el Poder Judicial y el Ministerio Público– estén fortalecidas y sean el pilar fundamental de la democracia, en tanto que garantes del Estado de derecho. En particular, es necesario que instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General mantengan el contrapeso institucional mutuo y actúen como garantes de que no haya injerencias indebidas de los poderes del Estado en los respectivos ámbitos de competencia exclusiva, o que un poder interfiera en las atribuciones de los demás –como, según las informaciones presentadas, en repetidas ocasiones resulta haber sido el caso del Poder Ejecutivo venezolano, hasta convertirse en una práctica sistemática.
Para ello, es necesario dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Constitución, sin cortapisas ni obstáculos. Para que esto sea posible, es recomendable que los miembros de las instituciones públicas involucradas en la administración de la justicia sean escogidos entre los mejores candidatos, mediante la realización de concursos públicos para el ingreso en la carrera “fundamentado[s] en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia”, y que los ascensos estén “basados en el sistema de méritos”, como la Constitución venezolana de 1999 lo pide. La implementación de esta norma representaría un (primer) paso en el camino hacía la realización de las premisas para una verdadera independencia de magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos y abogados en Venezuela.
Ni bajo la Constitución de Venezuela, ni bajo el derecho internacional puede justificarse que, a más de catorce años después de la aprobación de la Carta Constitucional, la totalidad (menos cuatro) de los fiscales en ejercicio en el país mantengan su cargo en calidad de provisionales, mientras que el porcentaje de los jueces en las mismas condiciones alcanza el 70%. Esta situación hace vulnerable el sistema de justicia, y lo deja expuesto a manipulaciones.
Cuando el sistema de justicia no goza de la independencia necesaria nos encontramos con jueces temerosos de aplicar correctamente la ley, por miedo a represalias o a perder el empleo. Por otra parte, los abogados también tienen temor a ser perseguidos, enjuiciados o que los juicios en los cuales actúan en representación de sus clientes se paralicen; en consecuencia no ejercen todos los recursos que les otorga el ordenamiento jurídico nacional e internacional para la defensa de los derechos humanos. En Venezuela, esta situación se ha hecho más evidente luego de la aprehensión de la jueza María Lourdes Afiuni, y de la investigación y juicio penal que han seguido, por haber desempeñado sus funciones judiciales.
El examen de las actuaciones del Ministerio Público en el proceso penal, por otro lado, ha revelado un índice de eficacia del 12,55% desde el año 2008 hasta el 2012: en la percepción de la población, eso se traduce en un mal manejo de los recursos públicos, alimenta una pérdida de confianza en la justicia, representa una de las causas primarias de la impunidad que, a su vez, contribuye a perpetuar la sensación de inseguridad ciudadana.
Los distintos poderes del Estado venezolano deben, en los límites de sus atribuciones, asumir el cambio de la situación descrita. Para lograr este objetivo, el primer paso sería empezar a implementar bona fide las normas constitucionales y ordinarias actualmente vigentes que prevén la existencia y el buen funcionamiento de mecanismos que, si por un lado dan concreción a principios cardinales del Estado de derecho, por el otro generan el círculo virtuoso que termina por crear confianza en el sistema de justicia”.
Si usted quiere que permanezca la situación generalizada de inseguridad, mantenga un sistema de justicia plagado de irregularidades. Para consultar íntegramente el informe “Fortaleciendo el estado de derecho en Venezuela”, visitar el enlace: http://bit.ly/1ictRMr
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
