El pasado 5 de julio el Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal –que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obligaba a presentarse cada siete días en el juzgado– a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana Paola Barroso y Franklin García.
Los uniformados estaban siendo señalados como responsables del asesinato de la estudiante de 23 años de edad Geraldine Moreno, ocurrida en la ciudad de Valencia. Como se recordará, según el testimonio de sus familiares, recibió los disparos de efectivos de la GNB en el rostro la noche del miércoles 19 de febrero durante una manifestación en el sector Tazajal del municipio Naguanagua.
«Eso fue como a las 8:00 p.m en el frente de su casa en las residencias Bayona Country I, ella fue cobardemente arremetida con un arma que dispara perdigones, que no eran plástico sino de hierro», relató una prima. La estudiante del quinto semestre de Citotecnología en la Universidad Arturo Michelena, se encontraba con cuatro amigos y desde su residencia observaba a las personas que protestaban en la esquina de la calle donde había una barricada, cuando al sitio llegaron seis efectivos de la GNB en motocicletas, para enfrentar la manifestación.
El país estaba conmocionado por la cantidad de personas muertas en el contexto de manifestaciones. Desde Provea habíamos solicitado la investigación y sanción tanto para los responsables de delitos de homicidio, civiles que actuaron contra otros civiles, como para los violadores de derechos humanos, funcionarios públicos contra ciudadanos.
La Fiscalía solicitó la medida con el argumento que la investigación de la muerte de Moreno, a pesar de todos los testigos que señalaban a la GNB, no había terminado. Sin embargo, para otros casos que no involucraban a funcionarios de los cuerpos de seguridad, los jueces habían mantenido la privación de libertad, mientras duraba el juicio, alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad.
La decisión forma parte del cuadro de irregularidades que orbitan alrededor del sistema de administración de justicia del país donde, recordando aquella obra de George Orwell, unos son más iguales que otros.
Este episodio de injusticia se repitió recientemente en Puerto Ordaz, paradójicamente el Día Internacional de Derechos Humanos. El 10 de diciembre la jueza Miguelina Maneiro decidió dejar en prisión a los 3 trabajadores de Sidor detenidos por haber participado en la última huelga de la compañía, realizada el 19 de septiembre. De esta manera Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada pasaran entre rejas las fiestas de fin de año, lejos de sus seres queridos, por luchar por reivindicaciones laborales.
Según relató uno de los abogados de los sidoristas, la jueza ratificó la decisión de mantener a los sidoristas presos en la sede de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ciudad de Maturín, a 3 horas de Puerto Ordaz, con lo que a los familiares se les hace costoso y difícil visitar a los trabajadores presos. Los delitos acusados a los sidoristas son los de “asociación para delinquir” y “tráfico de armas”.
Según el expediente 2014-002776 del Circuito Judicial Penal de Puerto Ordaz, la acusación se originó en una llamada anónima al Sebin, como relata en el expediente el Subcomisario William Mieres: “Recibí llamada via red telefónica de una persona con timbre de voz masculino, quien se negó a identificarse por temor a futuras represalias, informando que se encontraba (…) una mujer de contextura gruesa, de tez morena, vestía uniforma de SIDOR (…) acompañada de dos hombres (…) vistiendo uniforme de Sidor”.
Según el relato de la supuesta denuncia anónima, las tres personas fueron a comprar cigarrillos en un kiosco y “a viva voz” dijeron “vamos a tomar el área de laminación en caliente de SIDOR con las armas que tenemos, vamos a sabotearla”. Tras la decisión será en el mes de enero de 2015 cuando se conozca la fecha del inicio del juicio.
La diferencia en el acceso a la justicia está a la vista. Mientras a funcionarios de la GNB acusados del asesinato de una manifestante les conceden el beneficio procesal de ser enjuiciados en libertad, por otro lado a 3 trabajadores que participaban en una huelga los sentencian a pasar la navidad y el fin de año entre rejas, por supuestamente habérseles encontrado un arma de fuego.
El sistema de administración de justicia en el país necesita una profunda reestructuración. No es posible que quienes han creado una estructura de impunidad, generadora de los altos índices de violencia que conocemos, sigan al frente de los tribunales del país. La elección de un nuevo Fiscal General ¿será un cambio o más de lo mismo?.
