En su testimonio sobre su visita a Israel, el ilustrador canadiense Guy Delisle describe en su comic book “Crónicas de Jerusalén” cuando, en medio de un taller sobre historieta en la ciudad vieja de Nablús, uno de sus alumnos le relata: “Hace 3 años que no salgo de Nablús con tantos puntos de control militar, es un despropósito. Los que tenemos menos de 30 años no tenemos autorización. Estamos secuestrados. Todas las noches hay incursiones en la ciudad a partir de las 23 horas. Nuestra policía acaba el turno para entregar el relevo al ejército israelí, es muy humillante. Nablús la gran cárcel. Así la llamamos aquí”. Cuando Guy, con un vaso de té en la mano le dice entusiasmado “¡Podrías contar eso en un comic!”, el chico le responde “¿A quién le interesa?”.
La anécdota revela cómo las personas suelen dar poca importancia a su testimonio, su propia experiencia, sobre la realidad que les rodea. En todas las visitas de campo realizadas por Provea, tras las manifestaciones de febrero, hemos escuchado los relatos de las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales, militares o paramilitares.
Cada historia nos ha recordado hasta dónde puede llegar la brutalidad humana, así como los oscuros laberintos por donde transita la impunidad. Sólo un poco porcentaje de las víctimas han accedido a que sus testimonios se hagan públicos y se utilicen para denunciar los excesos gubernamentales. El resto han sido inmovilizados por el miedo.
Ante la omisión de la Defensoría del Pueblo y el desinterés del Ministerio Público, las personas temen que sus palabras extiendan hasta el infinito el hostigamiento y las amenazas en su contra. En el caso de ataques por paramilitares el pánico es mayor, especialmente si los agresores viven en el mismo barrio que las víctimas.
El trabajo de Provea es acompañar a las víctimas hasta donde ellas quieran llegar en la justiciabilidad de sus derechos. Siempre les aconsejamos que formalicen su denuncia ante las instituciones, y que las difundan a través de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. En el caso que las personas lo requieran, por motivos de seguridad sus nombren pueden quedar en reserva.
Lo importante es inventariar los hechos para pedir investigaciones, establecer responsabilidad y demostrar posibles patrones de violación de derechos humanos: funcionarios que realicen el mismo tipo de abusos en diferentes momentos y puntos del país. Esto es vital para demostrar, en cualquier tribunal, que las violaciones no son fruto de actuaciones aisladas –como suele argumentar la autoridad- sino consecuencia de órdenes de funcionarios medios y altos.
El testimonio es importante para poder dibujar una fotografía lo más fidedigna posible de las violaciones de derechos humanos. En el caso de las protestas de 2014, a pesar de todo el levantamiento de datos realizado sobre el terreno, aún somos incapaces de contar la historia de lo que pasó. Los ataques a inmuebles, el cobro de “vacuna” para no maltratar a los detenidos, la coordinación de la actuación de funcionarios militares y policiales con paramilitares, los tratos inhumanos y torturas a los privados de libertad, las violaciones al debido proceso y las humillaciones a los familiares, la siembra de pruebas, el uso de la ley antiterrorista contra personas que ni siquiera estaban en las manifestaciones, el abuso sexual y psicológico contra mujeres detenidas aún no han podido documentarse en toda la extensión de lo acontecido. Al respecto aún tenemos mucho trabajo que realizar.
A pesar que los informes no han tenido a nivel gubernamental el efecto deseado, la condena, investigación y sanción de los abusos, a nivel internacional, lenta y calladamente, establecen responsabilidad al gobierno venezolano por su tolerancia y estímulo a los mismos.
Un ejemplo ha sido los diferentes textos que ha difundido Amnistía Internacional sobre la violación reciente a los derechos humanos en Venezuela. Ha sido de tal magnitud el impacto de la alerta de esta organización, que la propia Fiscal General, en primera persona, ha intentado matizar las informaciones difundidas por la vela sobre el fondo amarillo.
Además, en tiempo de redes sociales los testimonios de los afectados no necesitan de intermediarios para darse a conocer, incluso tomando medidas para proteger la identidad del denunciante. La difusión de imágenes y videos ya ha tenido un primer e importante efecto, demostrando la responsabilidad gubernamental en los primeros asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas.
Por último, sólo el testimonio de los protagonistas y testigos nos permitirán contar la historia sobre los días que corren con toda su complejidad y contradicciones. La impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la década de los ochentas fue posible, en parte, porque los victimarios pudieron imponer su versión de los hechos al resto del mundo.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
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