Estando en Ciudad de México, con motivo de nuestra participación en la reunión anual de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (RAMALC), tuvimos el privilegio de seguir de cerca el ambiente con motivo del primer aniversario de la desaparición de un grupo estudiantes en el estado de Guerrero, caso conocido como los “43 de Ayotzinapa”. El debate ocupaba los titulares de los periódicos, pues el hecho, donde también resultaron asesinados 9 personas, ponía sobre la mesa la grave situación de la desaparición forzada en el país azteca, el control territorial por el narcotráfico, el estado de la educación pública en el país y el tipo de educación recibida por los estudiantes en las escuelas normalistas mexicanas. Sin embargo, a pesar de los antagonismos entre los diferentes actores sobre las responsabilidades materiales e intelectuales –unos apuntan al narcotráfico, otros al propio Estado, hay un consenso en reconocer el importante trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como se recordará, un mes después de los sucesos la CIDH otorgó medidas cautelares a los sobrevivientes y familiares de Ayotzinapa, en virtud que su vida e integridad estaba en riesgo ante las denuncias que realizaban. En el marco del cumplimiento de estas, en el que el Estado mexicano se comprometía a resguardarlos, se acordó la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, avalado por la OEA, levantara información sobre la idoneidad de las investigaciones realizadas por el gobierno. Hace un par de meses el GIEI difundió un primer informe, de alta experticia técnica, en donde refutan muchas de las “verdades históricas” sobre el caso establecidas por la administración de Peña Nieto, una de ellas que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal por miembros de la banda “Guerreros Unidos”. El informe, de más de 500 páginas, generó polémica entre las autoridades, pero a su vez recordó la importancia de contar con mecanismos regionales de protección a los derechos humanos.
Un año después del hecho los familiares, y las organizaciones que vienen apoyando, afirman que los estudiantes continúan con vida. En otros casos, que datan de años anteriores, personas fueron liberadas después de varios meses de darse por desaparecidas, denunciando que habían sido retenidas en instalaciones del ejército. Por ello los padres y madres de los estudiantes valoran que una delegación de la CIDH se encuentre en el país, para continuar el trabajo de la propia GIEI y reunirse con los diferentes sectores en pos de allanar el camino a la verdad.
Es así como en el país estuvieron la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el vicepresidente James Cavallaro; el comisionado Felipe González; las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortíz; el secretario ejecutivo Emilio Alvarez Icaza y la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi-Mershed y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza. Tras entrevistarse con los familiares y recorrer las instalaciones de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, Belle Antoine declaró: “la CIDH no los va a abandonar en su lucha por obtener justicia. En México hay muchas historias tristes de violaciones a derechos humanos. El caso de los normalistas no es un hecho aislado”.
Desde Provea reiteraremos el destacado papel que está jugando la CIDH en uno de los casos emblemáticos de violación de derechos humanos hoy en el continente, ante la incapacidad del Estado mexicano de resolverlo por sí mismo. Además, señalamos los nombres de los miembros de la Comisión que hoy son vitoreados por las víctimas, pues han sido los mismos que insistentemente han sido irrespetados y descalificados por los representantes del Estado venezolano, como Germán Saltrón, Luis Britto García y Luis Damiani, como “agentes del imperialismo” y promotores de una supuesta campaña contra nuestro país.
De igual forma que el Estado mexicano se muestra como incapaz de aclarar lo sucedido en Iguala hace un año atrás, el venezolano garantiza la impunidad en los fallecidos en el 2002 y en el 2014 –por citar sólo dos momentos-. Sin embargo, como contraste, debilita el sistema regional de protección a los derechos humanos, no permite la visita de los relatores y comisionados de la CIDH al país y despliega una intensa campaña de criminalización tanto de la instancia como de quienes son usuarios de ella, las víctimas y organizaciones. Y, paradójicamente, a nombre de la “revolución” y el “humanismo”. Sería muy interesante que Britto García o Luis Damiani le explicaran a las organizaciones de ultra izquierda mexicana, identificadas con el gobierno venezolano, cómo es eso que la CIDH son títeres de la administración Obama contra las luchas populares en la región. O a los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, para quienes la CIDH representa su mayor esperanza en obtener justicia y la vuelta de sus seres queridos.
(*) Coordinador General de Provea
