El pasado 14 de julio el vicepresidente Arreaza comenzó el proceso de consulta de la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos realizada desde el Consejo Nacional en la materia, que el mismo preside. A continuación un resumen de las consideraciones de Provea sobre esta iniciativa del Ejecutivo Nacional.
Lo bueno: Ideas positivas para los DDHH
Provea apoyará cualquier iniciativa en función de aumentar las garantías para la promoción y el disfrute de los derechos humanos de la población. En este sentido, reconoce que el alto gobierno haya rectificado en su negativa a implementar un Plan Nacional de Derechos Humanos, una propuesta que diferentes organizaciones veníamos realizando desde el año 1998 y que había sido rechazada con el argumento que la Constitución bastaba como instrumento normativo en esta dimensión. Sin embargo, no fue la incidencia de las ONGs nacionales la que influyó en este cambio de opinión sino los organismos internacionales. Un hito fundamental fueron los resultados del primer Examen Periódico Universal (EPU) realizado por Venezuela en el año 2011, en donde aceptó la recomendación realizada por Brasil de “Formular un Plan Nacional en Derechos Humanos, en concordancia con la Declaración de Viena y luego de una amplia consulta con la sociedad civil”. Recordamos que nuestro país debe rendir su segundo EPU en el año 2016, por lo que debe mostrar avances concretos en la promoción de este plan. A pesar de la improvisación y premura en su aprobación, reconocemos positivamente la iniciativa.
La propuesta de Plan se ha basado en 5 ejes temáticos, que contienen una serie de ideas concretas, muchas de las cuales se encuentran en sintonía con los estándares internacional en derechos humanos. Muchos de estos planteamientos, lógicos, pertinentes y necesarios, podrán alcanzar un consenso importante por amplios sectores de la sociedad. Citamos sólo algunos. En el primer eje se sugiere promover la incorporación de los derechos humanos en los procesos de formación del Sistema Educativo, en todos sus niveles y modalidades, así como desarrollar estrategias de promoción y divulgación desde espacios de educación no formal y medios de difusión masiva. El segundo eje, por su parte, indica la necesidad de transformar el sistema de justicia para garantizar el acceso de toda la población en condiciones de igualdad, reestructurar el sistema penitenciario y continuar implementando el proceso de reforma policial diseñado por la Conarepol en años anteriores. El cuarto eje expresa la necesidad de fortalecer la presencia en los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, explicitando el apoyo al sistema universal de Naciones Unidas, así como crear mecanismos para la implementación y seguimiento de sus recomendaciones. Por último el quinto eje, fortalecer el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, ubica como acción establecer un sistema nacional de indicadores que permita hacer seguimiento y evaluar el impacto de la gestión oficial en la materia.
Lo malo: La poca claridad en el proceso
No existe información clara en la opinión pública sobre la propuesta del Plan, ni sobre los mecanismos de consulta ni sobre el calendario y los plazos en los que la misma se desarrollará. Hasta ahora, la diferencia con el proceso de consulta realizado por el propio Estado, en la Conarepol, es notable. No existe una campaña intensiva de información, a través de todos los medios de comunicación, ni se encuentran disponibles, de manera masiva, copias impresas de la propuesta. Algunos reportajes de medios oficiales hablan de una “presentación del Plan”, como si fuera el definitivo, lo cual aumenta la desinformación. No hay claridad acerca de los plazos, pues algunos voceros han hablado que se realizará en 45 días, a lo que el Foro por la Vida ha sugerido un plazo de 9 meses. Tampoco se conocen suficientemente los mecanismos para incorporar estrategias o modificar las existentes. En el sitio web del Consejo Nacional de DDHH no hay un calendario público con las convocatorias. Sólo se indica una dirección de correo electrónico para el envío de insumos a considerar. Por otra parte, la encuesta electrónica promocionada en este portal es insuficiente como mecanismo de consulta, pues contiene una serie de preguntas de respuesta evidente que, metodológicamente, no permiten incidir en los contenidos concretos del plan propuesto.
Lo feo: El contrabando ideológico
Coincidimos con el ministro Arreaza sobre que la discusión e implementación de un plan de esta naturaleza es una oportunidad para el diálogo, sin embargo no se están generando condiciones para ello. El propio Consejo Nacional de DDHH, según se desprende del decreto 876 que establece su creación, no cumple con los principios de autonomía y pluralismo establecido en los estándares internacionales. En segundo lugar, la propuesta utiliza conceptos de naturaleza ideológica ausentes en el texto constitucional, lo cual genera ruido innecesario para la discusión y discrimina a las personas que no se califican a sí mismas como “socialistas”. La propuesta realiza un sesgo de la historia contemporánea del país y falsea el propio desarrollo de los derechos humanos para adaptarla a una imprecisa y volátil “visión emancipadora, crítica y alternativa” reiterada a lo largo de la propuesta, inexistente en la Constitución y en los estándares internacionales de DDHH.
(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
