Cuando aún ejercía sus funciones como vicepresidente, el 12.01.13 Nicolás Maduro anunció que el año 2013 cerraría sin personas damnificadas: “No puede pasar este año sin que nosotros cumplamos esta meta.
Es un compromiso que es posible cumplir”. A partir de allí, la promesa fue repetida por diferentes altos funcionarios, como el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco Sesto, que meses después insistió en el anuncio, como lo amplificó la prensa oficial: “Sesto ratificó ayer la orden dada por el presidente Nicolás Maduro: antes de que termine el año las refugiadas y los refugiados de los eventos ocurridos en 2010 deben tener su vivienda propia”.
Sin embargo el año terminó y aún tenemos a familias damnificadas, en situación de refugio, esparcidas por varios puntos del territorio nacional.
Una de las situaciones particularmente agudas en vivienda, pero extensible para el resto de las políticas públicas, es la opacidad en la información.
El ministerio de vivienda y hábitat –a diferencia del ministerio de Cultura y el de Educación Universitaria- no publica sus informes de gestión en su sitio web, ni contesta las comunicaciones oficiales donde se le solicita información. No obstante es la Memoria y Cuenta del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz del 2013 la que estipula que aún quedarían 2.200 familias repartidas en 53 refugios en todo el país.
Esta cifra demostraría que el presidente Maduro no tuvo la capacidad ni el ingenio de resolver un problema que viene arrastrándose año tras año y que ha venido afectando a familias especialmente desfavorecidas en el país. Maduro incluso contraría la voluntad expresada por el presidente Chávez sobre priorizar en la asignación de viviendas a familias sin techo. Las cifras oficiales afirman que una cantidad importante de casas fueron construidas y adjudicadas en el país durante el 2013. Lo que no se explica es cómo, a pesar del generoso número aún familias permanecen en refugios en condiciones precarias, ignorando todos y cada uno de los artículos de la Ley de Refugios Dignos, que en algún momento protagonizó la propaganda estatal.
Un dato consistente y desagregado sobre el nivel de abandono de las personas en situación de refugio se ubicó en la Memoria y Cuenta 2012 del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minpal), organismo que según la ley es el responsable de suministrar alimentos a estos centros para damnificados en el país. Según el Minpal, hasta el 31.12.2012 existían 97.775 personas damnificadas distribuidas en 574 refugios en el país, a quienes se había destinado una inversión para suministro de alimentos de Bs. 216.351.028. Si dividimos esta cifra entre la cantidad de personas habitantes de refugios nos da como resultado que cada persona recibió durante el año la cantidad de Bs. 2.212,7 para satisfacer sus necesidades alimentarias. Si a su vez dividimos esta cantidad entre las 1.095 comidas que una persona debería realizar al año (3 diarias), indica que cada persona habitante de refugios en el país destinó Bs. 0,49 Bs para cada comida, una cifra insuficiente para satisfacer las necesidades nutricionales.
Además del progresivo olvido institucional, las personas sin casa sufren problemas de violencia producto del hacinamiento en el que se encuentran. Un dato que corrobora esta dramática situación es que durante 2013, según cifras recopiladas por PROVEA, 12 personas perdieron la vida en refugios del Área Metropolitana de Caracas y el estado Aragua.
Esta cifra representa la misma recopilada para el período anterior, cuando también 12 personas fueron asesinadas en refugios ubicados en el Área Metropolitana.
Lo que alguna vez fue calificado como “problema de Estado” ha venido desacelerándose como consecuencia de la crisis económica en el país. La velocidad de construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha venido ralentizándose, mientras que las empresas estatizadas no pueden garantizar el suministro de materiales de construcción, los cuales son destinados a la reventa en el mercado negro con evidente complicidad institucional.
Ante el anuncio de aplicar medidas económicas de claro costo social, se perderá el impulso a las políticas de vivienda y hábitat que Hugo Chávez fomentó en los últimos años de su mandato.
Provea exige que se hagan transparentes los mecanismos de adjudicación de viviendas, y que las familias beneficiadas puedan ejercer la contraloría social en la evolución de la construcción de sus casas. Esto reduciría los actos de corrupción que fomenta el secretismo de las políticas en el sector.
Asimismo, el presidente Maduro debe honrar su promesa de reubicar dignamente a las familias que permanecen en refugios, en viviendas adecuadas, construidas con materiales de calidad, con acceso a servicios y cerca de fuentes de trabajo, edificaciones educativas y hospitalarias. No le vuelva a mentir a los damnificados presidente Maduro.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
@fanzinero
