Este martes 26 de noviembre de 2013 se cumplirán cuatro años de impunidad en el asesinato del joven larense defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez, hecho ocurrido en la ciudad de Barquisimeto en el año 2009.
Como se denunció, ese día tres sicarios se acercaron a su hogar a tempranas horas de la mañana y le realizaron varios disparos en el pecho.
El joven era colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil) y, en el momento de su homicidio, realizaba un documental sobre la lucha de las personas de bajos recursos en la ciudad contra los delitos cometidos por funcionarios policiales.
Mijaíl continuaba la senda de lucha de su padre, Víctor Martínez, fundador del Movimiento V República en la entidad y quien acompañó a Hugo Chávez desde el presidio hasta la presidencia, con la esperanza de la posibilidad de un cambio en las injusticias del país.
La historia trágica de la familia Martínez es la de un pueblo que creyó en un proyecto político y encontró sinsabores y derrotas cuando este alcanza el poder.
Víctor fue elegido diputado por la Asamblea Legislativa y desde allí continuó denunciando los excesos policiales contra las familias de escasos recursos. Sus informes revelaron que las nuevas autoridades, sus propios camaradas, amparaban las irregularidades. Incluso, que las promovían. Con el tiempo Víctor fue expulsado del partido oficial e inhabilitado administrativamente.
Sus señalamientos eran políticamente incorrectos y apuntaban a altos funcionarios del gobierno regional. Hay quien asegura que el asesinato de Mijaíl tenía como objetivo silenciar tanto las denuncias del padre como neutralizar a las diferentes organizaciones comunitarias empeñadas en denunciar los excesos.
Ante la omisión de la Defensoría del Pueblo y la lentitud del Ministerio Público, los Martínez han participado activamente en el seguimiento de las investigaciones. De esta manera lograron la captura de dos de los autores materiales del crímen, los cuales fueron liberados en esos operativos llamados “cayapa judicial”.
Cuando esto se escribe, las diferentes audiencias del juicio han sido postergadas por diferentes razones. A cuatro años del crimen continúa reinando la impunidad en el caso.
Precisamente es la impunidad una de las situaciones que se ha convertido, junto a la pobreza, en la mayor violadora de derechos humanos en el país. La ausencia de independencia del poder judicial, la gran cantidad de jueces provisionales y el retardo procesal es la cotidianidad de quienes ven negados su derecho a la justicia en Venezuela.
Mijaíl Martínez no es el único caso de un luchador social asesinado en los últimos años cuyo caso se encuentra sin castigo. Además del reciente asesinato de Sabino Romero, donde las organizaciones sociales zulianas han hecho públicas sus dudas acerca de las personas que son presentadas como autores materiales, recordando la falta de voluntad para investigar a los autores intelectuales, otras víctimas han pasado al olvido.
Por ejemplo los sindicalistas Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena asesinados el 27 de noviembre de 2008 tras haber participado en varias acciones de reivindicación de derechos laborales en el estado Aragua y conocidos activistas de izquierda. Como Mijaíl hasta hoy, su crimen continúa impune.
En el Informe “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político” Provea contabilizó en 39 las personas asesinadas por los organismos policiales y militares del país en el contexto de manifestaciones.
El 20.03.09 en El Tigre, Estado Anzoátegui, José Gregorio Hernández fue asesinado al recibir varios impactos de bala por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía de Anzoátegui.
Hernández, una persona humilde sin casa, protestaba de manera pacífica con sus vecinos, contra un desalojo forzoso dictado por el Tribunal 1º de Control del Circuito Judicial Penal, en perjuicio de 1.400 familias. El crimen aún se mantiene impune.
El día 18.02.99 en Ciudad Ojeda (Edo. Zulia), Asdrúbal Alcalá, de 34 años, murió por dos impactos de bala disparados por un funcionario de la Policía del Edo. Zulia, en medio de una manifestación que llevaban a cabo los vecinos de la urbanización Nueva Venezuela, para exigir la culminación de la construcción de sus viviendas. Hoy también en impunidad.
José González, estudiante de la Escuela Técnica Industrial, en Cumaná (Edo. Sucre), murió el 21.03.06 al caerse de una azotea siendo impactado en el cráneo con una bomba lacrimógena por parte de funcionarios Polisucre quienes reprimían una manifestación pacífica. Nadie fue privado de libertad por el hecho.
El próximo domingo 01 de diciembre la familia Martínez ha organizado un evento cultural para recordar a Mijaíl “Poesía, irreverencia y rock ¡No a la impunidad!”, con la participación de narradores orales, poetas y las bandas Los Record, Hybridos y Rango Percentil. El evento se realizará a partir de la 1 de la tarde en el auditorio, Julio Pérez Rojas de la Gobernación del Estado Lara, ubicado en la calle 23 con carrera 19, Barquisimeto.
(*) Coordinador Investigación Provea
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@fanzinero
