En días pasados Provea presentó su diagnóstico acerca del primer año de ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Como organización de derechos humanos con énfasis en derechos sociales, todo el trabajo de Provea tiene como objetivo contribuir con su disfrute para todos y todas las venezolanas, especialmente los sectores más vulnerables. Este es el espíritu no sólo de este informe, sino de todo el trabajo de la organización.
Esta evaluación comienza Provea reconociendo la decisión política del Ejecutivo Nacional en saldar la deuda habitacional mediante la promoción de una iniciativa con el rango de “política de Estado”. De esta manera el primer mandatario reconoció la ineficacia de sus políticas hacia el sector e intenta cumplir los objetivos duplicando los esfuerzos en el área. Provea considera que esta correcta orientación gubernamental es una oportunidad de crear una política pública modelo de planificación democrática, inclusiva y concertada, con la participación protagónica de todos los sectores, y con objetivos consensuados por el país para el corto, mediano y largo plazo, incidiendo así sobre la calidad de vida de los sectores más necesitados.
Sin embargo, durante todo el proceso de investigación Provea tropezó con innumerables dificultades de acceso a la información pública en materia de vivienda. Desde inicios del 2012 solicitamos formalmente entrevistas con el ministro de vivienda y con otros altos funcionarios responsables en políticas públicas habitacionales. No obtuvimos ningún tipo de respuesta. En la necesidad metodológica de contar con la versión oficial acerca de lo que se realizaba dentro de la GMVV comenzamos un largo peregrinaje de intentos fallidos de conversar con alguna autoridad del Ministerio de Vivienda. Fue así como contactamos a un ex ministro de esta institución, que sólo accedió a concedernos una entrevista si manteníamos su nombre en reserva, lo cual hablaba por sí solo de la voluntad de diálogo de los funcionarios con actores no estatales. Sin embargo, la conversación orbitó en torno a la experiencia de su gestión, con pocas informaciones cuantitativas sobre la GMVV.
Por otra parte, violentando la Constitución la publicación de las memorias y cuentas de los diferentes organismos, incluyendo la de vivienda, se ha convertido en un secreto de Estado. El informe de gestión 2011 del Ministerio de Vivienda no se encuentra ni en el portal web de esta institución ni tampoco en el de la Asamblea Nacional. Desde febrero de este año hemos solicitado institucionalmente copia de esta memoria y cuenta, teniendo el silencio como única respuesta. Estas omisiones violentan el derecho al acceso a la información pública, expresado en el artículo 51 de la Carta Magna y regulado, asimismo, en los artículos 2 y 45 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), así como en la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) y en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (LOPC). Esta actitud parece sugerir que los venezolanos y venezolanas que no apoyamos explícita y acríticamente la gestión del presidente Chávez nos convertimos automáticamente en sujetos privados de derecho.
La ausencia de cifras no es el único problema, sino que los datos disponibles no cumplen las características de accesibilidad, relevancia, calidad y confiabilidad que debe tener la información de carácter público. La propia Memoria y Cuenta 2011 del Ministerio de Vivienda, como ha alertado Provea en los últimos años, es presentada de manera deficiente y con fallos metodológicos, sin descripción y discriminación de los datos presentados. Por citar un solo ejemplo, es imposible conocer la ubicación de las viviendas nuevas adjudicadas por el Ejecutivo Nacional, pues no existe mayor descripción en el Informe de Gestión salvo el número total de casas entregadas. La difusión de datos, además, es contradictoria. Este informe oficial afirma que las llamadas Asambleas de Viviendo Venezolanos son coordinadas por el Ministerio de Comunas y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero si usted consulta los informes anuales de estas instituciones no se dice nada acerca de estas figuras organizativas promovidas dentro de la GMVV. Otra situación la constituye la difusión de cifras de manera alegre, con claro interés propagandístico. Durante el primer trimestre del año el presidente Chavez y los ministros Ramírez y Molina dieron cifras diferentes acerca de la cantidad de casas construidas durante el 2011. El Ministerio de Vivienda afirma que casi 50.000 viviendas fueron edificadas, el año pasado, por el llamado “poder popular”, pero el Ministerio de Comunas asegura que esas casas se encuentran aún en proceso de ejecución.
El desorden y opacidad de las cifras sobre la GMVV afecta principalmente a las familias adjudicatarias de las viviendas y aquellas que aún esperan la satisfacción de su derecho a la vivienda digna. Con la información pública disponible esta política pública es sencillamente inauditable. La imposibilidad de ejercer la Contraloría Social por parte de las personas sin techo contradice la existencia de una democracia de tipo participativo y protagónico entre nosotros.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
