En su campaña por su candidatura a las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Freddy Bernal denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la parroquia Sucre de Caracas, estarían cometiendo delitos al amparar la especulación y desabastecimiento de alimentos: “Hay que ejercer controles, la policía está para dar seguridad, tranquilidad, sosiego, no para hacer negocios en la calle y mucho menos para estar en conchupancia con quien especula al pueblo” declaró en VTV. Ese mismo día, en una radioemisora privada Bernal amplió la denuncia: “La PNB está para dar seguridad, no para matraquear, en vez de meter presos a los bachaqueros y especuladores, les cobra”. Quien hacía la denuncia no era cualquiera, sino una persona que hasta hace pocos días había ocupado el rol de Comisionado para la Reforma Policial en el país.
La advertencia que realizara Bernal para que la PNB “no cayera en los vicios del pasado” debiera alertar sobre el posible incumplimiento de las expectativas que generó la creación de este nuevo cuerpo policial, a finales del año 2009, sobre la necesidad de crear un nuevo modelo policial para el país. Lo nuevo, rápidamente se está asemejando mucho a lo viejo. En el caso conocido más reciente, un funcionario de la PNB del estado Táchira, Javier Osias Mora, asesinaba a un adolescente de 14 años, Kluivert Roa, en el contexto de la represión a una manifestación en la ciudad de San Cristóbal, ocurrida el 24 de febrero de 2015. Los testimonios del hecho y las características de su actuación no las diferenciaban de todo lo que se denunció que ocurrió en el país en la década de los 90´s.
Las cifras del Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela durante el año 2014 parecen confirmar las irregularidades que, poco a poco, forman parte de los patrones de actuación de la PNB. Esta policía aparece como segundo cuerpo policial en el país con más casos de violación al derecho a la vida, sólo detrás del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), liderizando con 86 víctimas. Tras el CICPC la PNB, con 23 víctimas para un 10.4% del total de casos, que sumaron 220 personas en todo el país en el año pasado.
Hoy parece claro que haber creído que la creación de un nuevo cuerpo policial, por sí solo, iba a solucionar el problema de inseguridad y violación de derechos humanos en el país era una ingenuidad. La ausencia de una visión integral del problema y, especialmente la impunidad que protege las actuaciones irregulares para los funcionarios policiales y militares, genera las condiciones para la rápida degradación de las mejores intenciones. Y esto lo sabe la gente. Que Bernal se aventure a realizar este tipo de denuncias cuando es candidato habla de los niveles de insatisfacción de sus potenciales electores y electoras ante la actuación de la PNB.
En su Informe Anual Provea sugiere el mantener una vigilancia estricta sobre la actuación de los funcionarios policiales, de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, creando conciencia del respeto absoluto al derecho a la vida y la magnitud de las ejecuciones acaecidas en el pasado reciente. Asimismo, garantizar el acceso a la información pública reactivando la publicación de estadísticas, interrumpidas a partir del 2008.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos seguiremos del lado de las víctimas, interpelando a los victimarios y enfrentando al Estado.
(*) Coordinador General de Provea
