En el reciente período de audiencias realizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizó una sesión titulada “Política fiscal y derechos humanos”, solicitada por las organizaciones Center for Economic and Social Rights (CESR), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO), el Instituto de Estudios Socio-Económicos (INESC) y el International Budget Partnership (IBP), contando para ello con el apoyo de Oxfam.
En el informe que presentaron, “Movilizar los recursos para garantizar los derechos”, describieron como a pesar que la región, a diferencia de otras partes del mundo, contó con una década de crecimiento económico –gracias al aumento del precio de las materias primas de exportación-, los diferentes países “no promovieron una política fiscal para combatir la pobreza, desigualdad y las violaciones estructurales de derecho humanos”. Este déficit, en momentos de estancamiento económico y reducción del gasto social, comienza a pasar factura. “Por lo tanto –sostienen- se hace necesaria la adopción de reformas rápidas y sostenidas centradas en los derechos humanos, para salvaguardar los avances en materia social de la última década, prevenir la adopción de las políticas de austeridad y el debilitamiento de la política fiscal que pueden resultar en el deterioro de los derechos humanos fundamentales”.
La política fiscal configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos. Vincular el tema a la vigencia de derechos humanos es un desafío intelectual, pero pertinente en momentos en que varios países, entre ellos Venezuela, asoman la posibilidad de implementar medidas para afrontar crisis económicas que tendrán un impacto negativo en los sectores vulnerables.
Según las 9 organizaciones los principios de derechos humanos constituyen un marco que apuntala las funciones clave de la política fiscal y la tributación: la movilización de los recursos necesarios para financiar el progreso social hasta ‘el máximo de los recursos disponibles’; la redistribución de la riqueza para reducir la desigualdad socio-económica; la rendición de cuentas entre el estado y la ciudadanía; y la corrección de las deficiencias del mercado y la protección de los bienes comunes, incluido el medio ambiente. “La incorporación de los derechos humanos en la política fiscal –señalan- puede conducir a una mayor sensibilidad de los gobiernos respecto a las reivindicaciones de la ciudadanía y al fortalecimiento de las instituciones de control y auditoría, para someter la política fiscal a los estándares más rigurosos de transparencia, eficiencia, participación y rendición de cuentas efectiva”.
Diferentes principios, presentes en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por los Estados, son propuestos como relevantes a la hora de discutir y diseñar la política fiscal. El primero de ellos es el principio de “igualdad y no discriminación”: “Los sistemas tributarios de la región son –afirman-, en general, regresivos y las cargas tributarias están sesgadas en contra de los ingresos laborales y a favor de los ingresos del capital afectando de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos”.
El acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación son principios determinantes de la calidad y la legitimidad de la política fiscal. La naturaleza de los derechos humanos implica que existan mecanismos para hacerlos exigibles que permitan a las personas acceder a la información fiscal y participar en las decisiones que pueden afectarles. Las ONGs indican que algunos gobiernos latinoamericanos han realizado avances en materia de acceso a la información y transparencia en el ámbito presupuestario poniendo a disposición información presupuestaria integral, generando plataformas electrónicas para hacer más accesible la información fiscal, incluso en tiempo real por parte de gobiernos nacionales y sub-nacionales; y usando herramientas accesibles para la ciudadanía como el Presupuesto Ciudadano. Sin embargo, en contraparte, muchos de los países en América Latina tienen como deuda pendiente incorporar normativamente y en la práctica los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación cuya vigencia permitiría mejorar la calidad de las políticas fiscales en pro de la garantía de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.
Otro principio es el de utilizar y generar el máximo de recursos disponibles de modo eficiente, equitativo y no discriminatorio. Para las ONG´s peticionarias “la carga tributaria de los países de América Latina aún se encuentra muy por debajo de la de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD). Asimismo, el principio de progresividad y prohibición de la regresividad implicaría que “Si un Estado adopta medidas deliberadamente regresivas en el contexto de un ajuste fiscal, éste debe demostrar que estas medidas aseguran un piso mínimo de protección social y que son temporales, no-discriminatorias, proporcionales y necesarias, tras el examen más exhaustivo posible de todas las alternativas disponibles”.
(*) Coordinador General de Provea
