Como se recordará, este 07 de febrero comienza el juicio contra Provea y la Sociedad Homoetnatura por haberse solidarizado con una manifestación realizada por el pueblo indígena Yukpa, en julio de 2010. Los indígenas se concentraron a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir a la Sala Constitucional se pronunciara ante una acción de amparo que se había interpuesto, solicitando se aplicara la jurisdicción indígena en un caso penal donde estaban involucrados dos integrantes de la comunidad. Sin abandonar, además, su reclamo de una demarcación adecuada de tierras. Provea, como es habitual, se hizo presente y se solidarizó con las peticiones de los yukpas. El Estado, respondió enjuiciándola por una supuesta violación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) –debido a la presencia de niños y niñas en la vigilia-, “financiar la movilización” y “convocar a la concentración a través de su página web”.
En su escrito de contestación a la demanda, Provea ha expresado: “Las instituciones del Estado en lugar de dar solución a la exigencia de demarcación de tierras y la creación de la jurisdicción indígena, procedieron a tomar medidas arbitrarias buscando desestimular, dividir y derrotar las acciones de exigibilidad emprendidas. Entre esas medidas adoptadas se encuentran: presiones mediante amenaza de desalojo policial de la sede del TSJ y amenazas de trasladar los niños, niñas y adolescentes a un lugar distinto donde se encontraban sus madres y padres., la presencia compulsiva del Consejo de Protección del Municipio Bolivariano Libertador y esta acción de protección que como explicaremos más adelante está viciada procesalmente de ultrapetita al pretender la representación fiscal obtener con la acción más de lo que la ley le permite.
La acción de protección presentada por la Fiscalía, más que tener interés real por la situación de la calidad de vida y satisfacción de derechos de los niños, niñas y adolescentes que participaban junto a sus padres y madres en la reivindicación de derechos de interés colectivo para el pueblo Yukpa, pretendió intimidar a los participantes de la protesta y pretende se impongan sanciones a las organizaciones de derechos humanos Homo et Natura y Provea.
Es una acción que en su fundamento aparenta enmarcarse en el estado de derecho es contraria al texto constitucional que establece en su artículo 119 que “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”
Es igualmente contraria a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual en su artículo 86 establece el “derecho a la cultura propia” (…)
Le informamos ciudadana Juez que la concentración frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia no fue la primera donde el pueblo Yukpa exigió derechos participando en dichos procesos también los niños, niñas y adolescentes (…)
Lo que existe y persiste es el permanente abandono del Estado para esa comunidad. Existe y persiste la deuda para demarcar los territorios. Existe y persiste la deuda social para dignificarlos. Existe y persiste la miseria, el hambre, la desnutrición. Para esa situación, para que no continúe y para que el presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes Yukpas sean mejor y esperanzador hace falta una acción de protección y muchas otras medidas desde los distintos órganos y entes del Estado (…)
– La demanda- afirma “El presunto uso de estos niños, niñas y adolescentes al frente de pancartas y protestas constituye sin lugar a dudas un riesgo inminente para su integridad, pues se convierten en un instrumento de publicidad y así en verdaderas víctimas de un conflicto del cual no forman parte…”
Sin duda el Fiscal parte de reproducir la visión que desde el colonialismo se ha impuesto para valorar los actos de los pueblos indígenas. Una línea de pensamiento que desconoce la cosmovisión, los valores, la cultura, los intereses y las aspiraciones del pueblo Yukpa.
Afirmar de manera tan categórica que los niños, niñas y adolescentes no forman parte del conflicto existente desde hace años para lograr una adecuada demarcación de las tierras que ancestralmente les pertenecen, es desconocer su derecho a ser parte protagónica de sus aspiraciones y esperanzas de vivir mejor o de la exigencia que se respete los mandatos de la Constitución relacionados a los pueblos indígenas. Afirmar que son víctimas de un conflicto es desconocer que más bien son víctimas del descuido del Estado y que como consecuencia de ese descuido tienen que desplazarse a Maracaibo con frecuencia y a Caracas de vez en cuando, porque comprenden que es el centro de las decisiones políticas”.
A pesar de todos los amedrentamientos, Provea seguirá de lado de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
