Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira emitió un pronunciamiento denunciando excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en territorios indígenas del Zulia.
La situación en este pedazo de la frontera colombo-venezolana, no obstante, se repite actualmente en todos los límites nacionales, en Táchira y Bolívar, relacionados con la extracción de alimentos y otros bienes de consumo masivo. Debido a los desajustes de la economía nacional respecto a la de sus vecinos, transportar un producto de un lado a otro de la línea limítrofe puede significar venderlo por 10 veces su valor.
Por ello el gobierno ha responsabilizado a los contrabandistas del desabastecimiento de productos en zonas de frontera. Como han señalado diferentes analistas no es el contrabando al menudeo a quien hay que controlar, sino las grandes remesas que transitan por carreteras con la anuencia de las autoridades, en una cadena de corrupción que dejando “propinas” en todos sus eslabones sigue siendo rentable para sus promotores.
El foco puesto en los “peces chicos” deja una sombra indeleble de violaciones a los derechos humanos y diferentes abusos de poder.
De manera similar a lo que ocurre todos los días en Santa Elena de Uairén o San Antonio del Táchira, el Comité denunció como la GNB realiza operativos en comunidades wayúu violando el debido proceso, realizando detenciones arbitrarias y extorsionando a los habitantes.
En el caso del estado Zulia, el profesor universitario José Quintero Weir advirtió que se ha venido profundizando un proceso de criminalización directa contra el pueblo wayuu bajo la justificación del combate al “bachaquerismo” –como se denomina en la zona la venta de productos de un lado a otro de la frontera estatal-.
En su opinión el fenómeno del contrabando forma parte de una realidad producida por una economía nacional deprimida, que posibilita la aparición de mafias asociadas al tráfico de alimentos y gasolina. “Los wayuu no son los responsables de la situación, el responsable es la economía. Aquí hay grupos de poder involucrados, sin embargo, el Estado criminaliza a priori a los indígenas” dijo Weir.
“Para el gobierno todo wayuu es sospechoso de ser un criminal. Van más de una treintena de muertos por esta situación” denunció. Weir apuntó que detrás de este acelerado proceso de criminalización y persecución, se esconde la intención de despojarlos del territorio que habitan, para entregarlos en concesión a las transnacionales carboníferas. “Tenemos que llamar la atención sobre esta arremetida contra el pueblo wayuu, que es el pueblo que está ocupando los territorios en donde se pretende explotar dos grandes minas de carbón, para la creación de carboeléctricas en el estado Zulia, en eso es que hay que llamar la atención” enfatizó.
Una de las consecuencias de esta situación ha sido la militarización de la media y alta guajira, bajo el argumento de controlar los productos que circulen por el territorio. Tras la decisión las historias sobre extorsión, maltratos a la población y detenciones indiscriminadas se han multiplicado.
Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha solicitado una investigación a los funcionarios militares en los siguientes términos: “A la Fiscalía 45 del Estado Zulia de los derechos fundamentales , que aperture una investigación exhaustiva al Grupo de Caballería Motorizada G/D Francisco Esteban Gomez, con sede en Cojoro , comandado por el Teniente Coronel Orlando Romero Bolívar por abuso excesivo de poder, discriminación racial , hostigamiento, y por la violencia frecuente a los derechos humanos y constitucionales del Pueblo Wayuu, y que dé respuestas públicamente sobre la investigación como reparación a la moral e integridad de la sociedad wayúu”.
En un pronunciamiento conjunto la Asociación de Consejos Estudiantiles Indígenas de LUZ (ACEINLUZ) y la Organización Intercultural para la Educación Autónoma Wainjirawa señalaron: “Hoy, a nosotros los wayuu, nos matan de frente, tal como sucedió con nuestro hermano Nelson González, asesinado abiertamente por el Ejército bolivariano con sus fusiles rusos comprados con dineros que favorecen al enriquecimiento de la mafia militar y a los “perros de la guerra”. Su comunicado termina con una exigencia contundente: “Fuera el Ejército Bolivariano del Territorio Wayuu!”.
En opinión de Provea deben atenderse las causas reales del fenómeno de extracción de alimentos, gasolina y otros artículos de consumo masivo para elaborar medidas de consenso, con la participación de los diferentes actores involucrados y afectados, con respeto a los DDHH, y apegadas a la Constitución Nacional y la legislación venezolana, que permitan avanzar en una solución al problema.
El Estado venezolano debe investigar las denuncias de atropellos por parte de efectivos militares contra ciudadanos, y las acusaciones acerca de la presunta participación de altos funcionarios militares en el delito de contrabando, así como de diferentes violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad personal.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
