A finales de octubre, en la 153º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el representante del Estado venezolano en la audiencia sobre la independencia del Poder Judicial fue el profesor Luis Damiani, conocido por su larga estancia en la Escuela de Sociología de la UCV y luego como parte del grupo rectoral de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
Parte de su intervención, recordando quizás sus clases de metodología de investigación en ciencias sociales, el profesor cuestionó el estudio presentado por la Asociación Civil Un Estado de Derecho, el cual intentaba demostrar los sesgos presentes en el sistema de administración de justicia en el país. Damiani dedicó la primera parte de su exposición a criticar lo que consideraba falta de rigor metodológico, improvisación, e incluso irrespeto a la instancia por los datos presentados en la audiencia.
El resto de su intervención fue un paseo por la historia contemporánea de Venezuela, haciendo énfasis en los hechos de abril de 2002. Como el Gobierno venezolano ha cuestionado las competencias de la propia CIDH, y se ha retirado de la Corte Interamericana, el veterano académico se retiró satisfecho de su intervención, tanto que pensó en repetirla en su próxima cita como representante del Estado.
La soberbia, que siempre es mala consejera, no le permitió reparar el contrasentido que, como magistrado suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estuviera, precisamente defendiendo la independencia de la institución judicial.
En Ginebra, el pasado 6 de noviembre, Venezuela compareció ante el Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) de la ONU. Damiani repitió en la comitiva oficial. Esta vez, con menos oportunidad para la grandilocuencia ideológica, podía destinar para sí mismo las críticas sobre ausencia de rigor que había realizado en un auditorio internacional apenas días atrás.
Con bastante anterioridad, como parte del procedimiento, la CAT había remitido, con detalle, la información que el Estado debía suministrar en su comparecencia. Ni Damiani, ni el resto de sus pares, tenían los datos. A pesar del relato sobre el golpe de Estado, la Cuarta República, la guerra económica y la lucha por independizarnos del reino español, los comisionados eran insistentes sobre el foco de la audiencia y las preguntas no respondidas.
Damiani, que no es ningún tonto, tuvo que admitir que no tenían las respuestas y que suministrarían la información para la siguiente audiencia: ¡La próxima es dentro de 4 años! ¿Para eso viajaron los representantes estatales a Suiza, para reconocer que no habían hecho la tarea para lo cual estaban encomendados?, ¿Dónde había quedado la pontificación sobre la rigurosidad intelectual?
Esta falta de datos oficiales sobre la situación del derecho a la integridad, vida y acceso a la justicia en el país fue registrada por el documento en donde la CAT sistematizó sus observaciones y conclusiones al examen presentado por el país. Cuando uno revisa el documento no puede dejar de pensar en aquella máxima situacionista “Hacer la vergüenza aún más vergonzosa, publicándola”.
Por ejemplo cuando los representantes del Estado, Damiani en la pandilla, afirmó que actualmente hay 5.0721 reclusos en el país para una capacidad de 51.127 plazas, ¡por lo que no habría hacinamiento en las cárceles! El palco queda pequeño para el resto de los datos ofrecidos por el propio funcionariado: Entre los años 2003 y 2011 tan sólo 12 funcionarios fueron sancionados por cometer actos de tortura; De 31.096 denuncias por violaciones de DD HH recibidas entre 2011 y 2014 sólo el 3.10% resultó en acusación por el Ministerio Público; en 2012 se produjeron 667 homicidios por parte de agentes del orden y 600 en 2013; que el 62% de los jueces son provisionales, de libre nombramiento y remoción.
La CAT lamentó no haber recibido información oficial sobre investigaciones y sanciones impuestas a raíz de los ataques documentados por grupos armados pro gobierno. Por ello sugirió que el Estado debe investigar y sancionar los ataques de estas organizaciones durante manifestaciones y enjuiciar a autores y funcionarios involucrados. Además, diseñar con urgencia estrategias efectivas para el desarme, control y desmantelamiento de grupos civiles armados.
Los comisionados de la ONU expresaron su preocupación por la falta de independencia de los poderes, especialmente la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional contra la Tortura.
Hay que decir que los estatistas la tenían difícil, en la complicada tarea de la defensa de lo indefendible. Mientras Rangel Avalos aseguraba en Europa que los defensores de derechos humanos no tenían ningún tipo de obstáculos para realizar su trabajo, en Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional, esa misma semana, hostigaba públicamente en televisión a varios conocidos defensores por datos recibidos por los llamados “patriotas cooperantes”. “Dichas descalificaciones incrementan el riesgo de exponer a defensores a intimidaciones por parte de grupos violentos pro-gobierno”, afirmó la CAT.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
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@fanzinero
