El pasado 17 de marzo diferentes organizaciones del país, como la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), Amigos Transplantados de Venezuela, Fenasopadres, Acción Solidaria, Senos Ayuda, Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (FUNCAMAMA), Asociación Venezolana de Drepanocitosis y Talasemias, Asociación Venezolana de Amigos con Linfoma, Asociación Venezolana para la Hemofilia y Provea, participamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Venezuela.
Además del progresivo y preocupante aumento de la pobreza en el país y las situaciones de discriminación en el sector educativo, uno de los temas en los que se hizo énfasis fue en la grave situación de la salud en el país. Como se afirmó en el documento que se entregó a los comisionados “Actualmente, el Estado venezolano no ofrece seguridad de garantías mínimas de atención a la salud de las personas en los centros asistenciales del país. En los públicos –que representan aproximadamente 90% de los entes prestadores, concentran 70% de las camas y constituyen el único medio accesible del que dispone más del 60% de la población- existe un extenso y pronunciado deterioro de los servicios, que los inhabilita para funcionar conforme a los estándares mínimos de una atención adecuada y oportuna”.
Como se explicó en la audiencia, la salud en Venezuela se encuentra privatizada por la vía de los hechos, pues ante la gravedad del servicio sanitario público, las personas deben acudir a los privados para garantizar su salud. Los propios entes estatales promueven la desconfianza en el sistema de salud que ellos mismos administran, pues en la actualidad alrededor de 45 organismos oficiales establecieron convenios con clínicas privadas para la cobertura de servicios de salud para sus trabajadores. El monto que destinan de esta manera al sector privado representa más del 20% del gasto público en salud. En el informe se estableció que “Esta decisión hace imposible avanzar hacia el Sistema Público Nacional de Salud y va en detrimento del financiamiento de la salud pública y de la seguridad social”.
Sobre los problemas asociados al agudo desabastecimiento de medicamentos, se aportaron datos concretos: “en el marco de las políticas de control de acceso a las divisas, el Estado disminuyó las asignaciones y liquidaciones efectivas a las empresas privadas para importar medicamentos, equipos y materiales médicos-quirúrgicos y de laboratorio, generando la acumulación de deudas con proveedores extranjeros que, en el caso de las empresas afiliadas a la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos y Odontológicos (AVEDEM) suman actualmente 265 millones de dólares, y el cierre de líneas de crédito. Existen además solicitudes de autorización de liquidación de divisas para importación por 152 millones, aún no aprobadas”. Una encuesta de la organización Médicos x La Salud (Red de Médicos Residentes), realizada en 130 hospitales de 19 estados del país, encontró: 61% de hospitales con fallas graves o absolutas de material médico quirúrgico; 65% con fallas graves o absolutas de catéteres y sondas; 86% con equipos de Rayos X dañados; 94% con tomógrafos dañados o sin funcionar; 94% con laboratorios con falla de reactivos y 44% de los quirófanos cerrados o inoperativos.
Otro tema tratado fue el deterioro de la infraestructura. Entre 2009 y 2013, se redujo drásticamente el número de camas operativas en los hospitales públicos, pasando de 30.964 a 21.770. La mayoría de los hospitales ha tenido una disminución de 50% en camas operativas. Según la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), la tasa de camas en Venezuela bajó de 1,3 x 1.000 entre 2005 y 2008 a 0,9 x 1.000 en 2009-2011, siendo el estándar recomendado 3 camas x 1.000. En 2012, el Ministerio de Salud reportó que la reducción del número de camas de emergencia entre 2011 y 2012 había significado dejar de atender a 1.125.610 personas.
La insuficiencia de personal de salud, además de la inadecuada infraestructura, es uno de los mayores problemas de la salud pública y una de las causas más frecuente del cierre de áreas de consulta externa y de cirugías electivas en los centros de salud. Como consecuencia de las múltiples restricciones para ejercer adecuadamente la práctica médica, la permanente violación de los derechos laborales y la hostilidad e inseguridad en los ambientes de trabajo, los hospitales y ambulatorios de la salud pública han perdido 6.700 médicos, según estadísticas de la Federación Médica Venezolana (FMV), lo cual equivale a 24% del personal profesional disponible. A ello se suma un 30% menos de médicos en formación o residentes, alcanzando en algunas especialidades, como anestesiología, casi 90%. Además, persiste un déficit de personal de enfermería que los gremios calculan en 60% y en los últimos años también se redujo el personal de laboratorio.
La gravedad de la situación en materia sanitaria, que amenaza con agudizarse, necesita del concurso de toda la sociedad venezolana para revertirla.
(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
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