Se inicia el 2015 con una situación preocupante de desabastecimiento y alto costo de la vida. El último reporte del Banco Central de Venezuela aseguró que, para el mes de noviembre 2014, la inflación anualizada superaba el 60%.
La dolarización de la economía del país y la absoluta dependencia de la importación de buena parte de lo que se consume, por un lado, y la disminución de los ingresos nacionales por la venta de petróleo, complican la de por sí crítica situación de la nación.
Frente a esta realidad, los mensajes gubernamentales son contradictorios. El propio primer mandatario anuncia la implementación de una serie de políticas económicas que no terminan ni de informarse ni de concretarse, lo cual aumenta la incertidumbre y la sensación de naufragio.
El tren ejecutivo realiza la realización de una gira para conseguir oxígenos financieros, por varios países, pero incorporando para ello una abultada comitiva, con una generosa cuenta de gastos, que no corresponde con la época de vacas flacas que estamos transitando en el país.
Para aumentar el desconcierto, los principales voceros gubernamentales, a través del sistema nacional de medios, persisten en negar lo que es una realidad a la vista. Cuando esto se escribe una docena de personas habían sido detenidas en Caracas por realizar una manifestación pacífica frente a las colas, lo cual aumenta la temperatura de unos días que, en épocas normales deberían ser templados por los vientos fríos de comienzos de año.
La crisis económica y la dolarización de la economía han colocado en grave riesgo el disfrute del derecho a la alimentación y la salud. El gobierno, en vez de culpar a otros de lo que pasa, debería reconocer que hay problemas profundos entre nosotros y, con humildad, convocar a todos los sectores para superarlos.
Al asegurar que todo se encuentra en normalidad por los medios a su disposición, lo que hace es aumentar el nerviosismo y los rumores. Ninguna persona de buena voluntad desea un estallido social, de consecuencias imprevisibles, y del cual salgamos perdiendo todos.
En segundo lugar, las autoridades deben comprender que la crisis desencadena protestas para la demanda de respuestas y soluciones. El ejercicio al derecho a la manifestación pacífica debe respetarse y garantizarse. Si se detienen personas por levantar una pancarta o tomar fotografías se está intentando apagar el fuego con gasolina. Cuando se prohíbe, por la vía de los hechos, las protestas pacíficas se está obligando a que la indignación se exprese mediante mecanismos violentos. Las demandas populares deben ser escuchadas y respondidas, no reprimidas.
Luego, el Ejecutivo debe explicar cuáles son las políticas a implementar en materia económica en el país, un programa que contemple medidas para el corto, mediano y largo plazo, con decisiones que minimicen de manera inmediata el desabastecimiento pero que contemplen, en un segundo paso, activar los sectores productivos para revertir en algún momento la dependencia de las importaciones.
En este aspecto, se deben transparentar los recientes acuerdos financieros con China y los otros países, pues ante la opacidad existe la duda razonable que se repita la violación a derechos laborales que caracterizan el modelo de productividad corporativo-estatal chino. ¿Ese es el modelo mediante el que se buscan nuevos capitales para superar la crisis entre nosotros? Para cualquier sindicalista medianamente informado escuchar la palabra “zonas económicas especiales” le origina escalofríos.
Este trio de sencillas exigencias: transparencia, políticas de consenso y respeto a la protesta popular en la calle, podrían ayudar a disminuir tensiones, en un año signado por lo electoral.
La primera debe complementarse con el debido acceso a la información pública de interés. Según la Constitución en los primeros sesenta días del año deben presentarse los informes de gestión de los diferentes ministerios en la Asamblea Nacional. Esos datos pudieran ayudar a realizar una radiografía de la situación, diagnosticando los sectores más vulnerables para aplicar los correctivos necesarios.
El diálogo sincero que tanto necesita el país tiene un marco de referencia: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Los derechos allí consagrados, los principios y mecanismos allí establecidos, han venido siendo ignorados olímpicamente por las autoridades del ejecutivo de Nicolás Maduro. Es tanto el desconocimiento que desde Provea afirmamos que la CRBV es la principal herramienta de contención, con la que cuentan venezolanos y venezolanas, para enfrentar el desvió autoritario del gobierno actual.
Por esta razón insistiremos en la necesidad de apropiarse de la CRBV y exigir la vigencia de los derechos allí expresados, fruto no de la bondad de un primer mandatario sino de la lucha, por muchos años, de los movimientos populares en el país. La CRBV es clave para comenzar a hablar, en códigos que unan a sectores del actual oficialismo y oposición en salidas democráticas a la crisis.
(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
coordinació[email protected]
@fanzinero
